La política de estatización compulsiva de empresas (expropiación) que caracterizó a la era kirchnerista continúa repercutiendo en nuestro país con fallos del exterior favorables a los adquirentes de las respectivas demandas, conocidos como fondos especulativos o directamente “buitres”.
Recientemente, una jueza de la Cámara de Apelaciones del Distrito Columbia, en Estados Unidos, autorizó a un fondo de inversión a iniciar la solicitud de embargo por una cifra que llega a los 391 millones de dólares. Consideró la magistrada que ya transcurrió “un plazo razonable” desde la emisión de la sentencia en favor de Titan Consortium, dictada en diciembre de 2024.
El origen de la causa fue la estatización de la empresa Aerolíneas Argentinas que realizó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en el año 2008. La compañía se encontraba en aquel momento en manos del Grupo Marsans. El gobierno argentino, que esperaba el reciente fallo, buscará ahora atemperar el impacto de la acción judicial.
Una vez más las disposiciones que tomó el kirchnerismo con el fin de recuperar empresas que había privatizado el gobierno de Carlos Menem resultaron perjudiciales para las cuentas de nuestro país, ya que se trató, como en el caso de YPF, de virtuales expropiaciones.
La recuperación de Aerolíneas Argentinas fue muy mal encarada. En aquel momento el Estado absorbió un pasivo millonario de una empresa que se encontraba al borde de la quiebra y optó por una expropiación directa, en lugar de recurrir a vías legales preventivas. Una irregularidad jurídica con lógicas consecuencias en el plano financiero.
Como se ha señalado desde este espacio oportunamente, la reestatización de la empresa aérea de bandera se utilizó como una suerte de golpe de efecto político en nombre de la soberanía nacional. Esto llevó con el tiempo a transformar a Aerolíneas Argentinas en una estructura deficitaria sostenida por el gasto público. Al frente se priorizó la militancia política sobre la capacidad de gestión.
A esa politización se le debe agregar la rigidez corporativa que mostraron los gremios aeronáuticos vinculados con la aerolínea, con medidas de corte sindical que siempre concluyeron perjudicando a los usuarios.
Ya con la actual conducción nacional la empresa aérea comenzó a mostrar una clara exigencia de sustentabilidad económica, en línea con una transformación profunda luego de tantos años de vuelco a un criterio político dominante.
Aerolíneas Argentinas viene demostrando la viabilidad de la reducción de subsidios por parte del Estado y la concreción de balances positivos sin resentir la confiabilidad en el servicio que brinda la compañía.
Al cierre del balance de 2025, el resultado neto positivo fue de 238.000 millones de pesos, pudiéndose demostrar de esa forma que la compañía dejó de ser una carga económica más financiada por los contribuyentes argentinos.