El Gobierno y las autoridades de la empresa Latam Argentina se reunirán hoy para intentar hallar una solución que permita a la empresa continuar sus operaciones en el país, aunque la intención de la firma de abandonar el cabotaje se mantiene.
La reunión será entre el ministro de Transporte, Mario Meoni, y la CEO de la compañía, Rosario Altgelt, quien ya se despidió de los empleados, a quienes les aseguró en una carta que los llamarán para iniciar retiros voluntarios.
Ayer, el CEO del Grupo Latam, Roberto Alvo, dijo en Santiago de Chile a la prensa que la decisión sobre la Argentina es “irreversible” porque no se dan las condiciones que permitan la sustentabilidad de la compañía.
“Nuestra decisión es suspender de manera indefinida las operaciones, tanto en vuelos domésticos como los que la filial operaba fuera del país. Estos últimos serán reemplazados con operaciones de otras filiales”, explicó Alvo.
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, continuará hoy analizando el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) que presentó la empresa. Y consultará con el presidente Alberto Fernández si lo acepta o no.
“Esto depende de una decisión política”, le dijo a La Voz ayer un alto funcionario del Gobierno. Se refería a que depende del Presidente si se ayudará financieramente a la empresa o no. Y más, en un contexto de fuerte sequía de recursos como la actual.
Ahora, el Gobierno debe decidir si acepta o no el PPC. Si le da ingreso formal y le asigna un número de expediente, tendrá diez días para resolver cuál será la propuesta oficial para la compañía, para que siga operando.
En ese lapso, tiene que convocar a la firma y a la representación sindical de los 1.715 trabajadores. Y mostrarles allí la batería de opciones de ayuda, que podrían ser subsidios y exenciones impositivas. Por la situación de crisis, esa posibilidad es lejana.
Si el Gobierno rechaza el PPC, Latam debe presentar a los trabajadores el programa de retiros voluntarios, pero este no podrá activarse hasta el 31 de julio porque hay un decreto vigente que prohíbe los despidos.
Y si la empresa avanza y propone retiros desde el 1 de agosto, tendrá que pagar la doble indemnización que está decidida también por decreto. Y con sueldos de pilotos que ganan 400.000 pesos mensuales de base, tendrá que poner una suma muy grande.
Por eso, los sindicatos están pidiendo al Gobierno que impida a la empresa llevarse los trece Airbus A320-200 que tiene en tierra desde el 20 de marzo cuando entró en vigor la cuarentena obligatoria. Temen que la firma se vaya sin pagarles las indemnizaciones.
Al igual que el líder de los pilotos, Pablo Biró, el jefe de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), Edgardo Llanos, dijo que la aerolínea busca “presionar” al Gobierno para “obtener beneficios financieros”.
Y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), que lidera Juan Pablo Brey, solicitó “una urgente audiencia” con Meoni y Moroni. “Una vez más y, como fue y es su costumbre, Latam procura que recaiga en los sindicatos y en los trabajadores una supuesta responsabilidad ante la medida patronal, que no dudó en dejar en la calle a más de 1.700 empleados”, afirmó la AAA.
El PPC presentado en Trabajo por la firma argumenta los motivos por los que llegó a la actual situación, haciendo hincapié en una “férrea oposición gremial”. Y se queja de que no cuenta con subsidios estatales para operar, como sí los tiene su competidora Aerolíneas Argentinas.
Según el texto, “existen restricciones históricas de competitividad, vinculadas a las relaciones laborales que Latam Argentina sostiene con los múltiples gremios de la actividad, que exceden por mucho lo regulado por la normativa general de la actividad”.
La empresa asegura que hizo múltiples intentos para negociar con los sindicatos los acuerdos bajar los costos laborales, pero no lo logró.
Ayer Meoni dio en radio La Red que el Gobierno “sabía” que esto podía pasar. La noche anterior, Fernández había hablado en el mismo sentido al sostener que “no” le “sorprendió” la decisión de la aerolínea porque este rubro está “muy golpeado por la pandemia”.
