La Justicia penal de Mendoza investiga al reconocido profesional y exgerente general por maniobras ilegales que habrían perjudicado el patrimonio de la firma. El caso reaviva los antecedentes del emblemático Caso Gauchezco.
Investigan presunta administración fraudulenta en Bodega Monteviejo
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El enólogo Marcelo Pelleriti junto a Miguel Bautista Priore
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Un nuevo conflicto empresarial sacude al sector vitivinícola. Bodega Monteviejo, una firma de capitales extranjeros ubicada en el Valle de Uco, denunció haber sido víctima de una serie de maniobras presuntamente ilícitas atribuidas a personas que ocupaban posiciones estratégicas dentro de su estructura organizativa: entre ellas, su enólogo Marcelo Pelleriti.
Pelleriti, un profesional galardonado y de amplia trayectoria internacional, fue imputado por la Justicia penal por el delito de administración fraudulenta (artículo 173, inciso 7, del Código Penal).
La medida fue dispuesta bajo el grado de convicción previsto en el artículo 271 del Código Procesal Penal, en el marco de una investigación que instruye el fiscal Juan Ticheli y que busca determinar el alcance de las operaciones efectuadas durante el período en que ejerció funciones dentro de la compañía.
El expediente presenta un matiz de particular gravedad. Pelleriti no solo se desempeñaba como Jefe de Enología, sino que ejercía simultáneamente el cargo de Gerente General. A su vez, el resto de las personas investigadas tampoco eran terceros ajenos a la firma, sino profesionales que, por sus funciones, gozaban de acceso a información confidencial, relaciones comerciales, manejo de fondos y aspectos centrales del funcionamiento del negocio.
Según surge de la denuncia que dio origen a la causa, Monteviejo sostiene que dicha posición de máxima confianza habría sido utilizada para perjudicar los intereses económicos de la firma mediante distintas operaciones actualmente bajo análisis judicial.
Este escenario evoca inmediatamente el denominado Caso Gauchezco, en el cual la justicia provincial condenó al enólogo y al gerente comercial de una firma de capitales extranjeros a afrontar un cuantioso resarcimiento por los daños producidos en el ejercicio de sus funciones. El proceso actual guarda marcadas similitudes, exponiendo nuevamente cómo empresas de capitales extranjeros que invierten en Mendoza habrían sido objeto de maniobras abusivas por parte de profesionales contratados localmente para su conducción.
Las irregularidades denunciadas se tramitan hoy en dos frentes judiciales distintos —uno penal y otro civil— los cuales, según la bodega, describen un mismo esquema desplegado en dos direcciones: hacia afuera de la empresa (a través de la exportación) y hacia adentro. En el fuero civil, Monteviejo reclama el cobro del producido de operaciones de exportación realizadas por cuenta y orden no canceladas. Por su parte, en el frente penal, la investigación de la fiscalía se concentra fundamentalmente en dos operatorias fraudulentas:
Sobre estas bases se formuló la imputación por administración fraudulenta, figura que reprime a quien, teniendo a su cargo el manejo o la administración de bienes ajenos, viola sus deberes para procurar un lucro indebido o causar daño al titular. Todas las operaciones denunciadas comparten el mismo entorno de personas y sociedades, el mismo origen —recursos de la propia bodega: vino producido con uvas de sus fincas, en sus instalaciones, con su financiamiento y dinero— y el mismo resultado: el activo salió de la empresa sin que la contraprestación correspondiente volviera.
Sea por exportaciones no liquidadas, ventas canceladas por notas de crédito o un préstamo no devuelto ni reclamado, las operaciones se decidieron en la propia conducción de la compañía.
