En todo 2017, el Ministerio de Trabajo de la Nación detectó siete situaciones de posible trata de personas en las inspecciones que realiza en zonas rurales. La última fue en conjunto con la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) en una empresa de Rivadavia, donde se encontraron trabajadores que vivían en condiciones muy precarias y no contaban con agua potable ni baños. En comparación, en 2016 se descubrieron tres casos similares.
El delegado local del Ministerio de Trabajo de la Nación, Esteban Gargiulo, comentó que, cuando realizan las fiscalizaciones y se encuentran con situaciones que podrían ser de trata de personas, realizan la denuncia a la Justicia federal para que investigue.
Algunos de los indicadores que los alertan son la presunción de que hay explotación laboral, de que se les prohíbe a los trabajadores el contacto con el exterior, que no cuentan con documentación y/o que viven en malas condiciones de higiene y salubridad.
En la mayoría de los casos las víctimas son personas que vienen de otras provincias y también de países limítrofes, a trabajar en la cosecha, en establecimientos rurales. El delegado de la Uatre, José Luis Zárate, indicó que en los allanamientos han encontrado gente que proviene de Tucumán y Santiago del Estero, pero sobre todo de Bolivia.
La temporada de mayor afluencia de trabajadores golondrina, explicó Zárate, -que son también los más vulnerables- es de noviembre a marzo, ya que empieza con la cosecha del ajo, para pasar por las de cebolla, zanahoria y lechuga, la vendimia y terminar con la nuez y la aceituna. El delegado resaltó que de no ser por los obreros que vienen del norte, gran parte de estos productos se quedarían en la planta.
Al mismo tiempo, planteó que 70% de los cosechadores de ajo y en general de toda la labor hortícola trabaja en negro, lo que además implica una competencia desleal para los empleadores que sí registran a sus trabajadores.
En el operativo más reciente, en una finca de frutales en Rivadavia, hallaron operarios que no estaban registrados, no contaban con agua potable ni baños y vivían de modo precario. José Luis Zárate comentó que una de las casas estaba apuntalada con palos para que no se viniera el techo abajo.
Esteban Gargiulo explicó que, ante esto, además de hacer la denuncia en la Justicia, se activa un protocolo de asistencia a las víctimas, que involucra a distintos organismos nacionales y provinciales, e incluso a los municipios. El abordaje es integral ya que se apunta a brindarles una solución habitacional y conseguirles un empleo formal, o se los ayuda a volver a sus lugares de origen cuando así lo desean.
El delegado provincial del Ministerio de Trabajo de la Nación señaló que el año pasado fueron tres las posibles situaciones de trata de personas detectadas, pero que la diferencia con las siete de 2017 no se debe a que haya cambiado el contexto, sino a que se mejoraron las fiscalizaciones, en muchos casos en conjunto con la Uatre y el Renatre (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores) . En general, detalló, se trabaja con un cronograma propio, pero también se responde a las denuncias al 145.
El representante local de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores resaltó que los mismos vecinos han empezado a denunciar y que esto facilita la tarea, porque de otro modo es más difícil la detección. También consideró positivo que se ha combatido bastante el trabajo infantil y la utilización de carpas para alojar a los obreros. Pero planteó que son pocos los inspectores para abarcar la gran cantidad de establecimientos rurales en la provincia.
Piden denunciar al 145
El 145 es el número al que se puede llamar las 24 horas de los 365 días del año para denunciar posibles casos de trata de personas, ya sea con fines de explotación sexual o de trabajo forzado. La llamada es gratuita y la denuncia puede ser anónima.