El oficialismo “duerme” la reforma fiscal en busca de acuerdos políticos

Silencio en la Legislatura. Ni reuniones de comisión para discutir el proyecto ni declaraciones altisonantes. El oficialismo ha “dormido”, por lo menos hasta después de la asamblea legislativa del 1 de mayo, el debate en torno a la reforma fiscal del Gobierno, un proyecto que contiene un asunto muy áspero para todos los partidos: la redistribución de una parte de la coparticipación municipal.

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“Vamos a dar tiempo para que vaya madurando el proceso y que cada uno se exprese, por ahora vamos a trabajar otros temas en las comisiones”, dicen desde el radicalismo. Secretamente, los radicales ya hicieron un “poroteo” de votos, para calcular cómo les puede ir cuando llegue al recinto el proyecto. La conclusión de estas cuentas sacadas “por arriba” fue que el oficialismo tendrá votos para sacar la reforma fiscal en Diputados sin demasiado problema. Un poco más le costaría en el Senado.

Pero nadie habla de que el proyecto llegue al recinto rápido, más allá del llanto constante de los intendentes por la pérdida de recursos, en un año muy difícil por los efectos de la caída de la recaudación y ajustes nacionales que al final de la cadena del reparto los afectan.

El oficialismo cuenta con mayoría en las dos cámaras, pero el gran problema es que este proyecto amenaza con meterles presión departamental a los legisladores, más allá de sus colores políticos. Recordemos: en la reforma fiscal hay un artículo que redistribuye el coeficiente de equilibrio de desarrollo regional, que representa el 10% del total de la coparticipación, para nivelar a las comunas.

Esa nivelación le quita recursos a intendentes que iban a recibir más dinero si se mantiene la distribución actual. A su vez, les da más plata a otros, bajo el argumento de que es necesario compensar las pérdidas que les produjeron los números del Censo 2022 en cuanto a densidad poblacional de cada distrito.

La densidad poblacional fija cómo se distribuye el 65% de la masa coparticipable. Por crecer más que otros en este sentido, a Luján y Maipú, que son administradas por opositores, les toca recibir más dinero este año. Del otro lado, al menos tres comunas radicales pierden bastante dinero: Godoy Cruz, Las Heras y Guaymallén.

La solución que desde fines del año pasado ofrece el Ministerio de Hacienda es la redistribución de unos 26.000 millones de pesos (el 10 por ciento de la coparticipación) con el criterio inverso al del censo: reciben más plata los que pierden en el ítem de la población y pierden fondos los que incrementaron sus recursos por tener más vecinos en sus territorios.

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Godoy Cruz es por lejos el más favorecido con este cambio: acapararía unos 7.000 millones de pesos extra. Luján, en el otro extremo, es que más pierde: le talarían unos 2.600 millones de pesos.

La estrategia del oficialismo para que este cambio pase el filtro legislativo es la misma de siempre. Insiste en que el cambio hace que “los municipios que pierden no pierdan tanto y los que ganan no ganen tanto”.

Pero saben que enfrente van a tener a intendentes que buscarán abroquelar a legisladores provenientes de sus departamentos, independientemente del origen partidario, para ganar la pulseada, más allá del juego de mayorías y minorías en el que usualmente se impone Cambia Mendoza.

INTENDENTES PROTAGONISTAS

Al menos dos intendentes comienzan a ser protagonistas en esta discusión. Por un lado el peronista Matías Stevanato, de Maipú, uno de los que puede traccionar votos para evitar que su comuna pierda recursos.

Tiene un legislador propio que es Juan Pablo Gulino y responde políticamente al intendente y el senador peronista (enfrentado con el jefe comunal), Duilio Pezzutti. Pero hay opositores como la diputada radical Giuliana Díaz y los senadores Sergio Márquez y Fernanda Sabadín. Valentín González, senador de La Unión Mendocina, representa a ese departamento.

