El Gobierno y la oposición no kirchnerista intensificaron las negociaciones en torno a la “ley bases”. La firma del dictamen pasará para la semana próxima a la espera de que maduren los acuerdos, aunque la Casa Rosada ya hizo sus primeros guiños a la UCR en materia de financiamiento educativo.
Las conversaciones avanzaron este miércoles mientras el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, brindaba su primer informe de gestión en el Senado, en medio de una pausa en el plenario de comisiones que analiza la “ley ómnibus” recortada.
El debate se reanudará este jueves con 18 nuevos expositores y, a pesar de los deseos del oficialismo de apresurar el dictamen, primero deberá responder a un extenso pliego de pedidos de la UCR y bloques provinciales, que abarcan desde el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y el blanqueo hasta las privatizaciones y el monotributo social, entre otros temas.
La negociación de los senadores avanza por una doble vía: con el ministro del Interior, Guillermo Francos, a nivel político; y con el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, a nivel técnico. Rolandi, quien ya participó del debate en comisiones, acompañó este miércoles a Posse en la sesión informativa, junto al secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo.
“Estamos trabajando para tratar de lograr el dictamen, pero esto merece un ida y vuelta con todos los bloques”, afirmó un senador de la UCR que apuesta a que los cambios sean consensuados de modo de lograr un despacho único entre oficialismo y “dialoguistas”, para evitar que Unión por la Patria se quede con el dictamen mayoritario por el rechazo.
El radicalismo intentó llevar agua para su molino con reclamos educativos que fueron escuchados. El jefe del bloque, Eduardo Vischi, y su par Víctor Zimmermann fueron a ver este miércoles al ministro Francos y aseguraron haberse llevado un “compromiso” para garantizar el financiamiento de las universidades nacionales, por fuera de la “ley bases”.
Poco después de ese encuentro, se conoció que la UBA (Universidad de Buenos Aires) suspendió la emergencia presupuestaria después de que el Gobierno resolviera una actualización del 270% interanual para gastos de funcionamiento, aunque continúa la preocupación por los salarios, la investigación y la infraestructura.
Paralelamente, la Rosada garantizó la continuidad de la Universidad de Río Tercero (Córdoba), que había quedado en suspenso cuando asumió este gobierno. Las gestiones estuvieron a cargo del jefe del bloque de diputados radicales, Rodrigo De Loredo, el intendente Marcos Ferrer y la diputada Gabriela Brouwer de Koning, quienes se reunieron con la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, y el secretario de Educación, Carlos Torrendell.
Como broche de oro, el Gobierno está cerca de conceder otro reclamo de la UCR para incluir la educación entre los ítems del Pacto de Mayo. En el recinto lo planteó el senador Maximiliano Abad; Posse admitió que es una “prioridad” y que la propuesta está en estudio.
No obstante, para el éxito de la “ley bases” el oficialismo necesita el apoyo de un puñado de senadores de bloques minoritarios, entre los que se encuentran los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano. En la sesión, Carambia envió una señal negativa al pronunciarse en contra de las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas y del Correo Argentino.
El legislador denunció que trabajadores del Correo Argentino de Santa Cruz recibieron “amenazas” y fueron “perseguidos” para firmar retiros voluntarios “el 24 de mayo”. “No sé por qué el 24 de mayo… ¿será por el Pacto de Mayo?”, se preguntó irónicamente, y advirtió que tanto esa empresa como Aerolíneas son clave para la conectividad de su provincia.
Sin embargo, en su informe inicial, Posse defendió el pase de ambas compañías a manos privadas. Sobre Aerolíneas, indicó que registró el año pasado un déficit de $7.000 millones, y sobre el Correo informó que presentó $80.000 millones de deuda.
El jefe de Gabinete también respaldó el RIGI, otro de los puntos espinosos de la “ley bases”. “Todos sabemos que hay inversiones donde las proyecciones ya están hechas, solo falta la seguridad jurídica para concretarlas”, argumentó.
En otro pasaje de su exposición, denunció que “la CGT tomó una actitud bastante agresiva y distinta a la que había tenido con la gestión anterior”, al señalar que “este Gobierno ya fue confrontado con dos paros generales, el primero a solo 44 días de administración” y el último el pasado 9 de mayo.
Además, el funcionario dijo que en cinco meses de gobierno recibieron “casi 150.000 denuncias” a la línea telefónica 134 por “extorsiones, presiones y amenazas” para participar de movilizaciones, y definió ese accionar como un “sistema de esclavitud moderno”. Del total de denuncias, precisó, “9.000 aportaron pruebas para avanzar con causas judiciales”.
En tanto, elogió la actuación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la puesta en marcha del “protocolo antipiquetes”.
“Nos habíamos acostumbrado a que las calles estuvieran cortadas casi de manera cotidiana. Los niveles de piquetes de los últimos años estaban en el orden de los 10.000 por año”, sentenció Posse, y remarcó que en esta gestión “prácticamente no ha habido cortes de calles”.
Por otra parte, el jefe de Gabinete hizo un detallado repaso de la herencia recibida en materia económica y sostuvo que el actual gobierno “evitó una crisis que probablemente hubiese sido la peor de la historia”.
En ese sentido, advirtió que “la Argentina iba camino a la hiperinflación”, pero con las medidas adoptadas por Milei se inició un “camino descendente” cuya última cifra fue conocida este martes (8,8% de inflación en abril).
“Ya en enero no solo alcanzamos el déficit cero, sino que hemos llegado a un superávit de 4 billones (de pesos) en el primer trimestre”, afirmó, y agregó que esto “significa que somos un país solvente”. Según el funcionario, “es la primera vez que tenemos superávit desde 2008 y no tenemos que pedir nueva deuda ni recurrir a más impuestos ni a emisión monetaria que genera inflación”.
A su vez, reconoció que “Argentina tiene un serio problema de credibilidad” ya que “hoy los argentinos tienen medio PBI en el colchón”, lo cual consideró una “muestra de desconfianza” que se debe revertir.
