Con las medidas dadas a conocer en la semana por el ministro de Economía, el gobierno nacional comenzó a esbozar un ambicioso plan económico con el que pretende que la Argentina deje atrás la penosa crisis económica y social actual, producto de décadas de desaciertos en la implementación de políticas públicas.
Sin duda, para que semejante propuesta se pueda concretar hará falta del consenso político, que principalmente debe lograrse en el ámbito del Congreso, donde se discuten y votan las leyes que la sociedad necesita.
Lo ideal pasa por pensar en una suerte de continuidad de políticas económicas, que a partir de ahora traspasen administraciones partidarias detrás de un objetivo determinado y proseguido en los tiempos venideros.
No obstante, será necesario comprobar previamente la efectividad de lo que ahora comienza a ponerse en práctica.
Es indudable que la situación general del país que han recibido las nuevas autoridades resulta en varios aspectos difícil de sostener. La pesada estructura del Estado, el desorden cambiario, las restricciones generalizadas en materia económica, la desenfrenada inflación, entre otros problemas, condujeron a una suerte de encerrona que puso en riesgo la estabilidad general de la Argentina. Se impone, conforme lo anunciado insistentemente por el Presidente, un fuerte ajuste fiscal que conduzca a la eliminación de numerosos espacios de ineficiencia y malgasto.
Ante dicho panorama, es preciso un cambio estructural, en línea con lo que propone la nueva administración nacional, que deberá abarcar a todos los sectores de la sociedad. Será primordial la menor injerencia del Estado en lo correspondiente a la economía.
En ello coinciden los nuevos funcionarios y una buena parte del empresariado, altamente preocupado por el nivel de crisis alcanzado, especialmente en los últimos cuatro años por imperio de un cortoplacismo explosivo a modo de paliativo.
A la par, el Gobierno deberá contemplar la imperiosa implementación de medidas de contención social para salir en ayuda de los sectores en mayor medida afectados económicamente, que ya vienen siendo seriamente golpeados por las erradas políticas que condujeron al país a los actuales niveles de pobreza y que, con toda seguridad, también sentirán el rigor de la turbulencia agravada camino hacia la anhelada estabilización de la economía.
El anunciado mantenimiento de los planes sociales vigentes y la autorización al área gubernamental de Desarrollo Social para salir en ayuda de los más necesitados hablan a las claras de la preocupación del presidente Javier Milei y su equipo por las consecuencias sociales del necesario reacomodamiento de la economía nacional. Como señaló en más de una oportunidad el titular del Poder Ejecutivo, el área social de su gobierno es la única con licencia para desembolsar más allá de lo previamente presupuestado.
Será pertinente una nueva identificación de los espacios de la sociedad visiblemente vulnerables en virtud de un reacomodamiento económico que inevitablemente agravará, aunque sea por un plazo determinado, la crítica situación de vida de miles de argentinos.
La rotunda respuesta en las urnas a una propuesta de ajuste que ponga fin a décadas de fracasos políticos merece ser contemplada por el flamante Gobierno a la hora de pensar en cada paso que dé hacia su objetivo de estabilidad económica.
