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Se dieron a conocer los fundamentos del polémico fallo por el asesinato de Julieta González, donde los jueces condenaron a 18 años de prisión a Andrés Di Césare (26) por homicidio simple, rechazando el pedido de la Fiscalía de considerarlo un femicidio.
Como se especulaba, para el Tribunal no se probó la relación de pareja ni la existencia de violencia de género. En la sentencia redactada por el juez Jorge Coussirat, a la que adhirieron Alejandra Ratto y Mauricio Juan, se manifiesta que no existen dudas sobre la autoría del crimen de Julieta, pero sí sobre los agravantes solicitados por el Ministerio Público Fiscal.
Según el fallo, no toda relación hombre-mujer es relación "de pareja" ni todo homicidio cuya víctima sea una mujer es "violencia de género". De esta forma, establece que "la relación entre la víctima y el acusado se produjo" pero hay dudas sobre la "profundidad de esa relación".
Para los jueces, "puede darse por cierto que han salido en algunas ocasiones sin poder precisar cuántas. Además, según la prueba instrumental ha habido contactos telefónicos y por whatsapp de los que no puede de ninguna manera inferirse una relación de noviazgo o de 'pareja'". Y especifica el juez Coussirat: "Digo esto porque el acusado ha afirmado que sólo salían a tener sexo y que tanto él como ella habían dejado en claro que tenían novia y novio respectivamente".
Así argumentó el tribunal la sentencia que despertó la indignación de familiares y amigos de Julieta, pero también de organizaciones feministas que salieron a las calles a reclamar su revisión.
Un fallo que además trajo consecuencias al conjuez Juan, cuyo pliego ayer debía ser evaluado en la Legislatura, luego de que lo enviara el Ejecutivo, para acceder al puesto de juez del Tribunal Penal Colegiado de la Primera Circunscripción Judicial. Sin embargo, las repercusiones del fallo generaron rechazo, la convocatoria a una marcha, rispideces al anterior del oficialismo en la Legislatura y, finalmente, la suspensión de la audiencia de ayer donde se iba a evaluar su pliego.
Sin embargo, desde el Ejecutivo ratificaron la postulación de Juan, es decir que no retirarán su pliego. Y tienen sus razones políticas.
El posible nombramiento de Juan reavivió la grieta judicial entre "garantismo" y "mano dura". Es que la presentación del pliego del abogado para magistrado se vio envuelta en un escándalo impensado. Sucede que a días de que el gobernador Alfredo Cornejo enviara su pliego a la Legislatura para que sea votado en el Senado, se conoció el polémico fallo por el crimen de Julieta González.
En el concurso que se rindió ante el Consejo de la Magistratura para acceder al puesto de juez del Tribunal Penal Colegiado, quedó primero en orden de méritos Mauricio Juan, seguido por María Alejandra Ratto, quien también firmó la condena a Di Césare, por lo que podría recibir los mismos cuestionamientos que su par.
Y en tercer lugar quedó David Mangiafico, vinculado al sector garantista, pero además fuertemente ligado al peronismo. El actual juez de Garantías fue jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Justicia de Mendoza durante el gobierno de Celso Jaque, lo que lo dejaría con nulas posibilidades de que Cornejo lo proponga para el cargo.
Además, Mangiafico también estuvo involucrado en el proceso judicial del caso Julieta González. Previo a la reforma penal (antes de que existiera el Tribunal Penal Colegiado,) la Octava Cámara del Crimen, integrada por Luis Correa Llano, Ramiro Salinas y Alejandro Miguel, accedió al pedido hecho por la fiscal de Homicidios Claudia Ríos Ortiz y los querellantes de la familia González, Carolina Jacky y Juan Rifo, de apartarlo del caso como juez del Sexto Juzgado de Garantías por su amistad con el abodago defensor del acusado, Alejandro Cazabán, por lo que luego el caso recayó en el tribunal de Coussirat.
El fallo por el crimen de Julieta González desató una fuerte polémica por parte del colectivo Ni Una Menos y a nivel interno dentro del propio radicalismo. Incluso, en una reunión de bloque las senadoras mostraron su total rechazo a la postulación de Juan como juez, como adelantó Los Andes el martes, y hasta la propia vicegobernador Laura Montero sugirió que el Ejecutivo debía retirar el pliego, lo fue desoído.
Esta presión, sumada a la convocatoria a una manifestación que estaba prevista para este miércoles, derivaron en la postergación de la audiencia pública que había sido convocada para ayer. El objetivo es que Juan pueda "defenderse" y explicar los fundamentos del fallo ya que si lo hacía antes de que se conocieran (lo que se concretó anoche), podría haber dejado la sentencia liberada a un planteamiento de nulidad por preopinar.
Por parte del Ejecutivo ratificaron la postulación y descartaron la posibilidad de retirar el pliego antes de escuchar al involucrado. "Sería un acto de discriminación, tenemos que dejarlo que se exprese, ue se defienda ante las impugnaciones y ahí decidir", señalaron.
La audiencia pública se reprogramó para el miércoles 25 de setiembre y se espera que se vote en sesión secreta la semana siguiente: el martes 3 de octubre. Es que de no votarse, el día 5 quedaría nombrado juez de manera ficta ya que se cumplirían los diez días de su postulación.