Un debate libre y vibrante no necesita la descalificación

En las últimas semanas, y ayer mismo, se reiteraron descalificaciones presidenciales injuriantes a medios y periodistas.

Como dijo la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) en su informe semestral de marzo pasado, todo funcionario tiene derecho a disentir, desmentir, replicar y criticar una información u opinión publicadas.

184 Junta de Directores de ADEPA: Informe de la Comisión de Libertad de Prensa e Información

Incluso el funcionario puede sentirse agraviado y tiene derecho a defenderse.

Pero debe hacerlo honrando su responsabilidad institucional.

Reemplazar esa actitud, aun firme y vehemente, por la argumentación descalificante, el ataque ad hominem, la injuria o la generalización estigmatizante de la profesión, genera un clima de hostilidad e intimidación de la labor periodística en sí.

Esto puede provocar efectos nocivos como la autocensura y el acoso digital, que incluso podría traducirse en violencia de otro tipo.

Por otra parte, y como ha dicho también Adepa, no es una buena noticia para las democracias el desafío económico que vive la industria periodística en todo el mundo, a raíz, entre otras cosas, de los abusos de los gigantes tecnológicos en el mercado publicitario y de distribución de contenidos.

La publicidad de los actos de gobierno y la rendición de cuentas, principios de la democracia

Por eso, el mundo capitalista y desarrollado está preocupado por la sustentabilidad del periodismo para la salud del debate democrático, como acaba de señalar la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

No es nada feliz que se celebren los problemas de la industria o de una empresa periodística en un momento en el que la democracia necesita como nunca del periodismo para mostrar los hechos relevantes, auditar el ejercicio del poder y favorecer una discusión informada de la ciudadanía, que trascienda los eslóganes, la viralización y las cámaras de eco.

Como decía nuestro reciente informe, “no se trata de una función autoasignada, sino del lugar que nuestros constituyentes de 1853/60, como los de toda democracia desarrollada, le asignaron. No se tuteló con esto un privilegio, sino el derecho de la ciudadanía a recibir la información que le permite conocer cómo se administran sus intereses”.

Sin libertad de expresión no hay democracia

La hora demanda discusiones elevadas, firmes y aún vehementes, no argumentar descalificando e insultando.

Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas. Buenos Aires, 9 de abril de 2024.