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Santiago. Que la educación necesita una reforma profunda para erradicar la desigualdad no se cuestiona en Chile. El gran escollo es cómo lograrlo, ante temores de padres, quejas de estudiantes y profesores y la presión de partidos políticos que critican la estrategia de Michelle Bachelet.
Del ímpetu inicial de la presidenta Michelle Bachelet con su propuesta para responder a tres años de protestas estudiantiles, la discusión se ha encallado en los mecanismos técnicos y las prioridades. El respaldo a la reforma cayó de un 58% a un 49%, según una encuesta reciente.
“No hubo una explicación de lo que iba a suceder. La gente tiene información parcial. Es tremendamente complejo y no hay una visión general de los cambios y sus implicancias”, explica Marta Lagos, directora del Latinobarómetro.
Conlleva tantos cambios que requiere, según el ministro de Educación, un centenar de leyes y normas para llevarla a cabo, y a su juicio, está siendo malinterpretada con el fin de crear incertidumbre.
Miedos de los padres
El gobierno ha optado por comenzar su reforma con las escuelas subvencionadas, que reúnen al 54% de los alumnos: propone el fin del copago de las familias, el lucro de parte de los empresarios educativos y la selección escolar, que a su juicio segrega por origen socioeconómico.
El proyecto las obligará a convertirse en fundaciones sin fines de lucro. Si se niegan, el Estado se ofrece a comprarles su infraestructura y asumir su gestión, o también les da opción de convertirse en colegios privados.
La oposición y parte del oficialismo critican que el gobierno pretenda invertir los recursos en comprar inmuebles en lugar de inyectarlos en mejorar la educación pública de forma inmediata.
Algunos grupos de padres temen que la reforma conlleve el cierre de sus colegios subvencionados o un alza mayor del precio de las matrículas si se convierten en privados.
También les preocupa que los mecanismos para evitar la selección -con los que el gobierno quiere evitar la discriminación-, les impidan escoger el colegio de sus hijos o bajen el nivel de su enseñanza.
La derecha, que tras su derrota electoral no ha logrado coordinarse como oposición, está apostando por apoyar a estos grupos de padres, y este fin de semana, la ultraderechista Unión Democrática Independiente (UDI) pidió al gobierno que retire sus proyectos de ley del Congreso hasta lograr “un gran acuerdo en materia de educación”.
El ministro Nicolás Eyzaguirre es enfático con las familias, a las que ha asegurado que “nada tienen que temer”, y ha pedido en reiteradas ocasiones paciencia y diálogo.
Más participación
El movimiento estudiantil, que logró posicionar la educación en el debate nacional, mantiene sus marchas contra la reforma porque desconfía de ella y la considera insuficiente.
Junto a los profesores, los estudiantes piden que se priorice la educación pública frente a la subvencionada, y reclaman más participación en el diseño de la reforma.
“Hemos vivido un sistema muy elitista, en el que las discusiones se dan a nivel de expertos y la gente no entiende nada”, dice Lagos. “El país está queriendo ser considerado de manera más concreta” en la discusión, agrega.
Mientras, las primeras leyes continúan su proceso de debate parlamentario, y falta aún conocer los cambios en la carrera docente y abordar la reforma de la educación universitaria, la más cara de la región.
“Los objetivos hay que mantenerlos, el camino hay que revisarlo, porque la vida demostró que el camino tiene imperfecciones, y yo creo que hay que hacer correcciones”, dijo sobre la tramitación de la reforma educativa el senador oficialista Carlos Montes.
Analizan plan de participación ciudadana
Santiago. Los dirigentes de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) analizaron en la Universidad Católica de Valparaíso la propuesta de participación ciudadana del Ministerio de Educación, que busca incluir a todos los actores en la discusión de la reforma educativa.
Tras las críticas de los estudiantes al lanzamiento del Plan de Participación Ciudadana, por no ser considerado un espacio resolutivo ni participativo, la cartera propuso a la Confech iniciar un nuevo encuentro para el próximo 21 de julio, con el fin de analizar el plan e incluir en él a todos los actores dentro del ámbito educacional.
“Queremos que el ministerio también exponga sus propuestas, para que nos puedan demostrar que ha habido un trabajo técnico, no sólo que vayan a escucharnos, sino que nosotros también podamos recoger lo que ellos dicen”, señaló Ángel Delgado, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Austral.
Por otro lado, Delgado sostuvo que pidieron al Ministerio de Educación “no legislar mientras estemos discutiendo el Plan de Participación”, en materia de educación superior, solicitud a la que la dependencia habría accedido.
“La disposición que tiene hoy el Gobierno, y sobre todo sus asesores, es porque entienden que ninguna reforma puede pasar por fuera del movimiento social, ellos lo saben porque son ex dirigentes estudiantiles”, indicó.
