El mecanismo que rige el recorte de gastos implementado por el Gobierno nacional sobre las cuentas del Estado ha puesto en riesgo el funcionamiento de distintas reparticiones y políticas públicas cuya continuidad es imprescindible. En la práctica, el eslogan presidencial “No hay plata” se traduce en que el Gobierno no envía las correspondientes partidas de dinero a distintas agencias estatales. Eso provoca incertidumbre y conflictos.
A la polémica generada con los gobernadores por esta forma tan particular de administrar los fondos públicos (no por la austeridad, sino por la inflexibilidad extrema) vale sumar la que se desarrolla en el seno del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
El Conicet está virtualmente paralizado. El área administrativa tiene numerosos cargos sin designar, lo que impide, por ejemplo, obtener la necesaria autorización para la compra de insumos, muchos de ellos importados, vitales para las investigaciones que incluyen tareas de laboratorio.
Al personal contratado se le recortó a un trimestre de duración el contrato anual para 2024 y nadie sabe si se renovarán antes de fines de marzo. Quienes se postularon para ingresar como becarios doctorales ignoran quiénes y cuántos serán aceptados, ni a partir de qué fecha, porque se pospuso la difusión del resultado de las evaluaciones. Investigadores y profesionales que presentaron solicitud de promoción el año pasado tampoco saben qué evaluación y dictamen recibieron sus pedidos. Por ello, es factible afirmar que la continuidad de varios proyectos de investigación está en riesgo. En declaraciones periodísticas, Daniel Salamone, designado presidente del Conicet por Javier Milei, señaló que no hay nada cancelado, pero reconoció la necesidad de posponer muchas decisiones hasta tanto se ordene la economía.
El ordenamiento macroeconómico demandará tiempo. Mientras tanto, el Gobierno, como administrador del Estado, tiene obligaciones de las que no debe desentenderse. Bien se puede aplicar el concepto de la “continuidad jurídica”: cuando cambió el gobierno, cambió la ideología del gobernante; pero no el marco legal que regula la administración del Estado.
Milei tiene derecho a querer reformar el Estado. Supongamos, en función de sus afirmaciones, achicarlo, reformularlo, tornarlo más eficiente. Pero hasta tanto ponga en marcha ese plan, debe asegurar los fondos para el normal desempeño de cada área.
La estrategia oficial, en este punto, ya ha mostrado su costado problemático: como no hay Ley de Presupuesto para este año, se prorrogó la del año pasado; entonces, cada repartición debiera manejarse con los mismos recursos de 2023. Pero como la inflación anual superó el 200%, los montos del año pasado ahora podrían agotarse en un cuatrimestre o menos. De ese modo, el ajuste equivaldría a que el Estado deje de funcionar, lo que resulta un contrasentido.
En un famoso debate que tuvo lugar en la India, poco después de que la nación asiática declaró su independencia, hubo quienes advirtieron que el naciente país era demasiado pobre para darse el lujo de hacer ciencia. El primer ministro Jawaharlal Nehru, en su respuesta, corrigió de manera admirable ese razonamiento: somos tan pobres, dijo, que no podemos darnos el lujo de no hacer ciencia. El Gobierno debiera tener presente la crucial diferencia entre ambas posiciones.
