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El fiscal Pedro Horrach acusó ayer al juez José Castro de urdir una "teoría conspirativa" para imputar a la infanta Cristina en el caso de corrupción en el que está implicado su marido, el duque de Palma Iñaki Urdangarín, y que sacude a la monarquía española.
El procurador asegura, en un escrito publicado hoy, que el magistrado elabora su "tesis inculpatoria" contra la infanta en base a una "absurda y denigrante teoría de una supuesta manipulación tendenciosa" de informes tributarios que exoneran a la hija menor del rey Juan Carlos.
"Se corre el grave riesgo de que la toma de declaración de la infanta verse sobre reproches éticos y no sobre hechos presuntamente delictivos", argumenta el Fiscal Anticorrupción.
Por ese motivo, Horrach considera "imprescindible" que, "con carácter previo" a la declaración de Cristina de Borbón, prevista para el 8 de febrero, se cite a declarar como peritos a dos inspectores de la Agencia Tributaria y un jefe policial que elaboraron los informes en cuestión.
La infanta fue imputada por blanqueo de capitales y delito fiscal en su condición de copropietaria de Aizoon, sociedad que fue utilizada para desviar parte de los fondos públicos apropiados indebidamente por el Instituto Nóos, la fundación de Urdangarín y su ex socio Diego Torres.
Según el juez, la hija del rey y su marido cargaron a Aizoon gastos personales para apropiarse de los beneficios de la sociedad, que no fueron declarados al fisco.
Respecto a los informes de Hacienda, en su escrito de imputación del pasado 7 de enero, Castro sostiene que los inspectores dieron como válidas tres facturas falsas de Aizoon por 69.900 euros para librar a la infanta de un delito fiscal cometido en el ejercicio 2007.
El magistrado discrepa del criterio de los peritos y asegura que Aizoon no puede deducirse gastos que, de acuerdo con las investigaciones, nunca realizó. Esos gastos "superarían los 120.000 euros" y constituirían indicios de un delito fiscal.
En cambio, el fiscal cree que el magistrado no puede basar su imputación en "insinuaciones relativas al encubrimiento de intereses espurios ajenos al cumplimiento de su labor profesional", en referencia al trabajo de los peritos, cuya idoneidad defiende.
De hecho, Horrach ve "más rigurosos y coherentes" los trabajados de la Agencia Tributaria, que no observan indicios delictivos, y "radicalmente erróneas" algunas de las interpretaciones del juez instructor.
Entre algunas de las conclusiones erróneas e "irrelevantes penalmente", el fiscal menciona que "es imposible, dada la cuantía de los gastos personales (de la infanta), que la cuota defraudada alcance el umbral de los 120.000 euros" anuales, de donde nacería el delito.
También señala que el hecho de "mputar gastos personales (de la infanta) ajenos a la actividad de Aizoon como costes de explotación no se contempla en el Código Penal como figura delictiva, por lo que la conclusión, a efectos penales, es inocua e irrelevante".
