Tupac: la causa ya tiene quien la juzgue

La investigación judicial contra la Tupac Amaru de Mendoza ingresó en una nueva etapa con novedades. La fiscal Gabriela Chaves fue denunciada en la oficina  fiscal de Lavalle y en la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura por "privación ilegítima de la libertad y apremios ilegales" por los abogados Horacio Báez y Alfredo Guevara defensores de la dirigente Nélida Rojas. 

Mientras, la Suprema Corte definió que María Cristina Pietrasanta (Primer Juzgado de Garantías) pase a desempeñarse como jueza de la causa, tras un conflicto de competencias que demoró más de 40 días en resolverse.

Ahora Pietrasanta deberá decidir si Rojas recupera la libertad o continúa con prisión preventiva.

Por su parte Chaves ratificó sus acusaciones por “asociación ilícita agravada, extorsión, estafa y coacción agravada” contra la dirigencia de la Tupac. Y dijo que detectó en al menos dos de los balances de las 20 cooperativas investigadas (Nehuén y Cooperativas del Este) que “las firmas no pertenecían a quienes figuraban como responsables”. Y que éstos “afirmaron que no sabían que integraban una cooperativa”.

En la Legislatura se llevó a cabo un acto de respaldo a la organización en el que estuvieron familiares, militantes de derechos humanos (María Domínguez, Ramón Abalo) y legisladores (Luis Bohm y Guillermo Carmona).

“No tengo un Audi ni nunca me subí a uno. Nunca hemos estado con armas, ni joyas, ni bolsos de dinero”, afirmó Federico, uno de los ocho hijos de Rojas. Su madre está detenida en Aguas de las Avispas, su padre Ramón Martínez en Boulogne Sur Mer, mientras a dos de sus hermanas (Leonela y Carla) y a su cuñada Fanny se les dictó prisión domiciliaria.

La Tupac denunció que el viernes pasado la policía llevó a cabo 26 detenciones en barrios construidos por la organización en Lavalle y que el sábado pasado familiares de Rojas fueron detenidos “por averiguación de antecedentes” mientras el vehículo en el que se transportaban era secuestrado en el Acceso Norte. En tanto los abogados Báez y Guevara denunciaron l existencia de un “hostigamiento político” y “actos intimidatorios” de los que responsabilizaron “al gobernador Alfredo Cornejo y al procurador Alejandro Gulle”.