La Corte Suprema de Justicia restablece el imperio de la Ley

El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aprobado por unanimidad, ratificando la condena a prisión de Milagro Sala abre la esperanza que la Argentina reinicie el camino de fortalecimiento institucional que le permitirá afrontar los cambios que se requieren para salir del largo ciclo de estancamiento económico con las secuelas que muestran los índices de pobreza y indigencia.

El jurista Carlos Nino advertía en su libro Un País al Margen de la Ley el problema de nuestra sociedad, que básicamente consiste en la anomia frente a las cuestiones institucionales que afectan los derechos y libertades ciudadanas. Y la propuesta de que el que comete un delito tiene que rendir cuentas a la justicia, sea quien fuere.

La búsqueda de caminos para eludir a la justicia, la justificación de latrocinios y saqueos del estado -a veces escandalosamente, invocando el bienestar del pueblo- se fueron incrementando desde que Nino señalara, hace cuarenta años, esta infección en la sociedad argentina que afecta en primer lugar a las dirigencias y que han derivado en oligarquías cuya principal tarea es su auto preservación.

Cristina y Luciani, dos lógicas opuestas de entender el poder real

El fallo de la Corte Suprema sobre el caso Milagro Sala, y el siguiente, respetando los nombramientos al Consejo de la Magistratura que hicieran los bloques políticos de la Cámara de Diputados, de acuerdo a la ley y el reglamento de la Cámara, poniendo un freno a trampas de fulleros, que, pretenden poner a las instituciones al servicio de sus intereses personales y su impunidad, muestran a una Corte cumpliendo la función que le encomienda la Constitución: preservar a la misma de los intentos de violarla.

De eso de trata la división de los poderes de una República cuyos pilares son la libertad y la igualdad. Porque la Constitución no asegura buenos gobiernos, pero sirve para frenar los intentos de los malos gobiernos de avanzar sobre los derechos y libertades individuales.

No es casual que los senadores que representan a las provincias con peor calidad institucional, en las que las legislaturas son simples escribanías del gobernador y la justicia apéndices de los mismos, hayan votado el disparate de ampliación de la Corte, que en algún momento querían elevar a un miembro por provincia, olvidando que no somos una confederación de estados sino un estado nacional.

El caso “Juez”: una certeza, una duda

Estos gobernadores y los senadores a su servicio solo buscan una Corte que deje de ser un freno a sus atropellos como los que buscaron burlar la Constitución de sus provincias para obtener una segunda reelección o a veces, incluso, indefinidas.

Felizmente, los agravios que desde el gobierno, empezando por el presidente, que reiteradamente viola el artículo 109 de la Constitución Nacional, la vicepresidente y los corifeos que ocupan ministerios y bancas legislativas no han hecho mella en los Jueces de la Suprema Corte.

Parafraseando a Hamlet, no todo está podrido en la Argentina. Si esta actitud de los jueces supremos se va extendiendo hacia las instancias inferiores como una corriente de ejemplaridad e independencia de los otros poderes y de las corporaciones, podemos creer que el estado de derecho, es decir la vigencia de la ley, será lo normal en este país.

Seamos optimistas, la tradición republicana tiene raíces profundas en la Argentina y ha superado otras pruebas y otros intentos de instalar autocracias, con la complicidad de Cortes adictas, pero siempre vino la reacción de los que valoran los principios que nos legaron los padres fundadores.

¡Hay un poder de la República que está custodiando la legalidad¡

* El autor es miembro de número de la Academia Argentina de la Historia.