El 29 de marzo pasado, el Congreso sancionó la Ley Nacional N° 27.350, que autoriza el uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados. Entre otros aspectos, prevé la creación de un registro de pacientes que requieran de este tratamiento como así también la investigación y producción del medicamento en el país, garantizando el acceso gratuito a quienes lo requieran.
Seis meses después, ayer se publicó en el Boletín Oficial el decreto N°738 que pone en marcha en el país el “Programa nacional para el estudio y la investigación del uso medicinal de la planta de cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales”.
El documento establece que que el Estado sea capaz de producir el medicamento para así garantizar su gratuidad a los pacientes que lo requieran por prescripción médica.
Para esto, se propone que sean Conicet y el INTA los organismo encargados de cultivar cannabis “con fines de investigación médica o científica para la elaboración de la sustancia que como medicamento sirva para proveer a quienes estuvieren incorporados al Programa”, según versa el decreto en su artículo N°6. En tanto que el Ministerio de Seguridad deberá establecer las condiciones de habilitación, un aspecto que no estaba contemplado en la Ley.
Una vez que se avance en materia de investigación, cultivo y producción de la medicina -un proceso que llevará tiempo-, los pacientes inscriptos en el programa deberán contar con la prescripción médica necesaria.
Una de las objeciones que a nivel nacional han manifestado algunas entidades que abogan por el autocultivo de la planta como paliativo de una enfermedad es que la reglamentación les veda a los particulares la producción del aceite específico que requieren sus seres queridos. En estos casos, uno de los usos más necesitados tiene que ver con el tratamiento de la epilepsia refractaria.
Ana García Nicora, fundadora de Cannabis Medicinal Argentina, dijo a Los Andes que la reglamentación es un primer paso, aunque en ella no se contempla el autocultivo. “El hecho de que se garantice que sea preparado con seguridad sin contaminación microbiológica y con los porcentajes de componentes necesarios para cada paciente es un avance”, valoró.
Por su parte, Ximena Hocevar, integrante de Mamá Cultiva Mendoza, detalló que en realidad la reglamentación emitida ayer es parcial respecto de la Ley y deja muchos aspectos fuera. “De nuevo se ha obviado el autocultivo, sólo se habla de la importación del aceite de una marca en particular, que no le sirve a todos. Se han ignorado todos los pedidos que hemos hecho”, se quejó aunque reconoció como un avance que se dé marcha a la investigación en el tema.
La defensa que desde la entidad llevan adelante respecto del cultivo hogareño de la planta y la producción del aceite derivado de ella reside, ante todo, en que las crisis epilépticas de tipo refractario -tomando sólo esta patología como ejemplo- son específicas y únicas en cada paciente, por lo cual la evolución y respuesta ante el tratamiento con cannabis depende de cada caso. De hecho, las variedades, porcentaje de componentes combinados y demás derivados de la planta son específicos para cada paciente.
Si bien la Ley Nacional establece que cada provincia debe manifestar su adhesión, hay que decir que Mendoza tiene su propia norma desde febrero de este año. Aquí, su aplicación efectiva aún es una deuda pendiente, aunque las autoridades de Salud destacan que en breve se avanzará con el registro de pacientes a los que se les garantizará el aceite importado.
El subsecretario de Salud, Oscar Sagas, dijo que ya está armado el protocolo para que Mendoza importe el medicamento y lo administre a los pacientes que tengan la indicación médica específica por parte del neurólogo a cargo. Sagas agregó que no descartan abrir una línea de investigación en la provincia y aclaró que no está autorizado el cultivo hogareño de la planta.