Vuelta al cole (o al caos)

Luis Abrego - labrego@losandes.com.ar

El gobierno de Alfredo Cornejo está decidido a pintarse la cara para dar la batalla cultural contra lo que considera un abuso en el sistema educativo con la distorsión del denominado presentismo, que al día de hoy tiene tantas excepciones, que ha quedado casi como una pieza de colección en el universo burocrático de la Dirección General de Escuelas (DGE).

Para fundamentar su empecinamiento con el polémico “ítem aula” con el que pretende premiar no sólo la asistencia sino también la continuidad de los maestros en el curso, blande una estadística contundente. Funcionarios provinciales aseguran que durante 2015 hubo, entre todos los ítems, 500 mil pedidos de días de licencia de los docentes mendocinos. “El tema es que son horas de aprendizaje que perdieron los chicos…”, razonan los cornejistas.

Para el SUTE, el “ítem aula” es directamente discriminatorio y por ello se encaramaron sobre él para constituirlo en uno de los emblemas del rechazo a la propuesta oficial que del 18,9% trepó al 22,6% que hoy, indican los funcionarios, “es inamovible. Mendoza está quebrada y los sindicatos lo saben.

Además, les hemos hecho una propuesta que prevé ser rediscutida en julio, cuando en otros lugares están planteando un 25% pero anualizado”, argumentan desde el Ejecutivo.

Sin embargo, parecería haber un problema anexo. El famoso “ítem aula” es un “invento” del propio Cornejo, que -juran- no pretende atacar a aquel que trabaja y cumple (mucho menos al que se enferma o quiere capacitarse), sino que apunta a los vericuetos legales que básicamente benefician a aquellos favorecidos con las denominadas misiones especiales, cambio de funciones y -particularmente- con licencias gremiales. “Es la primera vez que un ítem se piensa en beneficio de los alumnos y no de los docentes” sentencian en los pasillos de Casa de Gobierno.

El asunto aquí es que el proceso de las paritarias nacionales, pero también en Mendoza, se ha convertido en un claro ejemplo del cambio de época derivado del nuevo mapa político tras las elecciones de 2015. El intercambio de roles entre oficialismo y oposición hace que los argumentos y las posiciones también hayan rotado en este breve tiempo que va desde el 10 de diciembre a esta parte.

En el caso de la discusión docente, que siempre bajo el fantasma de la posible postergación del inicio de clases asusta tanto a los gobiernos nuevos como a los que transitan el final del mandato, ha puesto sobre el tapete no sólo la renovada actitud de gobernantes y de sindicalistas, sino también otros asuntos más profundos, como la misma concepción del Estado. O en todo caso, la responsabilidad de unos y otros en un contexto de crisis ineludible, con responsables tan concretos que hasta cualquier mendocino sería capaz de ponerle nombre y apellido.

Los que hasta ayer negaban la inflación, o decían que el impuesto a las Ganancias era un tributo de casi “ínfima” incidencia -según aseguraba Kicillof-, hoy cuestionan con acierto las contramarchas del macrismo en el Indec pero dicen, livianamente, que elevar a 30 mil pesos el mínimo no imponible es “insuficiente”.

Incluso más, desafían al gobierno con reformas inconclusas respecto a la modificación de las escalas o los imprescindibles cambios en Bienes Personales que el Ejecutivo nacional ha prometido para más adelante. Parecería que al kirchnerismo no le alcanzaron doce años para mover alguna de estas piezas que todo el arco opositor, incluso el variopinto abanico sindical (aunque con más o menos fuerza), le reclamaba a Cristina Fernández y que ella, siempre se negó.

Es más, los gremios y las centrales sindicales cercanas o directamente alineadas con la Casa Rosada en la era K vienen poniendo en duda, incluso desde la campaña electoral, la concreción misma de las paritarias. Está claro que eso no ocurrió.

La nueva oposición está ahora preocupada por la “tremenda” inflación que parece haberse desatado en Argentina el día que Cristina dejó de gobernar por lo que cualquier porcentaje ofrecido resulta escaso.

Es ese mismo kirchnerismo que fue tan progresista como para cobrarle ¡impuesto a las Ganancias! a los asalariados, como si el trabajo fuera una fuente de generación de renta extraordinaria; y que a la vez consideró que un patrimonio de más de ¡305 mil pesos! debía tributar Bienes Personales, y que ahora se pone en defensor de las “conquistas y derechos adquiridos” de los trabajadores ante un “contexto de ajuste”.

Previendo ese cambio de roles, y esa preocupación repentina de gremios como el SUTE, cuya dirigencia siempre se sintió muy cómoda para negociar con los Jaque o los Pérez (salvo algunas escaramuzas menores o sobreactuaciones para las cámaras de la tevé), es que Cornejo intentó aprovechar para cambiar también el paradigma cultural sobre para qué sirve el Estado.

En su discurso de asunción, pero también en campaña, el gobernador había advertido sobre las dificultades financieras que cualquiera que ganara la gobernación iba a recibir. Precisó asimismo, que un Estado no podía restringirse a pagar sueldos, y que en todo caso debía aspirar a prestar servicios “de calidad”.

Por último, Cornejo planteó otro modelo provocador y desafiante para los sindicatos. El Gobernador, ni sus funcionarios, es “la patronal”; en todo caso, los patrones (como le gusta repetir con insistencia épica a la izquierda) son los ciudadanos, que no sólo sostienen al Estado con el pago de sus impuestos, sino que también son los beneficarios de esos servicios públicos que hoy no son de calidad. No lo son en materia educativa, como tampoco lo son en lo que concierne a la Seguridad, la Justicia, la Salud, la Vivienda y muchos ámbitos más.

En esa línea, el director general de Escuelas, Jaime Correas, no tuvo más que abundar el argumento. Aquí, los “patrones”, en todo caso, son los padres y los alumnos. A ellos tendrán que rendirles cuentas los gobernantes, pero también los gremios.

Nada de esto parece haberse tenido en cuenta en lo que va de la paritaria docente. La discusión hoy está trabada y casi sin salida. La colisión entre los derechos de una corporación (legítimos tal vez, pero difícilmente oportunos) y la sana atribución de una gestión que con un poco más de 70 días en el poder pretende ordenar las cuentas que dejó un gobierno que ni siquiera pudo terminar de pagar los sueldos antes de irse, pero que a su vez pregona la responsabilidad fiscal como un mantra que repela los excesos de sus antecesores, es evidente.

Por lo pronto, mañana la fractura entre el SUTE y el gobierno quedará expuesta. La escalada verbal de los maestros y los plenarios en los que se discutió una propuesta rechazada de antemano y sin que el gremio haya dado indicio alguno del porcentaje que pretende, hace inevitable el choque de trenes que se concretará el lunes cuando se reanude el debate en la Subsecretaría de Trabajo y con ello corra riesgo el inicio de las clases el próximo 29 en Mendoza.

Una convicción adicional anida en el entorno de Cornejo ante lo que se prevé será el indefectible paro docente: “Día no trabajado es día no pagado”, repiten escudándose, incluso, en fallos de la propia Corte en ese sentido. Pero también, son días que no se compensan ni se negocian, como ha sucedido otros años a la hora del acuerdo, porque entienden que eso es lisa y llanamente “malversación de fondos públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. La disputa, de ambos lados, está planteada y no parece haber margen para cambios repentinos de posturas.