Seguridad pública: infalibles en el error

El tsunami del delito no se detiene, se agrava cada día. El oficialismo, a través de la verborragia intrascendente del jefe de Gabinete, intenta -con cifras tramposas- convencernos de que estamos mejor que el resto del mundo y que todo es una sensación instalada por los medios destituyentes.

Sin embargo, el reclamo de seguridad se encuentra en el más alto nivel de las demandas sociales y engrosa el mosaico de frustraciones que deja como herencia el universo “K”. La negación, la indiferencia y la descarada complicidad son razones que informan el desborde, la indisciplina y la inseguridad ciudadana o, en términos de las fuerzas policiales, la “pérdida de la calle”.

El modelo nac&pop ha logrado dinamitar el elemental mandato constitucional de orden público y la titularidad del monopolio de la fuerza como herramienta exclusiva para hacerlo efectivo.

Es el Estado el que debe reprimir al delincuente (hacer cesar el delito inminente), para asegurar la vida y los bienes de los ciudadanos, que se encuentran amenazados en sus libertades. Estas amnesias constitucionales nos han llevado -entre otros dislates- a mal vivir, en un país lleno de oportunidades donde la corrupción ha engangrenado los órganos indispensables para nuestro desarrollo como Nación.

Los pseudo garantistas hacen pagar a la sociedad toda su “declamado humanismo” con víctimas honestas e inocentes. La delincuencia mutila familias y personas de bien, amparada por discursos laxos que sólo expresan el onanismo intelectual de quienes se enamoran escuchándose a sí mismos.

¡Deberían renunciar a tanta cháchara inconsistente para dar herramientas eficaces y designar funcionarios probos que pusieran su saber al servicio de cubrir una demanda que ya no puede dilatarse más!

En los extremos de la vida, ancianos y niños asesinados, violados y degradados en episodios que se suceden, unos tras otros, y parecen inhibir la capacidad de reacción de una sociedad paralizada.

Las consecuencias lacerantes del delito, potenciado por la droga y el crimen organizado del narcotráfico, se han tornado insoportables. Sin embargo -como si no hubiera urgencias- asistimos azorados a debates, jornadas, foros y congresos que sobrediagnostican la realidad pero nunca implementan un programa de acciones que lleven tranquilidad y concordia a todos los niveles de nuestro quehacer diario.

Las organizaciones de control social, que como ningún otro servicio público llevan ínsito el mandato de arriesgar su vida para defender al prójimo, tampoco encuentran contención en un discurso que desde la tribuna “progre” los maltrata, los degrada y los enfrenta a la indiferencia en lugar de reconocerlos en su profesión imprescindible y peligrosa.

¿Cuál -pensamos- será la consecuencia de esa falta de atención oficial? Sin dudas, aunque nadie lo reconozca, los encargados de enfrentarse a las miserias del delito mirarán para otro lado, rehuirán situaciones complejas y actuarán conforme al dañino “no te metás” argentino.

Ninguna comunidad organizada protege el futuro de su pueblo, su desarrollo humano y su potencial económico con una policía desmotivada, trabajando a desgano y sin el reconocimiento de quienes han levantado banderas afirmando que el orden y la disciplina son la antesala del autoritarismo. Por ese camino, ¡no son pocos los que creen que los derechos se otorgan sin obligaciones y que la anarquía es una meritoria expresión de libertad!

Por supuesto que a los funcionarios responsables de conducirlas les tocará la enorme tarea de fijar reglas de conducta y ser inflexibles, puertas adentro, con el cumplimiento irrestricto de las normas. Pero jamás una organización de esta naturaleza puede soportar el desafecto de sus ciudadanos y, a la vez, actuar en protección de sus bienes más preciados. Quien afirme lo contrario seguirá engañando las expectativas de la gente.

No nos toca desafiar una dictadura. No nos hace desaparecer un Estado totalitario. Sin embargo, un gobierno que no reconoce el crecimiento exponencial del crimen y las situaciones escalofriantes que genera está subestimando y sepultando en la intrascendencia a miles de comprovincianos y de argentinos. ¡Está clasificando arbitrariamente el concepto de derechos humanos, reivindicando o negando los mismos de acuerdo a sus mezquinos intereses partidarios!

Desde la oposición no debemos hablar a media lengua sobre el tema. No se trata de quedar bien con la sociología ni utilizar solamente el atajo de la obvia “prevención educativa”. El mientras tanto de la inclusión social y la resocialización no nos puede hacer rehuir la batalla central contra el quebrantamiento de la ley.

Si continuamos susurrando y omitimos hablar de medios de acción inmediata, el delito y su escalada, la noticia del padre, de la joven y del comerciante secuestrados o asesinados a mansalva seguirá inundando nuestra cotidianidad, mientras nos distraemos poniendo en una cancha de fútbol alguna de las lacras que padecemos.

Ninguna virtud de los pretendidos “derechos humanos” y del “progresismo” en serio: solidaridad, paz, cooperación, libertad, igualdad, progreso, pluralismo, tolerancia, diálogo, consenso, participación será posible si como materia previa no protegemos, ya, la inocencia de los niños, la madurez de los adultos y la sabiduría de los ancianos, indefensos contra la injustificada crueldad del delito. De lo contrario, daremos otro paso para eternizarnos en el error.