El Gobierno creó Nodio, un organismo para supervisar medios: Adepa expresó su preocupación

Según Miriam Lewin, titular de la Defensoría del Público, es un observatorio que tiene como objetivo “proteger a la ciudadanía comunicacional". Qué dijeron desde la oposición.

Miriam Lewin, titular de la Defensoría del Público - Télam
Miriam Lewin, titular de la Defensoría del Público - Télam

La Defensoría del Público creó un organismo llamado Nodio, que “trabajará en la detección, verificación, identificación y desarticulación de las estrategias argumentativas de noticias maliciosas y la identificación de sus operaciones de difusión”, según la presentación en la página oficial. Desde la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) expresaron su preocupación tras lo anunciado por el Gobierno nacional.

Según Miriam Lewin, titular de la Defensoría del Público, el observatorio trabajará “en la detección y verificación de la información, en la identificación y desarticulación de estrategias argumentativas, la identificación de las operaciones de difusión y los sistemas de alertas”, entre otras acciones con el objetivo de proteger a la ciudadanía comunicacional.

La funcionaria sostuvo que “insultar a quien piensa distinto, cancelar a quien es diferente, descalificar, agredir y no argumentar, bloquea el diálogo y vulnera derechos. Construir con falsedades noticias que apelan a la emocionalidad y fortalecen prejuicios que fomentan la intolerancia es poner en riesgo la convivencia democrática”.

El anuncio encendió la alarma en dirigentes de la oposición, que expresaron el rechazo a un observatorio que, según dicen, es inconstitucional.

“Es peligroso para la libertad de prensa y expresión que el Estado asuma el rol de verificador de las noticias”, definió a La Nación Silvana Giudici, expresidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados y extitular del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom)

La referente de Juntos por el Cambio definió al organismo como un “primer paso” hacia la creación de un “Ministerio de la Verdad”.

En tanto, el diputado mendocino y presidente de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, expresó en Twitter: “El control a los medios de comunicación de la mano de un organismo del Estado es gravísimo. Es un ataque a la libertad de expresión de la mano de una política de persecución solo vista en los gobiernos dictatoriales. No es por ahí @alferdez”.

Por su parte, Adepa emitió un comunicado, a través del que manifestó su preocupación por la medida impulsada por el gobierno de Alberto Fernández.

"Como ha señalado Adepa respecto de proyectos similares que tuvieron lugar en la década pasada, la instauración de este tipo de órganos de vigilancia desde el Estado conlleva un riesgo cierto de que estos sean utilizados como método sutil de disciplinamiento o represalia por motivaciones ajenas a los principios que dicen promover. La propia conformación del panel de presentación, con la casi totalidad de sus integrantes identificados con un sector político claramente determinado, es un indicio de ello.

Una cosa son las iniciativas provenientes de la sociedad civil para promover el análisis crítico de los contenidos que circulan en el ecosistema digital. Otra muy distinta sucede cuando este tipo de propuestas provienen de organismos públicos, que perfectamente pueden utilizar estos mecanismos de ‘observación’ como una suerte de censura indirecta, estigmatizando opiniones diferentes y abriendo una peligrosa puerta para la consumación de conductas aun más graves, como persecuciones y criminalizaciones de la libre expresión", indicaron desde Adepa.

Y agregaron: "La mejor manera de combatir la desinformación y los discursos de odio es fortalecer el periodismo profesional y los contenidos de calidad, muchas veces no jerarquizados adecuadamente por redes sociales y plataformas digitales. Obviamente, nadie está exento de cometer errores, pero medios y periodistas son responsables ante sus audiencias, y judicialmente ante cualquier desvío o daño. Esta responsabilidad ulterior, prevista por nuestro ordenamiento legal y por los tratados internacionales, es la única que garantiza la libertad de expresión, según los estándares internacionales de derechos humanos.

Más allá de sus objetivos declamados, que un organismo público monitoree el ejercicio de la opinión y la información en una sociedad siempre es un llamado de atención para la libertad de expresión, que es, ante todo, un derecho de la ciudadanía".

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