La Casa Blanca recibió ayer las propuestas del Pentágono para intensificar la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Irak y Siria, para darle su propia impronta a una batalla que comenzó hace dos años y medio.
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La Casa Blanca recibió ayer las propuestas del Pentágono para intensificar la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Irak y Siria, para darle su propia impronta a una batalla que comenzó hace dos años y medio.
“La Casa Blanca comenzará a analizar las recomendaciones”, precisó un alto funcionario, que pidió mantenerse en el anonimato. El Pentágono no ha dado detalles sobre el contenido del documento presentado por el secretario de Defensa, Jim Mattis.
Se trata simplemente de entablar “un marco para una próxima discusión”, dijo el portavoz del Pentágono, Jeff Davis.
Ese marco para “vencer rápidamente al EI” es “amplio” y “global”, indicó. “No es simplemente militar” y “no concierne únicamente a Irak y Siria”.
Durante la campaña electoral Donald Trump no se privó de mofarse de los generales estadounidenses y de la lentitud de los progresos militares contra el EI en Irak y Siria. El 28 de enero, ocho días después de su asunción, el presidente Donald Trump publicó un decreto en el que daba 30 días al Pentágono para preparar un nuevo plan para acelerar la lucha contra el EI.
Dos años y medio después de iniciados los ataques aéreos estadounidenses en Siria e Irak, los yihadistas islámicos han perdido más de la mitad del territorio que ocupaban en Irak y más de un cuarto en Siria. Pero todavía no han sido expulsados ni de Mosul, la ciudad iraquí en la que simbólicamente proclamaron su “califato”, ni de Raqa, su capital de facto en el este de Siria.
Entre las alternativas que tiene la nueva administración están: aumentar el número de asesores militares estadounidenses en Siria e Irak o autorizar el envío de soldados para que participen directamente en los combates contra los yihadistas.
Preocupa al agro la ofensiva contra la inmigración
Las medidas del presidente Donald Trump contra los inmigrantes clandestinos preocupan a los agricultores estadounidenses, que recurren mayoritariamente a mano de obra extranjera que acepta bajos salarios.
“No se puede encontrar gente del lugar que quiera ensuciarse las manos y ordeñar vacas”, dice Eric Ooms, quien está al frente de una explotación de 450 vacas lecheras en Valatie, a dos horas de ruta al norte de Nueva York.
En una región con una tasa de desempleo de 4%, el salario de 10,50 dólares la hora que ofrece pagar no seduce a los estadounidenses.
Para hacer funcionar su establecimiento emplea, además de a cinco miembros de su familia, a un inmigrante mexicano desde hace un año. Al igual que Ooms, el sector agrícola estadounidense depende en buena medida de la mano de obra barata de los inmigrantes.
Alrededor del 70% del millón de asalariados de la agricultura nacieron en el extranjero, la gran mayoría en México.
Y según reconoce la propia asociación estadounidense de agricultores (AFB), más de la mitad de los trabajadores del sector están en la ilegalidad.
Las declaraciones de Trump contra la inmigración ilegal son percibidas como una amenaza para un modelo económico basado en la mano de obra barata.
Los representantes de los agricultores, sin embargo, no quieren enfrentarse abiertamente con Trump.
“La escalada retórica sobre la aplicación de las normas migratorias es problemática, pero nuestro papel es explicar al país por qué esos trabajadores siguen siendo indispensables para garantizar el suministro de alimentos”, explica Kristi Boswell, encargado de asuntos migratorios en la AFB.
