Este miércoles, el Gobierno nacional aprobó un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por hasta US$1.500 millones destinado a fortalecer las cuentas fiscales de las provincias.
El crédito busca mejorar la eficiencia del gasto público y fortalecer la recaudación de impuestos provinciales. El primer desembolso será de US$750 millones y el programa contempla la participación de hasta 15 provincias.
El ministro de Economía, Luis Caputo, junto al presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn.
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Este miércoles, el Gobierno nacional aprobó un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por hasta US$1.500 millones destinado a fortalecer las cuentas fiscales de las provincias.
La medida quedó oficializada este miércoles mediante el decreto 1285, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
El organismo autorizó un primer desembolso de US$750 millones para financiar el Programa de Mejora de la Coordinación Fiscal Provincial, una iniciativa que apunta a mejorar la sostenibilidad de las cuentas públicas mediante una mayor eficiencia del gasto, una mejor administración del financiamiento y el fortalecimiento de la recaudación de ingresos propios.
La operación forma parte de una Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) por US$1.500 millones, aprobada por el directorio ejecutivo del BID en septiembre pasado para fortalecer la coordinación fiscal en Argentina.
El financiamiento tendrá un plazo de desembolso de cuatro años y deberá devolverse durante un período de 25 años, con un plazo de gracia de cinco años.
La tasa de interés estará basada en la SOFR, una tasa de referencia utilizada en operaciones financieras internacionales.
En septiembre, la representante del Grupo BID en Argentina, Viviana Alva Hart, había destacado: "Esta operación apoya directamente una de las prioridades clave de la Estrategia de País 2025-2028 del Grupo BID para Argentina: fortalecer la sostenibilidad fiscal y mejorar la eficiencia del gasto público", señaló.
El programa contempla la participación de hasta 15 provincias, que podrán recibir transferencias financieras vinculadas al cumplimiento de determinados resultados.
Entre las condiciones previstas, los gobiernos provinciales deberán reforzar los controles sobre los gastos en personal mediante sistemas centralizados de administración de nóminas y herramientas para detectar y reducir ineficiencias.
El programa también contempla acciones para reducir los déficits operativos de las empresas estatales y mejorar la supervisión de los sistemas de pago de pensiones.
Según indicó el BID: "En materia de ingresos, se espera que las provincias participantes modernicen los registros de contribuyentes para ampliar la base de los impuestos provinciales y sobre la propiedad. El programa promoverá una mayor transparencia fiscal mediante el apoyo al cumplimiento de los requisitos de información establecidos por el Tesoro Nacional".
