Mal uso y abuso de los planes sociales

En la costumbre de usar eufemismos para no nombrar lo evidente, los argentinos podemos considerar a los delincuentes como víctimas; a los corruptos como equivocados, y a los transgresores como militantes.

Todo ello mientras las causas judiciales se convierten en lawfare y cualquier denuncia pasa a ser una operación.

En ese marco, no es extraño que se haya distorsionado la causa de los derechos humanos o que la pobreza sea utilizada como una excusa para los más burdos negocios.

Las desigualdades sociales se acumulan cada vez más

Debe decirse que décadas de insistencia han logrado lo imposible: muchos se han convencido de que el Estado debe darles algo, no importa el motivo, y que más allá de la seguridad, la salud y la educación, todos o casi todos somos acreedores a algún tipo de beneficio, sin que medie justificación alguna.

Tanto tiempo de ver a dirigentes y a funcionarios tomando lo que no les pertenecía ha dejado una huella tan profunda como dolorosa.

Y la investigación que lleva adelante el fiscal federal Guillermo Marijuan lo corrobora.

En un país con más del 40% de pobreza, con cinco de cada 10 menores de 18 años en situación vulnerable, los planes sociales han crecido de modo exponencial, sin orden ni concierto, para transformarse en una fuente de poder y de negocios por parte de quienes regentean la pobreza disfrazados de dirigentes, con el aporte nada desdeñable de políticos y funcionarios que deberían controlar lo que ya luce incontrolable.

Marijuan pidió a la titular de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, la baja de 159.919 planes Trabajar, que están destinados a “personas con una alta vulnerabilidad económica”.

El fiscal detectó que, desde 2020 hasta la fecha, los titulares de esa ayuda realizaron 802.906 viajes que se desglosan así: 817, en cruceros; 29.076, en avión; 83.974, en embarcación; 199.877, en micro, y 349.835, en automóvil.

De los viajes por vía aérea, 20.832 se efectuaron por Ezeiza, lo que implica salidas al exterior, lo que resulta un tanto incompatible con la condición de alta vulnerabilidad económica.

El fiscal solicitó la consiguiente baja de dichos planes e incluyó en la causa a la ministra del área por el manifiesto incumplimiento de los deberes inherentes a su cargo, detallando un perjuicio al Estado que asumiría –en un cálculo mezquino– unos $ 500 millones (a razón de $ 66 mil pesos mensuales por cada plan).

La importancia de la vivienda social

Puede parecer que, ante otros escándalos, este resulta menor, pero es apenas la punta de un iceberg de dimensiones colosales.

Nadie, sin embargo, debería llamarse a engaño.

Como en el tango, se requieren dos para esta lamentable coreografía: los responsables que gestionan, promueven y ejecutan este tipo de políticas delictivas, y quienes aceptan los beneficios: unos, convencidos de que saquear el Estado es una regla de la política; y los otros, dispuestos a recibir unas migajas como cómplices menores que prefieren no hacerse preguntas.

Justamente es esa la causa principal de la caída de los imperios a lo largo de la historia, esa proclividad de los ciudadanos a imitar mal lo que sus dirigentes hacen peor.