El craso error de privatizar los servicios públicos

A la luz de las actuales intenciones gubernamentales, entre las varias iniciativas aparece la idea de privatizar la totalidad de los servicios públicos. Aparentemente, la idea es obtener recursos financieros. En esta nota revisaremos los resultados de la experiencia privatizadora llevada a cabo en el país en la década de los ‘90. Para pensar.

En esa época, se instalaba la idea de la globalización como un proceso inamovible. Consistía en aplicar el modelo neoliberal, que plantea el respeto al mercado como el instrumento central. En este contexto nace el “Consenso de Washington”, cuyo declarado objetivo principal fue la “reactivación y promoción del crecimiento económico en América Latina”. Consistió en formular grupos de recomendaciones por parte de grupos de expertos (think tank), la academia (Universidad de Chicago), organismos multilaterales (FMI, Banco Mundial), etc. a ser aplicados a nuestros países afectados por la crisis financiera del momento.

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Las 10 líneas de recomendaciones fueron: disciplina fiscal; reorientación del gasto en subsidios; reforma tributaria; determinación de las tasas de interés por el mercado; tipos de cambio; liberalización del comercio; liberalización de las barreras a la inversión extranjera directa; privatización de las empresas estatales; desregulación; y seguridad jurídica para los derechos de propiedad. ¿No parece que en este momento Argentina está otra vez intentando adoptar las recomendaciones del Consenso de Washington?

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“Alumno modelo del FMI”

En los ‘90, Argentina prestamente se avino a aceptar las recomendaciones arriba definidas, con énfasis en materia de privatizaciones. Así Argentina fue considerada como el “alumno modelo” del FMI, ya que privatizó pronto y rápido una multitud de servicios públicos: YPF, Aerolíneas Argentinas, servicios de agua y saneamiento, telefónicas, ferrocarriles, correo postal, distribuidoras de gas y energía eléctrica y usinas hidroeléctricas, todo ello a pesar de la considerable oposición social. Por ejemplo, hacia fines de 1999, los operadores privados ya proveían los servicios de agua y saneamiento al 71% de la población urbana del país.

La mayor privatización tuvo lugar en Buenos Aires en 1993: Aguas Argentinas, que tenía 10 millones de usuarios, fue propiedad de cuatro grandes multinacionales. Los incumplimientos fueron muchos: solo 60% de cumplimiento del programa de inversiones; aumentó la tarifa por sobre la inflación; incumplió con la calidad del agua y el mantenimiento de la red; y solo conectaban a los barrios pobres cuando estos cubrían los costos.

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Dinámica de los procesos de privatización

Cada privatización contó con sus problemas particulares hasta la crisis de 2001, donde la rigidez de la pesificación de las tarifas, desató una cadena de demandas judiciales ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias de Inversiones (Ciadi), un foro del Banco Mundial.

Argentina encabeza el ranking de países con mayor número de demandas, con 62 casos.

Para dar una idea del costo incurrido en los juicios perdidos ante el Ciadi, en abril de 2005 el valor total de las 62 demandas de compensación presentadas al Ciadi por las empresas multinacionales ascendía a U$S 18.000 millones o más, si bien conforme a otros cálculos la cifra ascendía a U$S 80.000 millones! Pero aún hay más casos no resueltos en la agenda, El aporte de Mendoza en estas cuentas es de U$S 43 millones por la estatización de Obras Sanitarias Mendoza (OSM) en 2010, y U$S 170 millones pagados a Edemsa.

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El valor natural de las empresas públicas

Muchos son los antecedentes que prueban la falsedad que las empresas privadas son más eficientes que las públicas.

El FMI asevera que el costo del financiamiento en el sector público es invariablemente menor que el del privado. Esto es así porque el interés de los mercados de capital, son muy superiores a las del sector público.

Un trabajo del World Bank en 2005 resume evidencia econométrica acerca de la eficiencia relativa entre empresas públicas y empresas privadas, donde concluye que no hay diferencia significativa entre los dos tipos de propiedad.

La experiencia de Francia e Inglaterra muestra que los empresarios siempre se ingenian para aumentar las tarifas, reducir las inversiones comprometidas e incluso incurrir en la corrupción.

Los servicios públicos que tratan la distribución de fluidos, como la electricidad y el agua, por su estructura de monopolio regional requieren un ente regulador. Este costo, que no es trivial, no existe en la provisión pública.

Por el otro lado, las evidencias indican que el valor que de la experiencia y el “know-how” de los trabajadores de la empresa estatal constituye un capital humano que posibilita la recuperación y mejora de las empresas.

Un buen ejemplo es el caso de Aguas de Buenos Aires, con más de 2 millones de usuarios. La concesionaria cesó el contrato. La recuperación se realizó a través de la constitución de una cooperativa “13 de Setiembre” formada por los trabajadores. Su performance resultó totalmente exitosa.

Sobre la base de lo comentado, se recomienda crecer sobre la base de nuestra historia institucional, creando una cultura organizativa como la que lograron las empresas de servicios públicos a mediados del siglo pasado. Hacer y crecer con lo nuestro.

* Exdirector CELA-INA. Exprofesor FCE. UNCuyo.