La Autoridad Ambiental Minera remitió el Informe de Impacto Ambiental a 15 organismos sectoriales para seguir cumpliendo con las etapas previstas.
La Fundación de la UNCuyo emitió su dictamen técnico sobre el proyecto minero PSJ Cobre Mendocino, que se suma a los análisis realizados por los equipos interdisciplinarios de las direcciones de Minería, y de Gestión y Fiscalización Ambiental de la provincia.
La Autoridad Ambiental Minera le remitió estas evaluaciones a la empresa para que ampliara el informe brindando respuestas a los interrogantes planteados desde la fundación y las reparticiones del Estado, como también que incorporara las recomendaciones realizadas.
Desde el Ministerio de Ambiente y Energía informaron que PSJ presentó la ampliación de su informe conforme los requerimientos, por lo que el expediente fue enviado a diversos organismos sectoriales, para que analicen cada uno de los aspectos que se enmarcan en su ámbito de competencia.
Son quince en total los que deberán elaborar sus respectivos informes y tendrán un plazo de quince días hábiles para presentarlos, a partir de la recepción de la documentación (de acuerdo con lo que establece el decreto 820/06).
Se trata de: Municipalidad de Las Heras; Departamento General de Irrigación; Dirección de Hidráulica; Dirección de Transición Energética; Dirección de Planificación Territorial; Dirección de Gestión de Bienes Registrables del Estado; Patrimonio Cultural y Museos; Dirección Nacional de Vialidad; Instituto Nacional de Asuntos Indígenas; Dirección de Áreas Protegidas; Dirección de Biodiversidad y Ecoparque; Ente Provincial Regulador Eléctrico; Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas; Ente Mendoza Turismo; y Servicio Geológico Minero Argentino.
PSJ Cobre Mendocino presentó su Informe de Impacto Ambiental en enero y se estaba esperando conocer los detalles del Dictamen Técnico de la Fundación de la UNCuyo y la respuesta de la empresa, para poder avanzar en los informes sectoriales. El procedimiento contempla también la realización de una audiencia pública y, si el Ejecutivo otorga la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), debe pasar por la Legislatura para su ratificación.
