El Gobierno nacional y de Mendoza informaron sobre el estado de la remediación en Sierra Pintada, el yacimiento de uranio de San Rafael, mientras continúan las obras para tratar agua de cantera y residuos sólidos.
La comisión auditora de la FCAI aseguró que los monitoreos ambientales realizados desde 2019 se mantienen dentro de los parámetros establecidos.
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Melisa Sbrocco La remediación ambiental de Sierra Pintada, San Rafael, continúa con la ejecución de obras destinadas a tratar el agua de cantera, recuperar uranio presente en residuos sólidos y avanzar sobre pasivos ambientales generados durante décadas de actividad minera.
La primera etapa del proyecto, impulsada por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), incluye infraestructura específica para disminuir la concentración de uranio, radio y arsénico y gestionar esos materiales bajo estrictos criterios de protección ambiental.
Los Andes fue invitado a una rueda de prensa donde nos mostraron las instalaciones, en la recorrida por el establecimiento participaron funcionarios nacionales y provinciales junto con representantes de organismos técnicos encargados de la fiscalización. Durante la visita defendieron el estado de avance de la remediación, detallaron las inversiones realizadas y explicaron cómo se llevan adelante los controles ambientales y las auditorías sobre el complejo.
El plan diseñado por la CNEA contempla como prioridad el tratamiento del agua acumulada en las canteras, cuya composición cambia naturalmente al entrar en contacto con sectores mineralizados, y la gestión de residuos sólidos que contienen uranio. Para ello se proyectaron instalaciones específicas que permitirán recuperar materiales y reducir la presencia de elementos como radio y arsénico antes de su disposición final o reutilización.
Dentro de las obras ya ejecutadas se encuentra la construcción del dique de disposición final, equipado con un sistema de múltiples barreras para garantizar el aislamiento seguro de los efluentes generados durante el proceso. Ese dique fue sometido a pruebas hidráulicas destinadas a verificar su estanqueidad y capacidad operativa antes de entrar en funcionamiento.
El proyecto también avanzó con la instalación de 2,6 kilómetros de cañerías de polietileno de alta densidad (HDPE) para transportar el agua entre las canteras y la planta de tratamiento. A eso se suma la impermeabilización de las primeras cisternas mediante un sistema de doble membrana con captación de posibles filtraciones y la incorporación de un Dispositivo de Apertura de Tambores (DAST) para manipular residuos sólidos en condiciones de seguridad.
Otra de las intervenciones consideradas estratégicas es la construcción de los diques destinados al tratamiento de radio y arsénico, además de la futura planta específica para completar ese proceso. Una vez que el agua de cantera supere los controles de calidad previstos, podrá destinarse al sistema de riego del Área de Cultivos Restringidos Especiales (ACRE), donde previamente también se construyeron pozos de monitoreo.
El secretario de Asuntos Nucleares del Ministerio de Economía de la Nación, Federico Ramos Nápoli, destacó que el proyecto ya se encuentra en ejecución y afirmó que “la remediación ya comenzó”, luego de que la Declaración de Impacto Ambiental habilitara formalmente ese proceso en 2019.
El funcionario señaló que durante los últimos años se desarrolló infraestructura para atender pasivos ambientales históricos de más de tres décadas y sostuvo que desde la creación de la Secretaría de Asuntos Nucleares una de las prioridades fue fortalecer el trabajo conjunto con Mendoza. En ese sentido, indicó que “tomamos contacto con las autoridades de la provincia desde el inicio de la gestión para identificar cualquier brecha documental o administrativa que existiese y la solucionamos”.
Entre los avances recientes mencionó la impermeabilización del vaso 4 y la construcción de la planta destinada al tratamiento de radio y arsénico. “La planta está en plena construcción, con lo cual la remediación está en marcha”, afirmó, al explicar que algunas obras concluirán en los próximos meses mientras otras continuarán durante el año siguiente.
