Así lo confirmó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El Ejecutivo busca ofrecer garantías para que quienes posean fondos fuera del sistema formal los integren sin temor a ser penalizados.
Plan dólar colchón: avanza el Gobierno nacional.
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El Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional un conjunto de proyectos con los que intenta dar sustento legal al plan que promueve el uso de dólares no declarados, conocidos popularmente como “dólares colchón”. Así lo confirmó este jueves el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
La idea, que contiene cambios en la Ley Penal Económica, es ofrecer garantías a quienes posean fondos fuera del sistema formal, para que los integren sin temor a ser penalizados. El Gobierno de Milei busca facilitar la circulación de dinero que hoy permanece fuera del circuito, evitando la emisión o cargas impositivas.
La legislación pretende reducir los plazos de prescripción de ciertos delitos, como herramienta para brindar garantías a los eventuales participantes del régimen. Ese plazo se reduciría a dos años con la idea de dar certeza durante el mandato de Javier Milei.
También modifica montos para el inicio de requerimientos fiscales y eventuales acciones legales.
El proyecto se enmarca dentro de la estrategia del Gobierno de incrementar la base monetaria sin emisión, apelando a recursos existentes en el país que hasta ahora no fueron incorporados al circuito económico formal.
El objetivo, según se desprende de las declaraciones del jefe de Gabinete, es que estos fondos contribuyan a estimular la inversión y el consumo, en lugar de mantenerse inmovilizados por temor a eventuales sanciones legales.
Francos evitó vincular esta iniciativa con intentos anteriores de regularización, aunque admitió que ahorrar en dólares fuera del sistema bancario responde a una conducta arraigada hace décadas en la sociedad argentina.
Mencionó como referencia temporal el período posterior al Rodrigazo (crisis económica de 1975). El enfoque del Gobierno es evitar mecanismos que impliquen nueva emisión monetaria o incremento de la presión impositiva.
Francos sostuvo que muchos de los ahorristas que recurrieron al mercado informal no tenían una intención delictiva y que actuaban motivados por la necesidad de proteger el valor de sus recursos frente a la inflación y la volatilidad cambiaria.
Por ese motivo, consideró razonable que el Estado habilite condiciones para que esos fondos puedan ser reutilizados sin riesgo de sanciones retroactivas.