El presidente de la UIA analizó los principales desafíos de la industria: la presión fiscal, la competitividad y la logística.
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El ministro de Economía, Luis Caputo y el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja.
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Gentileza Tras varias idas y vueltas en la relación, esta semana la UIA recibió al ministro de Economía, Luis Caputo, en un encuentro clave para el sector productivo. Con un escenario económico en transformación y la necesidad de avanzar en la baja de la presión fiscal, y el Mini RIGI, los industriales plantearon su agenda.
En esta entrevista con Los Andes, el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja analizó los desafíos pendientes, la presión fiscal, los costos logísticos y laborales, y el impacto de la coyuntura internacional en la producción nacional.
-Lo primero que destacamos es el valor del diálogo. Creemos en la necesidad de reformas estructurales que Argentina no puede postergar, algo que ya habíamos plasmado en 2022 en el Libro Blanco de la UIA. Desde la Unión Industrial Argentina, con la participación de todas nuestras asociaciones y representantes del interior, como Mauricio Badaloni en Mendoza, desarrollamos un proyecto de política industrial donde el primer punto clave es la estabilidad macroeconómica.
Este año, se ha dado un primer paso importante en ese sentido, buscando romper el círculo vicioso de inflación y gasto público para generar previsibilidad. Luego, el siguiente desafío son las reformas estructurales: fiscal, logística, infraestructura, laboral, comercio exterior y financiamiento, entre otras, con una mirada que también contemple las necesidades de cada provincia.
En este proceso, creemos fundamental nivelar la cancha para la integración internacional. Nosotros no le tenemos miedo a la integración si las reglas de juego son claras. Uno de los principales desequilibrios que planteamos al gobierno, y que ellos reconocen, es el fiscal, que no solo es nacional, sino también provincial y municipal. La presión fiscal consolidada sobre el sector formal de la economía ronda el 52%, un nivel muy superior al de países desarrollados. Esto fomenta la informalidad, tanto económica como laboral, lo que representa un problema estructural.
Por eso, es clave avanzar hacia un esquema tributario sostenible para empresas de todos los tamaños, acompañado de simplificaciones administrativas. No puede ser que generar impuestos implique que un gerente o dueño de una pyme pierda el 50% de su tiempo lidiando con trámites. Es un proceso en marcha, pero es esencial que derive en un sistema más eficiente y equitativo.
-Cuando conversaron con Caputo, abordaron el tema de la competitividad...
-En nuestra Conferencia Industrial de noviembre, donde no estuvo el ministro pero sí su equipo económico—con Juan Pazo a la cabeza—dejamos claro nuestro mensaje: competitividad y productividad.
Pero la competitividad debe ser sistémica, no depende solo de un factor. No se soluciona únicamente con el tipo de cambio si los fundamentos de la economía no están ordenados. Cuando se logra estabilidad, se pueden reducir los costos que impactan la cadena productiva.
Un ejemplo claro es la logística. Nuestros puertos son mucho más caros que los de Valparaíso, Santos o Montevideo. Además, el 95% del transporte de carga en Argentina se realiza por camión y solo el 5% por ferrocarril. En países con extensiones geográficas similares, como Estados Unidos, al menos el 30% de la carga se mueve en tren. Eso genera una brecha de costos enorme, incluso en comparación con países vecinos.
También planteamos la distorsión que generan los impuestos nacionales, provinciales y municipales. Ingresos Brutos, por ejemplo, es un tributo en cascada que encarece la producción. Aunque nominalmente puede parecer bajo, en la práctica su impacto es mucho mayor. Un caso concreto que solíamos mencionar era el de una galletita: la tasa nominal era del 1,8%, pero terminaba representando casi un 9% del costo final.
A eso se suman las tasas municipales, que muchas veces no corresponden a servicios prestados, sino que se calculan sobre facturación, nómina salarial e incluso exportaciones. Hay municipios que han llegado a gravarlas, a pesar de ser inconstitucional. Pero el problema es que, mientras se litiga para demostrar la inconstitucionalidad, la empresa ya quedó fuera del mercado.
Otro punto crítico son los costos laborales no salariales, que también afectan la competitividad. Todos estos factores deben abordarse en conjunto si realmente queremos que la industria argentina pueda competir en igualdad de condiciones.
-¿Cómo se está avanzando con el Mini RIGI?
-Creemos que este proyecto necesita contemplar ciertos aspectos clave. Por ejemplo, la amortización acelerada, similar al régimen de inversiones RIGI, y la reducción del costo laboral a través de contribuciones patronales computables a cuenta del IVA. Cuando hablamos de esto, lo que buscamos es blanquear dos cosas fundamentales: el empleo y la producción.
Para el sector industrial transable, intensivo en mano de obra, esto es especialmente relevante en Argentina. Además, es fundamental considerar mecanismos como la compensación de débitos y créditos a cuenta del IVA y del Impuesto a las Ganancias, así como la devolución de saldos a favor acumulados en impuestos nacionales, el Impuesto PAIS y el reintegro de exportaciones.
Estos factores son clave para recomponer los equilibrios productivos. Sin embargo, no podemos perder de vista el plano provincial y municipal. Allí también hay mucho por hacer, porque las fábricas no tienen rueditas: una vez que se instalan en un lugar, dependen de las condiciones locales para sobrevivir o crecer.
-¿Cuánto les preocupa la devaluación en Brasil, considerando que Argentina tiene una fuerte integración regional y que gran parte de su producción industrial se destina a ese mercado?
