Sólo hay una obra vial nacional en marcha en Mendoza

La pandemia y la crisis económica han paralizado las obras públicas en Mendoza, lo mismo que en el resto de las provincias del país. Los pocos recursos que tiene a mano el Ejecutivo nacional los ha destinado a solventar los gastos corrientes y, otra buena parte, a gastos extraordinarios para detener o mitigar el avance del coronavirus. Asi, las obras públicas han sido los primeros gastos en cortarse.

Pues bien, en Mendoza, hay una sola obra vial nacional que todavía sigue sin paralizarse. Se trata de la Variante Palmira, tramo que unirá la ruta 7 desde Palmira (San Martín) a Agrelo (Luján) con 38 km de calzada, que está en 37% de avance, según afirmó a Los Andes, Rubén Lomas, jefe distrital de Vialidad en Mendoza.

Los trabajos, que comenzaron a mediados de 2018 en la gestión pasada, superan los $ 5.900 millones y se realiza a través de Vialidad nacional (DNV) gracias a un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Actualmente, el principal foco de trabajo se desarrolla sobre el río Mendoza, donde avanza la construcción de uno de los principales puentes del nuevo trayecto. No obstante, las autoridades nacionales evitan especular respecto de una fecha de finalización, teniendo en cuenta que aunque se está trabajando, el protocolo de coronavirus ha ralentizado el avance previsto.

Sin embargo, el resto de los trabajos por parte de la Nación en la provincia están paralizados o con grados de avance muy bajos como, por ejemplo, el pack de obras de la ruta 7 en Alta Montaña, que prevé diferentes trabajos de mejoras de caminos y seguridad, e incluso la habilitación del túnel Caracoles en el paso a Chile, por un total de U$S 750 millones, que también contempla financiamiento del BID.

Están en proceso de licitación tres obras: la repavimentación del tramo Aguas del Pizarro – Potrerillos ($ 375 millones), la instalación de Sistema de Protección Contra la Caída de Rocas en el tramo de Potrerillos - Uspallata ($ 498 millones) y el túnel Caracoles ($ 22.000 millones).

Otra obra paralizada es la Variante Desaguadero, adjudicada a la empresa Cartellone, pero bajo un sistema de Participación Público Privado (PPP). Los problemas de financiamiento de las empresas atentan contra esta modalidad que, es probable, la gestión de Alberto Fernández dé de baja.

La doble vía Mendoza-San Juan sigue con el futuro incierto. Con los trabajos comenzados del lado sanjuanino, pero pausados debido a problemas económicos de la empresa que tiene la concesión; del lado mendocino se sigue sin noticias del comienzo de los trabajos, que quedaron estancados aún sin firma del contrato.

En la Provincia son escépticos respecto de que este sector de la ruta comience en el corto o mediano plazo, ya que durante la gestión de Mauricio Macri, si bien fue la primera obra en anunciarse, no se avanzó más que en la licitación. La crisis económica, que se inició a mediados de 2018, más la actual pandemia, ponen en duda la reactivación,

Más dudas que certezas

Siguiendo con la ruta 40 en el tramo norte de Mendoza, desde la DNV se han mostrado cautos respecto de este tema, mientras que desde el gobier no provincial señalaron que a comienzos de la gestión de Rodolfo Suárez, hicieron gestiones tanto con el gobierno de San Juan como el nacional, para recomenzar una obra que se anunció en 2016. “No se sabe qué va a pasar con la obra. Hemos tenido reuniones con el delegado de Vialidad pero aún faltan definiciones”, declaran escuetamente desde la Provincia.

Lo cierto es que Gabriel Katopodis, ministro de Obras nacional, ha tenido contactos con el gobernador Sergio Uñac para reactivar la doble vía del lado sanjuanino o, incluso, pensar en una relicitación. Para eso, primero deberán resolver la situación judicial de la empresa Green S.A, que ganó la licitación, pero cuyo trabajo está recién en una primera etapa.

La situación en Mendoza es más desoladora, teniendo en cuenta que se realizó una prelicitación y adjudicación a mediados de la gestión Macri, pero todavía no se firmó el contrato. Hasta hoy, tampoco hay novedades sobre alguna reactivación en pocos meses.

El derrotero de la obra comenzó con fuerza el 6 de enero de 2016, cuando el entonces flamante presidente Macri, anunciaba la doble vía Mendoza-San Juan. En la propia Casa Rosada, la presentación incluyó a los mandatarios provinciales, Alfredo Cornejo y Sergio Uñac.

Lo cierto fue que en San Juan se iniciaron los trabajos con la empresa Green, y también mediante un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que envió fondos para una de las tres secciones en las que se dividieron los trabajos. En tanto, las otras partes de la vía las haría la provincia vecina con fondos propios y, luego, le cobraría a la Nación los costos de la obra.

Sin embargo, a fines de 2019 se paró la obra y hasta el momento no ha habido avances, más que las conversaciones entre Uñac y Katopodis. Ahora, resta saber si se lanza una nueva licitación o se espera a definir si Green puede continuar con la obra.

Por parte de Mendoza se está avanzando en un aspecto clave: la reubicación de 135 familias que viven en las cercanías de la nueva traza de la ruta, lo que implica que se deban expropiar los terrenos y relocalizar a las personas.

Desde el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), destacaron que se están construyendo las 135 viviendas. Por un lado, son 75 casas urbanas, que tienen un avance de 75%; mientras que las 60 viviendas rurales restantes, mantienen un avance de un 37%.

La situación, obra por obra

Variante Palmira. Los trabajos comenzaron a mediados de 2018. Es la única que está en construcción y actualmente tiene 37% de avance.

Doble vía a San Juan. Se adjudicó hace casi dos años, pero el “lado mendocino” nunca empezó. Aún no se firma el contrato. Del “lado sanjuanino”, la empresa se presentó en concurso de acreedores.

Variante Desaguadero. Se adjudicó a la empresa Cartellone en julio de 2018 mediante el formato PPP, que el actual gobierno desestima.

Túnel Caracoles. En noviembre de 2019 se abrieron los sobres para la obra de ampliación y ahora se espera que sea adjudicada. Costará U$S 300 millones del lado argentino.