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El rey de España tendrá un fuero real que lo hará “inviolable” ante la justicia, resultando así “irresponsable” ante la ley, cuando el 17 de junio próximo el Senado apruebe definitivamente la Ley de Abdicación. En el momento en que la ley se publique en el Boletín Oficial del Estado se producirá la sucesión del príncipe de Asturias a la corona con el nombre de Felipe VI.
El nuevo monarca recibirá el beneficio de “inviolabilidad” que le otorga la Constitución Española. Se trata de la condición de “aforado”, es decir de la protección legal de la que goza un funcionario, miembro de la justicia o del gobierno o legislador, Esta salvaguarda se extiende en España a casi 10.000 personas.
Pero el caso será muy especial con el rey emérito, título que se establecería para otorgar una dignidad especial al padre del nuevo rey. También la reina doña Sofía será considerada reina emérita.
Pero estas son dignidades que cuentan poco a la hora de enfrentar acusaciones ante los tribunales de justicia y el temor es que ante la falta de protección al rey le lluevan demandas de todo tipo, incluso reclamos por paternidad.
La opinión más extendida entre los juristas es que la “inviolabilidad” del rey por hechos durante su reinado "se mantienen aún después de la abdicación", dice un portavoz del Consejo General del Poder Judicial, órgano rector de los jueces.
O sea que el ex monarca no puede ser imputado por ningún hecho ocurrido durante su reinado. ¿Pero, y después? Creada en su momento para proteger la libertad de expresión de los cargos electos, la figura del "aforado” prevé que los parlamentarios regionales sólo puedan ser juzgados por Tribunales Superiores y los nacionales, como los ministros, por el Tribunal Supremo.
“Me parece que alguien que ha representado la más alta instancia del Estado debe tener una consideración especial, pero la decisión le compete al gobierno y al parlamento”, afirmó el fiscal general de Estado, Eduardo Torres-Dulce.
El Ejecutivo trabaja ya en una ley orgánica que aporte una protección jurídica a Juan Carlos y su esposa Sofía, afirmó la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, sin entrar en detalles.
Algunas versiones indican que el tipo de aforamiento para don Juan Carlos y doña Sofía los pondría bajo la protección del Tribunal Supremo, que debería intervenir en todos los casos en que sean imputados.
El presidente del Congreso de Diputados, Jesús Posada, señaló que el aforamiento del ex monarca “es un tema urgente porque sería una anomalía total que no la tuviera en un país en que existen miles de aforados. Aunque no creo que nadie le desee personalmente ningún mal, nunca se sabe si alguien le puede buscar un follón”.
Otros partidos políticos como Izquierda Unida no ven con buenos ojos el aforamiento de don Juan Carlos. El líder de IU, Cayo Lara, declaraba el pasado fin de semana que tanto PP como PSOE están corriendo “para blindar el aforamiento del rey”.
Lara cree que la figura del aforado debería proteger las actividades del trabajo, pero nunca las delictivas y que “el rey tiene que ser un ciudadano más”.
La última vez que se aplicó la condición de inviolabilidad del rey fue en 2012 para que la justicia rechazara dos demandas de paternidad contra Juan Carlos I.
Según sondeos, el 62 por ciento de los españoles quiere un referéndum
Madrid. Pese a haber escapado a la caída de popularidad de su padre y de la monarquía, como otras instituciones en un país sacudido por la corrupción, el nuevo rey deberá conquistar su legitimidad como hizo Juan Carlos impulsando la democracia tras su coronación en 1975 y frenando un golpe de Estado militar en 1981.
Según dos sondeos publicados este fin de semana, un 62% de los españoles quiere un referéndum, pese a que la mitad o más apoyaría la monarquía.
Sin embargo, con gritos de “¡España, mañana, será republicana!”, tras el anuncio de la abdicación del rey, decenas de miles de personas habían salido a las calles de todo el país, con la bandera roja, amarilla y morada de la Segunda República (1931-1939).
Ayer, decenas de manifestantes gritaban “¡Monarquía, abolición!” cerca del Congreso, en cuyo interior se alzaban también voces disonantes. “La jefatura del Estado, un señor la va a heredar como si fuera una propiedad privada. ¿Y la ciudadanía qué opina?”, lanzó el líder de Izquierda Unida, el comunista Cayo Lara. Y recordó a los republicanos muertos en la Guerra Civil (1936-1939) o exiliados durante el franquismo.
“Todos los menores de 56 años no votamos la Constitución, es decir, que los 34 millones y medio de ciudadanos que hoy tienen derecho a voto, más de 22 millones, el 64%, no pudimos decidir sobre el modelo de Estado”, subrayó el nacionalista valenciano Joan Baldoví, recordando que en 1978 la edad para votar era 21 años.
“La baraja está trucada, sólo salen reyes”, lanzó Sabino Cuadras, de la coalición independentista vasca Amaiur, que no quiso participar en la votación.
Los independentistas catalanes ERC votaron “no” y los nacionalistas catalanes CiU y vascos PNV se abstuvieron, ilustrando las turbulencias a las que tendrá que hacer frente Felipe VI.
Rubalcaba llamó a los legisladores a “no desperdiciar ni la oportunidad política que hoy se nos abre, ni el impulso por la llegada de un nuevo rey” para llevar a cabo una reforma constitucional que solucione problemas como el creciente independentismo en Cataluña, decidida a organizar el 9 de noviembre un referéndum de autodeterminación calificado de “ilegal” por Madrid.
