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A tres semanas de manifestaciones pacíficas y disturbios muy violentos, gran parte de la ciudadanía sigue pidiendo correcciones a las desigualdades, pero Chile luce perplejo ante un descalabro social que se alarga sin que sus autoridades den con la fórmula para bajar la tensión.
"La tercera marcha más grande de Chile" o "La tercera es la vencida" fueron las consignas de ayer en la tarde, cuando diversas agrupaciones convocaron por Whatsapp, Facebook e Instagram a una marcha pacífica que terminó en graves incidentes (ver aparte) liderados por encapuchados.
"Desafortunadamente las necesidades de la gente están siendo el 'Caballo de Troya' para todo lo malo que está pasando en la calle", dijo Hernán, un conserje de un edificio de Santiago, de 60 años, indignado con la destrucción que ve a diario.
Desde aquel viernes 18 de octubre, cuando el aumento en la tarifa del metro destapó la ira en las calles de Santiago, los chilenos reclaman contra las desigualdades en un país con una economía próspera de libre mercado pero con un Estado ausente o laxo en educación, salud y pensiones.
Veinte muertos y más de mil heridos han dejado tres semanas de manifestaciones diarias, que muchas veces terminan en disturbios, afectando a pequeños y medianos empresarios de una de las economías más estables de América Latina.
Felipe Berríos, sacerdote jesuita y referente de opinión pública, dijo que cree que el gobierno de Sebastián Piñera, uno de los hombres más ricos de la región, ha sido muy lento para reaccionar, porque justamente está tocando intereses de los más poderosos.
"Hay cosas urgentes como el tema de las pensiones, el sueldo mínimo (de 418 dólares). Eso es para calmar la fiebre pero, para terminar con la enfermedad, se requiere hacer un cambio de Constitución, ya que tenemos una que protege el privilegio de algunos. Entonces es un desafío mayor y por eso es que hay tanta tensión", indicó Berríos.
Una reforma a la Carta Magna, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-90), parece ser la propuesta clave para salir de una crisis que el gobierno se empeña en tratar como un tema de desorden público.
Para la activista Javiera Parada, ex agregada cultural de Chile en Estados Unidos durante el gobierno de Michelle Bachelet (2014-18), "claramente ha habido una falla en el sistema político". "El descontento ciudadano es con una política que no está al servicio de la gente", dice.
Parada renunció al partido de izquierda Revolución Democrática tras rechazar el respaldo que esa agrupación dio a una acusación constitucional para destituir a Piñera. En una carta pública, pidió a sus pares responsabilidad política y unidad.
"Cuidado con bajar los estándares democráticos cuando nos conviene", advirtió esta actriz y política, de 45 años, cuyo padre, José Manuel Parada, fue asesinado durante la dictadura.
Como promotora de cabildos ciudadanos, Parada ve un proceso constituyente como solución. “Creo que sin ese horizonte constitucional no habrá manera de descomprimir la movilización”, agrega.
Para Chile, que estuvo 17 años bajo una dictadura -que dejó 3.200 muertos y más de 1.000 desaparecidos-, significó un gran desafío unirse para sacar al dictador a través de un plebiscito, en 1988.
"El siguiente desafío fue terminar con un 40% de pobreza y un 20% de indigencia de extrema", recuerda Berríos, fundador de la ONG Techo.
Hoy la crisis se alarga, los reclamos de un movimiento sin líderes identificables suben y bajan al ritmo de likes y ‘trending topics’ en las redes sociales, y Piñera luce desorientado para calmar la calle.
Berríos cree que la dictadura dejó un "cierto complejo" y por mucho tiempo se descuidaron grupos de anarquistas que se fueron desarrollando en la sociedad frente a una policía de inteligencia débil.
"Han sido muchos factores que han incidido en estos desmanes que no los quiere ni acepta las mayorías" que piden un país más justo, dice.
Convencido de que de esta crisis se sale sólo por la vía política, Berríos se aleja de cualquier opción de “iluminados” y de aquellos que piden la “renuncia de Piñera”.
"Las nuevas generaciones han crecido con pañales desechables y cuando huele mal el pañal, botan todo (...). Creen que es re fácil decir que renuncie el presidente o decir que traigan a alguien de afuera que no pertenezca a ningún partido político", agrega.
Decenas de miles de manifestantes asistieron ayer a la llamada “tercera marcha más grande de Chile”, en la céntrica Plaza Italia de Santiago, donde a pocos metros y en medio de disturbios se registró un gran incendio en la sede de una universidad.
Se trata de la privada Universidad Pedro de Valdivia, que alberga las oficinas de la rectoría de la institución. La casa patrimonial, construida en 1915, comenzó a arder por el techo, cuando manifestantes encapuchados se enfrentaron con agentes antimotines y encendieron barricadas en los alrededores. Lo primero que se vio arder fue el techo de madera de la edificación.
Una marea de manifestantes inundó -por tercer viernes seguido- las dos calzadas de la Alameda para avanzar hacia la Plaza Italia portando banderas chilenas, silbatos y máscaras de distintos personajes junto a carteles con mensajes contra el gobierno de Piñera.
Un proyecto de ley para reducir la jornada laboral, de 45 a 40 horas, impulsado por el Partido Comunista, fue aprobado con los votos de la derecha, mientras que el gobierno selló un acuerdo con la oposición y accedió a cambiar por completo una reforma tributaria.
Obligado por la crisis social que se extiende ya por tres semanas, la agenda legislativa del gobierno del derechista Sebastián Piñera ha dado un giro impensado.
Esta reforma tributaria “es fundamental para recuperar el crecimiento” económico y poder tener mayores recursos para enfrentar las demandas sociales”, afirmó el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, tras cerrar un acuerdo con senadores de la oposición.
Acorralado por la convulsión social, el gobierno de Piñera dejó de lado el paquete de reformas con las que pretendía cumplir su programa de gobierno y dio un giro a la social. "Las circunstancias demostraron que estaba equivocado. El presidente cambió su agenda, la dejó de lado, porque la calle se lo pidió", dijo Felipe Balmaceda, académico de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad Diego Portales.
Piñera envió al Congreso el año pasado un proyecto de ley para reformar una ley tributaria impulsada y aprobada durante el anterior gobierno, de la socialista Michelle Bachelet.
La derecha defendía hasta hace tres semanas esta nueva norma que a su juicio simplificaba el sistema tributario pero, según la oposición, acababa reduciendo los impuestos a los grandes empresarios.
Pero en medio de la presión social, la derecha alcanzó un acuerdo con la oposición que eliminó la reducción impositiva para las grandes empresas. Establece, además, algo hasta ahora no considerado: un sobre impuesto territorial para viviendas de más de 400 millones de pesos de avalúo fiscal (unos 540.000 dólares).
"El proyecto inicial recaudaba muy poco y bajaba los impuestos a un sector de altos ingresos, bajo el pretexto de que los impuestos que no pagaban los podían reinvertir", explicó el senador socialista Ricardo Lagos.
En medio de la convulsión social, la Cámara de Diputados logró aprobar un proyecto para rebajar de 45 a 40 horas la jornada laboral. La iniciativa, impulsada por las comunistas Camila Vallejo y Karol Cariola, logró pasar gracias al apoyo de diputados de derecha.