Ramos Nápoli también describió cómo se distribuyen las tareas técnicas del proyecto. Según explicó, por un lado se trabaja sobre las colas minerales, por otro sobre el agua de cantera y, además, sobre residuos provenientes de antiguos procesos industriales. En ese marco precisó que “esos residuos tienen que ser tratados porque albergan unas 14 toneladas de uranio que deben recuperarse”.
Consultado por una eventual reactivación productiva, sostuvo que “la producción y la remediación son tareas que perfectamente pueden coexistir” y agregó que “técnicamente no hay ninguna objeción para que vayan en paralelo”, siempre dentro del marco regulatorio correspondiente y con los controles exigidos por las autoridades competentes.
La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, remarcó que la visita al establecimiento tuvo como finalidad verificar el estado de situación del proceso de remediación junto con representantes de Nación, de la CNEA y de la comisión auditora independiente.
En ese contexto, cuestionó las versiones que sostienen que el complejo estuvo inactivo y aseguró que “escuchar hablar de que esto es una planta abandonada, una mina abandonada o que no hay actividades de remediación no solo es faltar a la verdad”. Además, destacó el trabajo sostenido de los profesionales que continuaron desempeñándose en el lugar para preservar la seguridad operativa y ambiental.
La funcionaria explicó que la coordinación entre Provincia y Nación busca recuperar el ritmo previsto para las obras luego de un período en el que las inversiones resultaron insuficientes. Según expresó, “entre 2019 y 2023 hubo una ralentización de las actividades por falta de presupuesto y de articulación entre las autoridades”, aunque aclaró que las tareas de control y seguimiento nunca dejaron de realizarse.
Latorre recordó además que la paralización de la producción en 1997 obedeció a razones económicas vinculadas al precio internacional del uranio y no a un incidente ambiental. En su análisis, el escenario internacional actual presenta nuevas oportunidades para el desarrollo del recurso, aunque insistió en que “la piedra angular es concretar los hitos de remediación y evaluar qué posibilidades hay para producir en el futuro, siempre que estén dadas las garantías de sostenibilidad ambiental”.
También explicó que la Comisión Nacional de Energía Atómica mantiene la titularidad de los derechos mineros sobre el establecimiento, mientras que la Provincia conserva el dominio originario de los recursos naturales y ejerce funciones de control y fiscalización sobre el cumplimiento de las normas ambientales.
La integrante de la comisión auditora de la Facultad de Ciencias Aplicadas de la Industria (FCAI), Laura Lucero, detalló que el seguimiento independiente del proyecto comenzó en 2019 y se mantiene con visitas periódicas al complejo. “Hacemos monitoreos casi cada 15 o 20 días y elaboramos informes bimestrales o trimestrales que luego son elevados a la Unidad de Evaluaciones Ambientales, a Minería y a la CNEA”, explicó.
La profesional señaló que la auditoría incluye análisis propios desarrollados en los laboratorios de la facultad y en laboratorios externos. Sobre los resultados obtenidos hasta el momento, aseguró que “no hemos tenido ningún valor fuera de los parámetros normales”, incluso en los controles vinculados a la calidad del agua.
Lucero indicó que durante las fuertes tormentas registradas el último verano también se realizaron seguimientos específicos en coordinación con el personal del complejo y otros organismos. En ese sentido, sostuvo que “se trabajó de una forma muy profesional y todos los valores dieron dentro de los parámetros normales”.
Respecto de la percepción social sobre el proyecto, reconoció que el término uranio suele generar inquietud en parte de la población. Sin embargo, explicó que existen múltiples mecanismos de prevención y control y afirmó que “para que exista un problema serio tendrían que fallar los controles adecuados”, al mencionar los sistemas de bombeo, los diques de contención y los dispositivos de monitoreo permanente.
Entre las variables ambientales verificadas de forma periódica figuran mediciones de material particulado, radio, arsénico, uranio, pH y conductividad del agua, además de controles sobre el suelo y sobre los reservorios y cursos hídricos ubicados en los alrededores del establecimiento.
