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Un grupo de alrededor de 500 usuarios de la Cooperativa Eléctrica Alto Verde y Algarrobo Grande Limitada (de San Martín y Junín) estafaron a la entidad, pagando sólo parte de las boletas de electricidad. Se sumaron a un esquema que les permitía abonar un porcentaje, pero que figurara que habían cancelado el total. La distribuidora hizo la denuncia en Fiscalía y comenzó a investigar los pagos falsos, para cobrarles el total e iniciar acciones contra los evasores.
El presidente de la cooperativa, José Álvarez, comentó que todo habría comenzado en enero de 2024, cuando una o más personas, delincuentes cibernéticos, empezaron a ofrecer a habitantes de San Martín si querían abonar sólo parte de sus boletas de la electricidad.
Para esto, utilizaron tarjetas de terceros, que al menos en ciertos casos también fueron estafados -algunos plásticos son de Buenos Aires y de Santa Fe-, y realizaban efectivamente un pago, pero sólo por un porcentaje del total. Así, si el monto facturado era de $400 mil bimestrales (en dos pagos mensuales), se les cobraba una parte de la primera factura mensual y en el sistema de la distribuidora figuraba cancelado el importe de los dos meses.
Álvarez detalla que le ha ido llegando información de cómo operaban, pero que han iniciado una investigación interna para identificar todas las operaciones que resulten dudosas. Y que, cuando descubran quiénes son los usuarios que se sumaron a la estafa, les harán pagar la diferencia, más los intereses, y realizarán la denuncia penal individual.
Agregó, alarmado, que, si bien los delincuentes empezaron a hacer ofrecimientos en forma individual de este esquema para pagar menos, después se organizaron reuniones colectivas en Tres Porteñas y en Chapanay, cuando vieron que el sistema funcionaba, porque no había habido cortes de luz por falta de pago.
Ya han identificado un correo electrónico desde el que se pagaba a 500 usuarios, con distintas tarjetas. También descubrieron que la estafa empezó en enero y usaban una tarjeta por un par de meses y luego cambiaban a otra. Calculan, de manera preliminar, que han dejado de cobrar unos $60 millones.
El titular de la cooperativa explicó que la semana pasada tuvieron una reunión con la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, para evaluar el trabajo que se viene realizando para frenar los robos de cobre, con resultados favorables, y que, al terminar el encuentro, le comentaron lo que les había sucedido, por lo que los conectó con el encargado de delitos cibernéticos. El lunes, además, Álvarez radicó la denuncia en Fiscalía y le informó también a la presidente del EPRE (Ente Provincial Regulador Eléctrico), Andrea Molina.
“He recibido llamados de mucha gente enojada que me dice ‘cómo puede ser que le esté pagando la factura a gente que no conozco’”, planteó el directivo. Pero sumó que también hay enojo en la comunidad, porque hay quienes hacen un esfuerzo por pagar su boleta y otros optaron por esto. De ahí que decidieron no sólo cobrarles lo que falta, más intereses, sino denunciarlos en la Justicia.