-Sin duda nos preocupa. Las asimetrías que se generan con Brasil afectan la competitividad de nuestra industria. Brasil es nuestro principal socio comercial y su impacto en el sector industrial argentino es enorme. Cuando hay desajustes cambiarios, se generan distorsiones que complican la producción local y, en el peor de los casos, pueden llevar a que ciertas empresas opten por producir en Brasil en lugar de Argentina, algo que claramente no queremos.
Nuestro modelo apunta a una integración industrial sólida, con sectores bien articulados y pujantes. Por eso, es clave que ambos países trabajen en la reducción de estas asimetrías. La devaluación en Brasil nos obliga a acelerar ciertos ajustes en Argentina para evitar un impacto negativo mayor.
Lo que proponemos es un diálogo que nos permita encontrar soluciones. Nada de privilegios, nada de subsidios, sino reglas de juego claras y un marco regulatorio, tributario, laboral, de comercio exterior, de acceso al crédito. El crédito al sector privado representa apenas el 6% del PBI, aunque hoy puede estar algunos puntos más arriba. En los países vecinos, ese porcentaje es del 50%, y en las economías desarrolladas, llega al 100%. Sin financiamiento accesible, es muy difícil fomentar la inversión y el crecimiento industrial. Ese es otro desafío que debemos abordar si queremos una integración regional más equilibrada.
-Esta semana se anunciaron nuevos aranceles al acero y al aluminio, lo que afecta directamente a grandes empresas argentinas. Se estima que el presidente Milei, aunque viajará nuevamente a Estados Unidos, no llevará el reclamo al presidente Trump.
-El recrudecimiento de medidas proteccionistas es una tendencia global. Ya lo vimos con la electromovilidad y los distintos bloques comerciales. Es un tema preocupante. Para Argentina, la imposición de estos aranceles no solo impacta el acero y el aluminio, sino que también representa una pérdida significativa en exportaciones, afectando la producción y el valor agregado que se genera en el país.
Cualquier economía busca transformar su materia prima y multiplicar su valor en productos terminados. Argentina no es la excepción. Desde la Unión Industrial Argentina estamos a disposición de los sectores afectados para llevar adelante gestiones tanto en el plano comercial como en organismos internacionales.
Son los sectores los que están llevando adelante este diálogo, por lo que no quiero interferir. Sin embargo, no tengo dudas de que el presidente es consciente del problema y que este tema formará parte de la agenda de Estado y de la UIA a lo largo del año.
No es la primera vez que enfrentamos este tipo de situaciones y hemos logrado soluciones en el pasado. Si miramos el caso de México y Canadá, que inicialmente fueron fuertemente afectados por medidas similares, luego hubo diálogo y búsqueda de soluciones. Nuestra aspiración es esa: encontrar un camino que permita reducir el impacto de estos aranceles, porque el daño para la economía argentina y para dos industrias clave—que son de alto nivel tecnológico y no meramente manufactureras—es significativo y debe ser atendido.
-El gobierno sostiene que los precios en Argentina siguen altos a pesar de la baja del dólar y la desaceleración de la inflación. Además, critica que la industria no ha retrotraído los precios.
-Es importante entender que no se trata de una situación homogénea. Hay sectores con realidades muy distintas y costos diferenciales que impactan en los precios.
Por ejemplo, el costo logístico es un factor determinante. Para trasladar la producción olivícola desde Mendoza a Buenos Aires, el flete representa un 12% del costo total. A eso hay que sumarle las cargas sociales y los costos no salariales —más allá del salario en sí— que elevan el costo laboral promedio por trabajador por encima de los 2.000 dólares.
Otro punto clave es el peso del esquema impositivo. Cuando a una empresa le cobran impuestos en exceso y luego esos saldos favorables no se devuelven o lo hacen a valor histórico, se genera un serio problema de capital de trabajo. Esto obliga a buscar financiamiento en condiciones poco competitivas, encareciendo aún más los costos de producción.
Por otro lado, la competencia desleal también incide. Mientras que la industria nacional debe afrontar regulaciones laborales y tributarias estrictas, en muchos casos se abren importaciones de sectores sensibles, como el textil e indumentaria, desde países que no respetan los derechos fundamentales del trabajo. Esto no solo es un problema económico, sino también ético y legal.
Dicho esto, valoramos el proceso de desburocratización y simplificación que está en marcha, pero hay que tener cuidado de no acentuar asimetrías que afecten la competitividad de la industria nacional. Lo que queremos, sin dudas, es producir y abastecer el mercado interno en condiciones justas y sostenibles.
-Para cerrar, ¿cuál es la expectativa de la Unión Industrial Argentina para el primer semestre del año?
-El primer semestre del año pasado fue, como era previsible, muy complejo. Luego comenzó una recuperación, heterogénea pero recuperación al fin. Lo que esperamos ahora es que ese proceso se amplíe lo máximo posible.
Para que eso suceda, es clave que la macroeconomía continúe consolidándose y generando mayor credibilidad. Pero también es fundamental trabajar en la microeconomía, con medidas que reduzcan las diferencias y favorezcan el desarrollo productivo.
Hoy, el nivel de utilización de la capacidad instalada ronda el 56%, pero nuestro objetivo es acercarnos al 80%. Y, sobre todo, que los empresarios vuelvan a pensar en la palabra clave: invertir.
Argentina tiene recursos y oportunidades para crecer con inversión local, más allá del aporte que pueda hacer la inversión extranjera. Si logramos que eso suceda, estaremos más cerca de un país desarrollado y sustentable.