Foto:
A través de la acordada 29.510, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza ordenó la creación de un comité de emergencia que evaluará que presos pueden acceder a la prisión domiciliaria, al encontrarse dentro del grupo de riesgo que puede contraer coronavirus. Hay casi 400 internos en esta situación.
Este tema fue motivo de análisis y debate durante toda la semana pasada en la Justicia local, luego de que la Cámara Federal de Casación les solicitará a todos los jueces del país que aceleren con la resolución de los pedidos emitidos por los reclusos que tendrían mayor posibilidades de infectarse, ya sea por ser mayores de 60 años o tener enfermedades preexistentes. La solicitud es un alojamiento temporario en otro lugar ajeno a los penales.
En principio, en la provincia no había una postura comunicada en cuanto a la resolución de las domiciliarias y sí el máximo tribunal había dictado “medidas complementarias en los servicios de administración de justicia” para lograr los “medios idóneos de protección y mayores garantías en defensa de todas las personas” y -en el contexto vigente- en relación a la salud de todos, además de indicar que el servicio de justicia debe ser “impostergable”, según extractos de la acordada del martes.
Sin embargo, en los últimos días se avanzó y los supremos decidieron "convocar a la constitución de un espacio institucional de intercambio y articulación permanente conformado por esta Suprema Corte de Justicia, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio de Seguridad de la provincia, los Colegios de Abogados de la provincia de Mendoza y la Dirección General del Servicio Penitenciario para el análisis y acompañamiento frente al avance de la continuidad de la situación de emergencia en relación a las personas privadas de su libertad":
En resumen, se establece la creación de una comisión a los fines de analizar y trabajar de manera coordinada en la tramitación de las distintas situaciones de las personas detenidas que integran los grupos de riesgo.
Además, les solicitan a los juzgados y tribunales el detalle de cuantas domiciliarias se han pedido y cuantas ya fueron resueltas, y si han recibido los informes remitidos a la Dirección General del Servicio Penitenciario.
Por último, la Corte pone a disposición todos sus recursos para la agilización de los trámites y le ordena a la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia y a la Oficina de Asuntos Carcelarios, la realización de monitoreos carcelarios remotos. También requieren que toda definición de estos casos vinculados a la pandemia, sea informada al máximo tribunal. La acordada lleva las firmas de su su presidente Jorge Nanclares y de los ministros Julio Gómez, Omar Palermo, Pedro Llorente, José Valerio, Dalmiro Garay y Mario Adaro.
En el contexto del avance del Covid-19 y de la cuarentena obligatoria, el juez penal Sebastián Sarmiento ya había resuelto para la población cacelaria restringir las actividades no esenciales que impliquen un contacto personal, de traslados de internos solo para urgencias de carácter médico, de accesos de profesionales y/o técnicos que no sean de atención prioritaria de salud y requisas generales, salvo estricta necesidad de seguridad. Además de la provisión elementos de higiene y un procedimiento de desinfección cada 14 días en los establecimientos de detención .
En el Servicio Penitenciario de Mendoza hay 397 internos dentro del grupo de riesgo frente al coronavirus, es decir un 8% de la población total. Se trata de presos condenados y procesados, provinciales y federales, con alguna patología grave y mayores de 60 años.
De este total, unos 70 casos aproximadamente han pedido domiciliarias y están para resolverse. Si bien cuentan con informes médicos y psicológicos y otra documentación pertinente, los domicilios donde quedarán cumpliendo con la domiciliaria fueron chequeados por teléfono. Esto debe hacerse nuevamente pero con personal penitenciario que vaya a cada vivienda.
Hasta el momento son los jueces penales Sebastián Sarmiento y Mariana Gardey quienes tienen estas causas en sus manos, aunque con la creación del comité podría sumarse algún magistrado más para responder los planteos.
