Discreto y determinado, el juez José Castro se forjó una imagen de trabajador infatigable, pero también fue blanco de duras críticas como artífice de una investigación que podría sentar a la hermana del rey de España en el banquillo de los acusados.
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Discreto y determinado, el juez José Castro se forjó una imagen de trabajador infatigable, pero también fue blanco de duras críticas como artífice de una investigación que podría sentar a la hermana del rey de España en el banquillo de los acusados.
A sus 68 años, Castro es conocido por su lenguaje directo, que aplica por igual a los pequeños delincuentes que pasan por su juzgado de instrucción, en Palma de Mallorca, como a sus “imputados” más famosos.
Veterano de la judicatura, no dudó en aplicar su habitual ironía a su más ilustre imputada: la infanta Cristina, de 49 años, primer miembro de la familia real imputado por la Justicia.
Habrían bastado unos folios, pero en enero dedicó 227 páginas a fundamentar sus sospechas de fraude fiscal y blanqueo. Y ayer retomó buena parte de su argumentación para ironizar sobre la difícil justificación de algunas facturas atribuidas a la sociedad Aizoon, propiedad al 50% de la infanta y su esposo, Iñaki Urdangarin, de 46 años. Castro sospecha que este último, medallista olímpico de balonmano, pudo haber desviado, junto a un ex socio, más de seis millones de euros de dinero público.
El juez señaló en su auto que los delitos fiscales que imputa a Urdangarin “difícilmente se podían haber cometido sin, cuando menos, el conocimiento y aquiescencia de su esposa”.
Nacido en Córdoba, en el sur de España, el 20 de diciembre de 1945, José Castro se incorporó cuarenta años más tarde a los juzgados de Palma, donde en 1990 se hizo cargo del juzgado de instrucción número tres.
