La consolidación de la libertad de prensa excede el papel de un gobierno - Por Adepa

La labor de la prensa argentina en el pasado semestre transitó un escenario dual: la bienvenida continuidad de un marco institucional de respeto a la libertad de expresión se conjugó con una situación económica que impactó con especial gravedad en la industria periodística.

El país enfrenta en estos días, una vez más, tiempos de incertidumbre. La prensa registra las tensiones del presente y al mismo tiempo las sufre. Nuestras crisis impactan en la industria periodística con mayor velocidad e intensidad que en otros sectores. La sustentabilidad de los medios argentinos está en riesgo y esto afecta  el ejercicio del oficio periodístico.

La salud de los medios de comunicación y de la libertad de prensa es afectada, a nivel global, por cuatro factores. Además de la coyuntura económica, impactan  la naturaleza y la dinámica del régimen político del país en que se desenvuelven; la transformación de sus estructuras, sus audiencias y su mercado y los movimientos de las grandes plataformas tecnológicas. Estos dos últimos factores son mundiales y siguen siendo un enorme desafío para el sector.

En nuestro país, se ven agravados por la situación macro, particularmente desde la crisis cambiaria de 2018. Todos los medios sufrieron una fuerte retracción publicitaria. A los diarios y las revistas, se les sumó un aumento abrupto de su principal insumo, el papel, por la devaluación y el incremento de su precio internacional. A este cóctel se agregó, tras las PASO, una nueva devaluación y una aceleración del derrumbe publicitario.

El gobierno de Mauricio Macri transita el último tramo del período presidencial que se inició en diciembre de 2015, con un positivo balance en materia de libertad de prensa. En esta etapa se desmontaron los mecanismos de hostigamiento contra periodistas y medios que se habían instalado en la anterior gestión. Regresaron las conferencias de prensa de los funcionarios; se restauraron los flujos de información; se despartidizaron los medios públicos; se sancionó la ley de acceso a la información pública; se reguló la distribución de la pauta oficial para que dejara de ser un instrumento para premiar o castigar. Se restableció, en definitiva, una relación madura, no desprovista de sanas tensiones, entre el poder político y los medios de comunicación.

Esta consolidación de la libertad de prensa excede el papel de un gobierno que la puso en su agenda; también es un avance de la ciudadanía en su conjunto, pues consideró que se trata de una base institucional para resguardar sus derechos y el resto de sus libertades. Se trata de un aprendizaje cívico y aspiramos a que sea un piso para la dirigencia futura, cualquiera sea su signo político. No solo a nivel nacional, sino también en cada provincia y municipio.

La libertad de prensa, no obstante, siempre está amenazada. En los últimos meses, en el campo judicial, constatamos diversos desconocimientos a principios arraigados en nuestro ordenamiento legal y en la jurisprudencia.

Uno de esos casos lo configuró, en junio pasado, la directiva de la jueza de Garantías 7 de Salta, María Edith Rodríguez, dirigida al Ente Nacional de Comunicaciones, en la que exigía a los medios locales y nacionales que se abstuvieran de publicar imágenes del conjunto musical Los Nocheros y de sus miembros individualmente, en el marco de la cobertura informativa de una causa judicial por la que se encuentra detenido el hijo de uno de los integrantes del grupo. En el mismo sentido, en agosto, el Poder Judicial de la provincia de Córdoba determinó que los medios locales deberían abstenerse de publicar un video sobre un choque de vehículos. Se trata de claros intentos de censura previa.

El episodio más preocupante, dentro del terreno judicial y en este año, es el procesamiento del periodista Daniel Santoro, dictado el mes pasado. La resolución del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, no se apoya en elementos que vinculen al periodista con los delitos con los que se lo asocia. Organizaciones como el Foro de Periodismo Argentino, la Academia Nacional de Periodismo y la Sociedad Interamericana de Prensa señalaron, al igual que Adepa, que la decisión judicial criminaliza el oficio periodístico. También desconoce la protección constitucional del secreto de las fuentes, plasmado en la solicitud por parte del juez de un registro de llamados telefónicos del periodista.

