Por la inseguridad, en Venezuela ya venden ropa antibala

Con ropa de diseño a prueba de balas, vehículos blindados y guardaespaldas para toda la familia, algunos venezolanos se protegen, a un alto costo, de la delincuencia que azota al país sudamericano, el segundo más violento del mundo en cuanto a tasa de homicidios.

Cualquiera de las opciones anteriores, en otros tiempos, eran exclusivas para preservar la seguridad de presidentes o artistas extranjeros famosos como Ricky Martin.

Pero con casi cuatro secuestros semanales durante 2014 y 65 asesinatos diarios -según cifras oficiales y de las ONG, respectivamente- los ciudadanos buscan maneras de protegerse.

Miguel Caballero, colombiano reconocido por sus diseños de ropa blindada, explica que en los últimos 7 meses, entre 20% y 30% de sus clientes compran sus prendas para protegerse durante su estadía en Venezuela.

Son empresarios y políticos venezolanos, pero también extranjeros que “por prevención, para desplazarse en Venezuela, llevan nuestra ropa”, agrega.

Al ver que la demanda de sus productos en Venezuela se equiparaba a la de Colombia y México, en abril el colombiano dispuso un distribuidor en este país con las mayores reservas petroleras mundiales, pero también conocido por la saña de sus delincuentes y por los millones de armas ilegales que circulan por sus calles.

Apenas 910 gramos caen sobre el cuerpo al colocarse una camiseta blindada de Miguel Caballero; 1,7 kilos si el cliente se decide por una chaqueta de las llamadas “Classic”, que se ve como cualquiera, sin muchas señas de que pueda atajar con sus planchas una bala de pistola, revólver e incluso de subametralladora. Pero al tacto sí se siente el blindaje hecho con fibra de aramida bajo la gamuza.

En Caracas, Rodolfo Asensi, el distribuidor de Caballero, muestra uno a uno los diseños. Él mismo entró en el negocio porque su familia fue víctima de un secuestro y entonces necesitó “una chaqueta, un chaleco, algo para protegernos”.

Hasta el momento, ha atendido a comerciantes, empresarios que compran para ellos y sus escoltas, extranjeros y hasta esposas que quieren proteger a sus maridos e hijos, todos dispuestos a pagar desde U$S 2.000 según la prenda.

“Aquí se trabaja con el miedo de la persona. Dependiendo de cuánto miedo sientes en tu día a día, decidirás si compras o no la chaqueta”, dice.

Pero algunos venezolanos han considerado cada vez más otras opciones, no más accesibles, como la del blindaje de autos. Desde 2007, las empresas dedicadas al negocio han pasado de ser 18 a más de 40.

Un empresario que prefirió el anonimato pagó unos 40.000 dólares por blindar su auto y el de su esposa. “Es un dineral, pero lo hago por la seguridad de mi familia”, explica. Además, tiene un escolta fijo por el que paga unos 2.500 dólares mensuales al cambio oficial.

En viviendas y empresas se instalan cámaras de vigilancia, alarmas y, en autos, botones de pánico y servicios de geolocalización para saber dónde están los hijos.

Rafael Cadalzo, presidente de la blindadora V-Safe, dice que, además de vehículos, en su empresa han blindado hasta ventanas de casas.

Iván Rouvier, director de la empresa asesora de seguridad Black Hawk, agrega que se han hecho comunes las contrataciones de carros blindados con escoltas para trasladar a jóvenes y adultos a fiestas o eventos sociales nocturnos de fin de semana. “Está muy de moda y cuesta 6.000 bolívares (952 dólares a cambio oficial) por entre seis y ocho horas”, dice.

Sin embargo, como no todos los venezolanos tienen para pagar estos servicios, muchos prefieren planificar actividades que inicien y terminen temprano: si son fiestas, tratan de quedarse en la casa del anfitrión hasta el amanecer.

Otros, sencillamente, han optado por encerrarse en sus casas cuando cae la noche.

La reforma policial, tarea inconclusa del chavismo

Mafias incrustadas, comisión de delitos, pocos efectivos en las calles, bajos salarios: el presidente venezolano Nicolás Maduro anunció una “revolución policial” que incluye una reforma y depuración, tarea pendiente a pesar de numerosos planes de seguridad implementados por el chavismo.

A mediados de esta semana, Maduro prometió una “profunda depuración del sistema policial” de Venezuela, el segundo país más violento del mundo en cuanto a tasa de homicidios -53 por cada 100.000 habitantes-, según la ONU.

Este anuncio se produjo a raíz de la conmoción desatada por el asesinato, a principios de octubre, del joven diputado chavista Robert Serra y de que se descubriera, según las investigaciones, que dos policías en actividad que se encargaban de su seguridad habrían participado en el crimen.

El problema de la inseguridad, junto con el deterioro de la economía, es el que más preocupa a los venezolanos y se ha agudizado en los últimos años, pese a los más de 20 programas que en la materia puso en marcha el chavismo, en el poder desde 1999 y al que opositores acusan de ser el principal responsable de este deterioro.

En el marco de una gran reforma en 2006, en Venezuela quedaron constituidos 85 cuerpos de seguridad, tres de ellos nacionales -policía nacional, científica y de inteligencia- y 82 estatales y municipales.

En Venezuela, el ciudadano de a pie le teme a la policía. Son numerosas las denuncias de uniformados que piden dinero por una simple infracción de tránsito. Incluso algunos policías han sido condenados por secuestro y hasta de asesinato, como ocurrió en 2006 con tres hermanos y su chofer y luego con un empresario ítalo-venezolano.

El especialista en seguridad Luis Gerardo Gabaldón señala una debilidad del sistema, mal de muchas policías latinoamericanas: los bajos salarios. En Venezuela, el miembro de menor rango gana mensualmente 933 dólares al cambio oficial (58 dólares al cambio paralelo especulativo, que marca numerosos productos y bienes).

Un oficial de mayor jerarquía gana 1.634 dólares a tasa oficial y 103 en paralelo, según la tabla de salarios vigente.

En 2012 -último dato disponible-, Venezuela contaba con alrededor de 89.000 policías entre los distintos cuerpos, tres policías por cada 1.000 habitantes.

La cifra va acorde a los parámetros de la ONU, pero no es suficiente para los altos índices de criminalidad, señala Javier Gorriño, ex funcionario del la policía científica y criminólogo.

Toda esta problemática aunada a los bajos sueldos ha generado el retiro y migración de policías a otros oficios relacionados con la seguridad donde son mejor remunerados, como el trabajo de guardaespaldas.