Por el otro, Ricardo Mansur, de Rivadavia, no gana ni pierde en la redistribución, pero hace meses solicita que lo compensen con dinero por la pérdida de recaudación en regalías. Mansur ya no es radical y dejó en claro frente a varios referentes de instituciones que el proyecto lo perjudica.

En una reunión que se realizó el jueves, mostró un Power Point que vieron, en primera fila, Mauricio Di Césare y Miguel Ronco (de Cambia Mendoza) y la peronista Gabriela Lizana, quien ya ha dicho que ese coeficiente perjudica a Rivadavia. Según contó el intendente, los legisladores se comprometieron a defender los intereses del departamento y dice estar tranquilo porque hay dos votos que, asegura, no lo traicionarán: el de Di Césare y el de Elizabeth Crescitelli.

Esteban Allasino, de Luján, es otro de los que levanta la bandera contra el Gobierno y desde ya ha conseguido que su coalición política (La Unión Mendocina) adelante el voto negativo para la reforma fiscal del Gobierno. El “demarchismo” precipitó el anuncio aunque habrá que ver qué hace por ejemplo Gabriel Pradines, legislador de Guaymallén, que en ese caso votaría en contra de un proyecto que le hace mejorar los recursos a su departamento.

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Del mismo modo, de Luján proviene el senador radical y presidente provisional del Senado Martín Kerchner y el resto de los legisladores son opositores: las diputadas Laura Balsells Miró y Stella Huczac además del senador Germán Vicchi. Hay un detalle no menor acá: Luján de Cuyo es la cuna del Pro referenciado con Omar De Marchi y el bastión más populoso de La Unión Mendocina.

Los radicales descuentan el voto negativo de La Unión Mendocina y se concentran con el PJ, que está inmerso en divisiones que complican el panorama. También dejan flotando que hay legisladores que no viven en el distrito por el cual llegaron a la Legislatura y que serían ajenos a las presiones de los intendentes.

En el PJ, el control de los bloques legislativos está en manos de legisladores que responden a los intendentes más fuertes: Stevanato y Omar Félix (San Rafael). El nuevo reparto del coeficiente de equilibrio favorece a San Rafael, por ejemplo, pero los hermanos Félix dicen que el Gobierno les destina “migajas” y no paran de quejarse de los beneficios que recibe Godoy Cruz, gobernado por Diego Costarelli, un pupilo del gobernador Alfredo Cornejo.

Reclaman los sanrafaelinos que haya otro criterio en la distribución, que premie a departamentos que prestan servicios a los vecinos que viven muy lejos unos de otros, con mayores costos que los departamentos con más desarrollo urbano. El discurso, al menos, del peronismo mayoritario, es de confrontación con el Gobierno.

LA INTERNA DEL PJ

A pesar de que hay una batalla interna en el peronismo entre EL grupo de no kirchneristas y La Cámpora, desde adentro del PJ se afirma que los diputados y senadores del partido votarán la redistribución de la coparticipación todos juntos, sin divisiones esta vez.

El río está revuelto Y los radicales han preferido esperar para ver si llega la calma. “Este es un tema técnico que no le interesa a la gente”, afirman para distender. Acuden a la historia para traer antecedentes del, para ellos, nulo impacto en las sociedades de estas pulseadas por la plata entre los intendentes.

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Recuerdan que, en 1996, cuando nació el famoso coeficiente de equilibrio bajo gobierno peronista, el gran perdedor fue el radical Roberto Iglesias, quien era intendente de la Capital. A pesar de ello, tres años después, Iglesias se convirtió en gobernador. En sentido inverso, el intendente más beneficiado por la redistribución en aquel momento fue el peronista Rubén Montemayor, quien era intendente de Godoy Cruz. En 1999, a pesar de ello Montemayor perdió el control de la comuna a manos de la UCR. Las urnas siempre pueden ser argumento para torcer voluntades.