Un anticipo de esta iniciativa ya había sido expuesto por el gobernador Quintela el 8 de mayo, un día después de su reelección como titular del Poder Ejecutivo de La Rioja. En esa oportunidad estuvo acompañado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández.
En su discurso ante los constituyentes, entre los que el peronismo riojano tiene amplia mayoría, el Gobernador encendió alertas en la prensa independiente del país al indicar, entre otros conceptos, que es pertinente discutir sobre “la libertad de expresión y la gobernanza” de la prensa.
Sin demora, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) expresó preocupación por la voluntad del gobernador riojano de vincular la tarea periodística con la gobernanza, ya que dicho razonamiento conduce a pensar en el establecimiento de regulaciones por parte del Estado en la forma de desempeño que le corresponde ejercer a los medios.
Remarca Adepa que la libertad de expresión y la tarea de los periodistas “no son concesiones de las autoridades, son un derecho ciudadano”, por lo que “así deben ser ejercidas y respetadas”. Los basamentos de dicho derecho se encuentran consagrados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales de derechos humanos.
Es pertinente reiterar que Quintela cree “oportuno vincular la tarea periodística con la gobernanza, entendiendo a ésta como el grado en que se hacen realidad los derechos humanos”. Al respecto, debe aclararse que, de acuerdo con lo establecido por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los atributos de la buena gobernanza incluyen transparencia, responsabilidad, rendición de cuentas, participación y capacidad de respuesta a las necesidades de la población. Todos preceptos que deben cumplir sólo quienes ejercen cargos en los poderes del Estado.
Por ello Adepa recordó que, en aquel anticipo de sus ideas en el mes de mayo, el gobernador Quintela había sostenido que consideraba necesaria la creación de una red de medios de comunicación en el interior con el objetivo de diferenciarse, fundamentalmente, de los canales de TV de alcance nacional, a los que criticó abiertamente en su faz periodística.
En coincidencia con el pensamiento de Adepa, cabe reiterar que es sumamente riesgoso que en un sistema democrático cualquier gobierno, ya sea nacional o provincial, pretenda actuar como juez o árbitro de la veracidad de la información, o tener injerencia en los contenidos de los medios de comunicación. El antecedente más peligroso figura en la Constitución Bolivariana de Venezuela, donde se estableció el concepto de información “oportuna, veraz e imparcial”, definición duramente objetada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Es de esperar que tal iniciativa no prospere en los términos planteados, en primer lugar, porque las verdaderas democracias del mundo procuran garantizar la vigencia irrestricta de las libertades de expresión y de prensa. Además, porque esta movida del gobernador riojano puede ser el punto de partida para una embestida mucho más amplia en el país.