Donald Trump se está empezando a dar cuenta de que en la Casa Blanca tiene que cuidarse de lo que dice. La retórica del nuevo presidente, así como las palabras de sus asesores y de sus allegados, fueron el principal sustento de las decisiones de dos jueces que por separado bloquearon su polémica restricción del ingreso de inmigrantes y refugiados esta semana. Y sus tuits afirmando que su predecesor Barack Obama había interceptado sus conversaciones en su rascacielos neoyorquino han generado una reacción inusualmente unánime en el Capitolio: nadie ve evidencia alguna que sustente la acusación de Trump.
La negativa reacción en el ámbito legal y el legislativo ha causado frustración e irritación en la Casa Blanca. Trump afirmó que los tribunales se estaban “extralimitando” en sus funciones de una manera “sin precedentes”. Su portavoz Sean Spicer, por su parte, declaró que el presidente reiteraba su acusación de que le habían interceptado sus comunicaciones a pesar de que tiene pocos aliados en este tema y de que no ha suministrado prueba alguna.
No es la primera vez que Trump debe responder por algo que ha dicho.
Como cabeza de una empresa de bienes raíces y como estrella de reality TV, siempre hizo afirmaciones exageradas y trató de llamar la atención. Pulió ese estilo a lo largo de décadas en las que lidió con los tabloides de Nueva York y frustró a sus rivales durante la campaña presidencial. Cada afirmación suya debió ser corroborada. Sus asesores recomendaron a sus votantes y a la prensa que lo tomasen en serio, aunque no literalmente.
Esa, sin embargo, no es una opción para el presidente de Estados Unidos. Su palabras pueden afectar los mercados financieros, tranquilizar o preocupar a los aliados, calmar u molestar a sus opositores, fijar la dirección de una política y, como pudo comprobar Trump esta semana, tener importantes implicaciones legales.
Jueces de Hawai y de Maryland se basaron en declaraciones de Trump, e incluso en comunicados de su campaña, al decidir bloquear su decreto prohibiendo temporalmente el ingreso de personas de seis países predominantemente musulmanes. El decreto era una versión revisada de otra orden ejecutiva previa que también había sido bloqueada por jueces en enero.
Si bien la Casa Blanca insiste en que la orden no es un veto a los musulmanes, los jueces hicieron notar que en la campaña presidencial Trump habló de prohibir temporalmente el ingreso de todos los musulmanes a Estados Unidos.
