La Corte Suprema de Justicia de Colombia envió a la cárcel a los responsables de los servicios secretos colombianos durante el gobierno de Álvaro Uribe por el espionaje a periodistas, activistas, jueces y políticos opositores.
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La Corte Suprema de Justicia de Colombia envió a la cárcel a los responsables de los servicios secretos colombianos durante el gobierno de Álvaro Uribe por el espionaje a periodistas, activistas, jueces y políticos opositores.
María del Pilar Hurtado, ex directora de la policía secreta, fue sentenciada a 14 años de cárcel, mientras que el ex secretario de la Presidencia, Bernardo Moreno, pasará 8 años en prisión por utilizar los servicios secretos contra opositores políticos y jueces. El trabajo se hizo “con la aquiescencia de Álvaro Uribe”, según la Fiscalía.
Por las graves acusaciones recogidas durante el proceso, la Corte anunció también que pedirá a una Comisión del Congreso que investigue al propio Uribe, dada su condición de ex presidente, y a varios de sus hombres de confianza, entre ellos a José Obdulio Gaviria, quien fue asesor personal del ex mandatario y cuyo caso será examinado por la Corte.
Según la sentencia, el Departamento Administrativo de Seguridad espió bajo la dirección de Hurtado y por órdenes de Moreno, quiénes informaban a la Presidencia.
Durante casi tres horas, el magistrado Fernando Castro detalló las actividades de espionaje que estuvieron centradas en los jueces de la Corte y destacados políticos opositores como la ex senadora Piedad Córdoba o el actual alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
Sobre Córdoba, la sentencia señala que se intervino su teléfono y correo electrónico para obtener información de las liberaciones de secuestrados y por sus supuestos vínculos con la guerrilla y los gobiernos de Venezuela y Cuba. Además, señala que existía interés del gobierno por conocer quién pagaba los constantes viajes de Córdoba a Venezuela, país considerado “hostil” en ese momento, señaló el fallo.
Sobre los jueces, la sentencia dijo que los servicios secretos del gobierno de Uribe organizaron el “Plan escalera”, que consistió en grabar las sesiones de la Corte Suprema a través de infiltrados.
Para la Corte quedó probado que tanto Hurtado como Moreno ordenaron esas actividades sin tener sustento legal para efectuarlas y con el ánimo de satisfacer las necesidades que llegaban desde la casa presidencial.
Apenas conocida la sentencia, Uribe (2002-2010) señaló que se ha condenado a personas “honorables” por cumplir con su deber.
Por su parte, el senador opositor Iván Cepeda acusó directamente a Uribe de “ordenar” el espionaje y pidió que se juzgue al ex presidente por haber mediado en el asilo de Hurtado en Panamá durante cuatro años.
Desde que en 2009 la revista Semana reveló lo que se conoce como “chuzadas” sobre interceptaciones y seguimientos ilegales a opositores, la Fiscalía inició una compleja pesquisa que ha llevado a prisión a una treintena de ex detectives del DAS, institución que dependía de la Presidencia y que fue clausurada en octubre de 2011 por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos debido al escándalo. Pero no sólo Hurtado y Moreno forman parte de la lista de ex colaboradores y amigos de Uribe que enfrentan líos con la Justicia.
El que fuera uno de sus ministros estrella en la cartera de Agricultura, Andrés Felipe Arias, fue condenado en julio de 2014 a más de 17 años de cárcel por las irregularidades en que incurrió en un programa de subsidios agrícolas. Actualmente se encuentra en Estados Unidos, donde pidió asilo.
Otros dos ex ministros uribistas, Sabas Pretelt y Diego Palacio, están a la espera de una decisión de la Corte por las actuaciones irregulares que habrían tenido en 2004 al momento de impulsar la reelección presidencial de Uribe.
