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Un juzgado federal decidió suspender una disposición del año pasado de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) que autorizaba al laboratorio "Domínguez", a vender Misoprostol para la interrupción del embarazo.
Cecilia Madariaga Gilardi de Negre, jueza federal subrogante en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, dio lugar el pasado jueves, al amparo presentado por la organización Portal de Belén (PdB) y la Asociación para la Promoción de los Derechos Civiles (Prodeci), y ordenó suspender la venta de Misop 200, que es la presentación para uso ginecológico.
La medida fue tomada argumentando que el medicamento sería peligroso para su uso domiciliario y solo puede usarse a nivel hospitalario. La magistrada dijo que el medicamento "debe ser utilizado siguiendo una estricta observación de la dosis y régimen recomendados" y "únicamente en centros hospitalarios con acceso a cuidados intensivos y cirugía de urgencia"
Dentro de la medida presentada por las organizaciones antiderechos, se pedía que se declare la "nulidad absoluta e insanable" por inconstitucionalidad del "Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo", pero este punto fue rechazado.
Gilardi de Negrete puntualizó que resulta pertinente "otorgar una inmediata tutela jurisdiccional (sin esperar hasta el dictado de la sentencia) ante el peligro de que se utilice el medicamento para tratamientos ambulatorios cuando ello conforma un peligro para la salud, derecho constitucional que debe garantizarse".
El misoprostol es el medicamento más sugerido para un aborto farmacológico y la OMS lo define como un método no quirúrgico. Este procedimiento siempre debe ser acompañado de un control previo y posterior por un profesional de la salud.
Vale recordar que después de que el senado rechazara el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, en agosto de 2018, la Anmat autorizó al "Laboratorio Domínguez" a producir mosiprostol para uno obstétrico y ginecológico, aunque se restringió al ámbito hospitalario.
Desde octubre del 2018 el medicamente se podía adquirir en farmacias de todo el país bajo receta archivada para aplicarse en el tratamiento de abortos no punibles realizados en los hospitales.
