Rodolfo Suárez finaliza una semana en la que, realmente, tuvo qué mostrar. La puesta en marcha del Consejo Económico, Ambiental y Social y la entrada en vigencia de la denominada ley de Ficha Limpia fueron destacados por el Gobierno como hechos auspiciosos en la finalización de un año marcado por la emergencia sanitaria y las urgencias que la misma generó.
El amplio consejo asesor fue una de las promesas de campaña del Gobernador y contó con el apoyo mayoritario de la Legislatura para su creación. Aunque desde el justicialismo objetaron en esa oportunidad aspectos de su creación, también ese espacio tendrá representación en dicho órgano en su condición de principal sector de la oposición. Está bien que así sea, puesto que el Consejo deberá trascender en el tiempo y tal vez le corresponda a un futuro gobierno del PJ encargarse de su conducción. Ahora lo hará el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez. Un peronista no muy convencido decía en estos días que “en agosto del año que viene será ya buen tiempo para evaluar qué hizo el Consejo”.
Lo cierto es que el organismo sintetiza, según aseguran sus allegados, el estilo de gestión que más le convence al Gobernador, basado en la búsqueda de consenso y tomando la opinión de los distintos sectores de la sociedad. Es lo que se pretende con semejante estructura creada (86 integrantes) para reunir a prácticamente todos los espacios sociales representativos. El aporte de los ex gobernadores puede garantizar el anclaje institucional que consolide el funcionamiento.
Debe tenerse presente que tanto el justicialismo como distintos grupos empresarios de la provincia reclamaban al Gobernador, antes del anuncio de la constitución de este Consejo, la conformación de cuerpos similares. El PJ ya lo tenía en su plataforma electoral y apuntaba más a los grupos sociales más vulnerables. Los empresarios, por su parte, propiciaban ante el Ejecutivo una estructura consultiva mucho más acotada y destinada básicamente a atender los problemas del sector, especialmente los derivados de la inestabilidad económica que generó la pandemia a la par de la parálisis de actividades que dispuso la Nación.
Sin embargo, al inaugurar las actividades, el jueves, Suárez, con un discurso breve, marcó la primera tarea que debería encarar el órgano consultivo: cómo tener menos pobres en Mendoza. Aclaró que no piensa influir en lo que se debata y decida. Y también dejó abierta la puerta para que cualquier ciudadano pueda llevar su aporte a los ya numerosos integrantes del Consejo.
El Gobernador encargó así una tarea muy compleja a los consejeros intersectoriales. La pobreza es, seguramente, la mayor cuenta pendiente de la política argentina en democracia por el paulatino incremento que ha tenido dicho flagelo a través de los años. Y el escueto pero exigente reclamo del jefe del Ejecutivo de algún modo también confirmaría que muchas ideas desde el poder (nacional y de las provincias) no existen como para salir al cruce de esa tremenda realidad.
En cuanto a la ley de Ficha Limpia, la iniciativa de dos legisladores radicales (María José Sanz y José Orts) puso finalmente a la provincia en un lugar primordial a nivel nacional en lo que se refiere al combate contra la corrupción en el ámbito público.
Mediante una modificación a la ley de partidos políticos de la Provincia, se prohíbe que las personas sentenciadas por delitos contra la administración pública, entre otros, puedan aspirar a ocupar cargos legislativos o en el ámbito del Ejecutivo y del Judicial. Lo más sano desde el punto de vista institucional es que se produce, si se aplica correctamente la nueva legislación, una depuración de los precandidatos y candidatos que se presenten a primarias (si es que éstas continúan) y generales en las siempre vigentes listas sábana, que atraen por quienes las encabezan y encubren a muchos que llegan colgados de los más conocidos. Un paliativo si se tiene en cuenta que la dirigencia tampoco se pone de acuerdo sobre la urgencia de que se vote de una manera más transparente en cuanto a la identificación de los que se candidatean.
Suárez no dudó en hacer trascender la promulgación de la nueva legislación a través de las redes sociales, indicando que la norma “nos posiciona como la primera provincia que impide que quienes cometieron delitos de corrupción, contra la libertad y la integridad sexual, entre otros, puedan acceder a una candidatura u ocupar un cargo público de funcionario”. Eso es así. El alcance es, como ya se indicó, a los tres poderes del Estado. Las voces de ponderación de la medida, tanto por parte del periodismo nacional como de algunos sectores partidarios identificados, se reprodujeron con gran rapidez.
Aire fresco para una gestión que piloteó con acierto el flagelo de la pandemia pero que también tuvo momentos tensos con su oposición local en materia de números presupuestarios y cuentas públicas. Y que debió, más de una vez, agotar instancias para recibir de la Nación la ayuda crediticia que se requería para cubrir desfasajes por la falta de recaudación. Después de todo, para Suárez no fue tan grave la situación si se advierte cómo finalizó abruptamente la idílica relación que supo tener Rodríguez Larreta con Alberto Fernández y su equipo.
Y sobre el final del año también hay que detener la mirada en el tiempo electoral que se acerca. Para las legislativas nacionales de 2021 el gobernador Suárez sigue considerando que Alfredo Cornejo y Julio Cobos son garantía de aceptación ciudadana. Si encabezan listas, éste debería intentar volver a Diputados, mientras que el actual diputado nacional buscaría pasar al Senado luego de dos años como diputado. El mismo camino que recorrió Cobos en 2013 y 2015: buscar consolidarse a nivel nacional o regresar a Mendoza para, por qué no, intentar ser gobernador otra vez. En este caso, el tema a solucionar sería consolar a algunos intendentes radicales que se ilusionan con ser el tercer gobernador radical en forma consecutiva.
Otro detalle no menor para la política mendocina. Omar De Marchi fue designado vicepresidente primero de la Cámara de Diputados de la Nación en remplazo de otro legislador del Pro, Alvaro González. Este es un dirigente cercano a Horacio Rodríguez Larreta, mientras que el mendocino siempre estuvo muy ligado a Mauricio Macri, quien lo impuso en esta oportunidad, aunque sin resistencia por parte del jefe de Gobierno porteño. Justo en estos días en el Pro se reunieron, dialogaron y decidieron reunificar posturas y dejar de lado diferencias pensando en las elecciones próximas.
Para De Marchi ésta es una gran oportunidad que tiene para consolidarse en el plano nacional, donde ya se destaca por sus enfáticas intervenciones desde la banca cuando se discuten proyectos polémicos promovidos por el oficialismo. Esta designación también lo fortalece a nivel local, en nuestra provincia, donde sigue liderando al partido creado por Macri. Mantiene una correcta relación con el Ejecutivo provincial, pero varias veces ha hecho sentir su descontento con algunas actitudes que considera demasiado contemplativas por parte de Suárez hacia el gobierno de Alberto Fernández.