La diócesis católica de Hong Kong ha afirmado que las confesiones de los fieles a los sacerdotes seguirán siendo confidenciales, incluso en el caso de que se apruebe la nueva ley de seguridad nacional propuesta por las autoridades de la ciudad. La diócesis católica de Hong Kong declaró en un comunicado que “reconoce que los ciudadanos tienen la obligación de garantizar la seguridad nacional”, pero que la nueva ley no puede “alterar el carácter confidencial de la confesión”
La nueva legislación, que está siendo considerada por el Consejo Legislativo de la ciudad, se suma a la ley de seguridad nacional impuesta por Pekín en 2020, en respuesta a las manifestaciones a favor de la democracia en el territorio. Se prevé que la nueva ley incluya duras penas de hasta 14 años de prisión para aquellos que no denuncien conscientemente actos de traición.
Aunque la diócesis no ha hecho pública su posición sobre la legislación, el grupo de derechos humanos Hong Kong Watch ha expresado su preocupación, señalando que esta medida amenaza directamente la libertad religiosa al obligar a los sacerdotes a revelar el contenido de las confesiones de los fieles.
De acuerdo a Amnistía Internacional, la Ley se dirige contra supuestos actos de “secesión”, la “subversión del poder del Estado”, “actividades terroristas” y la “connivencia con fuerzas extranjeras o exteriores para poner en peligro la seguridad nacional”. Para este organismo, “esta definición general de ´seguridad nacional´, que sigue la definición de las autoridades centrales de China, carece de claridad y de previsibilidad jurídica y se utiliza arbitrariamente como pretexto para restringir los derechos humanos a la libertad de expresión, de reunión pacífica, de asociación, y a la libertad personal, además de para reprimir la disidencia y la oposición política,.”
Por otro lado, las autoridades de Hong Kong han defendido la nueva legislación, argumentando que ya existía en el sistema jurídico de la ciudad bajo el nombre de “encubrimiento de traición”. El secretario de Justicia, Paul Lam, afirmó que sería difícil hacer excepciones para ciertas categorías de personas, como el clero o los trabajadores sociales.
El gobierno asegura que esta medida no afecta la libertad religiosa, a pesar de las preocupaciones planteadas por diversos grupos. Según datos de la diócesis de la ciudad, alrededor de 390.000 personas en Hong Kong son de confesión católica, lo que representa una minoría significativa dentro de la población de 7,5 millones de habitantes.