La más incomprensible de las decisiones del juez, y sin duda la más riesgosa para la libertad de prensa, fue la solicitud de una auditoría de las notas periodísticas de Santoro por parte de la Comisión de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. Señalamos, en su momento, que este tipo de acciones, además de chocar contra la Constitución y la jurisprudencia que reserva sólo al Poder Judicial el análisis de eventuales daños causados por la prensa, busca el amedrentamiento y la autocensura de la labor periodística.

Lo reiteramos hoy: el periodismo nunca puede estar sujeto a una auditoría gubernamental. Se trata de una contradicción esencial, porque la base de la prensa es, justamente, la de indagar y auditar los actos públicos. Del mismo modo, es necesario que la Justicia sea extremadamente cautelosa y restrictiva a la hora de establecer especulaciones respecto de la labor periodística, puesto que se transformaría en una espada de Damocles para el periodismo de investigación.

Muchos de los medios argentinos hicieron su parte en la transformación de sus estructuras. La calidad periodística y los niveles de innovación de nuestras redacciones son reconocidos a nivel global. La Argentina alberga las más modernas redacciones de América latina, medios que alcanzan los mayores indicadores de audiencia de habla hispana, investigaciones y coberturas que logran los más altos estándares de la profesión. El ritmo de transformación de su modelo de negocio es uno de los más acelerados de nuestra región. Suscripciones, contenidos patrocinados, comercio electrónico, eventos, nuevas y múltiples vías de ingresos que se agregan a las vertientes tradicionales. Desde las más pequeñas localidades, medios que han acompañado a sus comunidades a lo largo de décadas resisten la amenaza de la desertificación informativa y siguen apostando al periodismo. Pero los márgenes de viabilidad en el sector se han reducido significativamente en el actual contexto.

Representantes de los más distintos sectores de la política reconocieron la relevancia institucional de la industria al impulsar, el año pasado, las modificaciones a la ley de IVA que significaron un alivio para la prensa. Un alivio imprescindible y, al mismo tiempo, insuficiente.

Hoy los medios actúan en un contexto de competencia asimétrica. La mayor parte de la publicidad digital, que representa la principal porción de la torta publicitaria global, es absorbida por dos empresas. Google y Facebook se nutren de contenidos periodísticos, con los que obtienen beneficios económicos directos e indirectos, sin remunerar a sus generadores. Europa avanza en el reconocimiento de ese derecho central para la subsistencia de la prensa. Nuestro país debe seguir ese camino si pretende preservar el rol estratégico del periodismo.

Vivimos en sociedades polarizadas, fragmentadas y contaminadas por la peste de las noticias falsas. La cohesión de nuestras naciones y la legitimidad del proceso democrático están amenazadas. Es necesario que desde las políticas públicas se fortalezca y se impulse el periodismo profesional y la industria que lo sostiene. No para favorecer alineaciones ideológicas ni esquemas artificiales. Sí para sumar previsibilidad y sustentabilidad a un ecosistema cuya tradición, innovación y diversidad es reconocida en todo el mundo. Para que siga mejorando la calidad, corrigiendo sus errores y sirviendo cada vez mejor a la sociedad.

En pleno proceso electoral, invitamos a todos los candidatos a manifestarse sobre estos principios y a entablar un diálogo productivo con la industria periodística, alejado de cualquier resabio de confrontación estéril y reconociendo el rol distintivo que cada actor institucional tiene en democracia.

Presidencia

Martín Etchevers (Clarín) fue reelecto como presidente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), por la asamblea que convocó en Termas de Río Hondo a representantes de medios de todo el país. Raúl Pedone, editor general de Los Andes, continuará al frente del Área de Innovación en la Industria Gráfica.