24 de enero de 2014 - 00:52

Una ejecución violó acuerdos globales

El mexicano Edgar Tamayo -en 1994 mató a un policía- recibió la inyección letal en Huntsville. México, el propio gobierno de EEUU, la Unión Europea y varias ONG criticaron el hecho, ya que el reo no recibió asistencia consular, lo que transgrede la Conven

El mexicano Edgar Tamayo Arias, de 46 años, fue ejecutado en la noche del miércoles mediante inyección letal en una prisión del estado estadounidense de Texas.

Tamayo, condenado por la muerte de un policía en 1994, fue declarado muerto a las 21.32 hora local (0.32 de Argentina), informó un vocero del sistema penitenciario en Huntsville, en Texas, donde se practicó la ejecución.

Casi simultáneamente, el gobierno mexicano emitió una nota oficial lamentando en enérgicos términos la ejecución de su connacional.

En el comunicado se afirma que la ejecución de Tamayo “viola la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y contraviene el fallo de la Corte Internacional de Justicia dictado en el Caso Avena (2004). El Gobierno de México hace un llamado para que se tomen acciones efectivas y evite que se ejecuten otras condenas en desacato del fallo Avena que dañen el régimen de asistencia y protección consular acordado entre los países”.

El caso de Tamayo provocó una verdadera lluvia de llamados e intervenciones diplomáticas y judiciales para tratar de suspender la ejecución. Los abogados alegan que al momento de su detención luego de asesinar al policía Guy Gaddis en Dallas, Texas, Tamayo casi no hablaba inglés y no fue autorizado a comunicarse con el consulado mexicano.

El caso de Tamayo era uno de los 51 que la Corte Internacional de Justicia, en un fallo conocido como “caso Avena”, pidió a EEUU que fuese sometido a revisión, ante evidencias de que sus derechos consulares fueron violados de acuerdo a los principios de la Convención de Viena.

La Convención de 1963, ratificada por 175 países incluido EEUU, prevé que todo extranjero debe recibir asistencia de sus representantes consulares tras ser informado de sus derechos.

En el estado de Morelos (centro de México), de donde es originario Tamayo, sus familiares y vecinos formaron una cadena de oración durante la tarde del miércoles, que fue rota entre llantos cuando fue notificada su ejecución.

Los grupos habían iniciado sus oraciones en la tarde en espera de un aplazamiento de la sentencia.

Una media hora antes de la ejecución, la Suprema Corte de Estados Unidos había negado tres recursos de apelación presentados a última hora por los abogados de Tamayo, y con ello se cerraron todas las posibilidades de que el caso fuera revisado.

Otros dos mexicanos cuyos casos habían sido contemplados por la Corte Internacional ya fueron ejecutados en prisiones estadounidenses.

Tamayo es el tercero de la lista de condenados contemplados en el “Caso Avena” en ser sometido a la pena de muerte, y un cuarto, Ramiro Hernández, deberá ser ejecutado en Texas el 9 de abril.

A fines de 2013, al fijarse la fecha para ejecución de la sentencia de muerte, el Secretario de Estado, John Kerry, había escrito una carta personal al gobernador de Texas, Rick Perry, para pedir la revisión del caso de Tamayo.

En la carta, Kerry explicaba que Estados Unidos tenía el compromiso de respetar los acuerdos internacionales de que era signatario, como el de la Convención de Viena, y añadió que la ejecución podría afectar la seguridad de ciudadanos estadounidenses en el exterior.

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