La macroeconomía y el sector vitivinícola

Estamos prácticamente en vendimia y las incertezas del productor siguen siendo las mismas por no saber si podrá vender su uva y en qué condiciones. Si bien la macroeconomía ha dado señales favorables para la exportación que se traducirán en mayores y mejores ventas en el mediano plazo, las medidas fiscales recientemente anunciadas y la gradualidad con que se aplicarán, dan sustento a una inercia inflacionaria que en el mejor de los casos arrojará un piso del 25 al 30% anual.

Sin embargo, vislumbramos algunas mejoras en la rentabilidad general del negocio exportador, pero para que tales beneficios lleguen al productor es necesario que las medidas macroeconómicas sean acompañadas por una política sectorial de rápida implementación que induzca un cambio en las expectativas del mercado, una mayor transparencia en el mecanismo de formación del precio de la uva y del vino de traslado y menores asimetrías en el poder de negociación entre productores e industriales.

Entre los distintos factores que pueden incidir positivamente en las expectativas del mercado y revertir la actual crisis de falta de rentabilidad, podemos mencionar:

1) Una nueva conducción en el INV, cuyas autoridades han anunciado que será un organismo eminentemente técnico que se limitará a ejercer tareas de control, sin inmiscuirse en temas de política vitivinícola propias del Gobierno nacional y de las provincias productoras.

2) Que el Gobierno nacional ha comprometido la transferencia de 75 millones de pesos como aportes no reembolsables, con el único objeto de facilitar el retiro de un sobre-stock vínico de dudosa calidad enológica para su posterior destilación.

3) La intención manifiesta de los gobiernos de las provincias de Mendoza y San Juan de darle continuidad al Acuerdo de diversificación de los usos de la uva, y ampliar su alcance a otros productos con demanda cierta, además del mosto concentrado, tales como vinos destinados a la exportación a granel, jugo de uva, bioetanol, pasas, etc.

4) El hecho de disponer de estudios econométricos que permiten cuantificar el impacto de la reducción del volumen del mencionado sobrestock sobre los precios del mercado de traslado. Nuestras estimaciones arrojan resultados que indican que “por cada uno por ciento de reducción del volumen de sobrestock acumulado a la fecha de liberación del vino nuevo (1 de junio, durante el período analizado 1988/2015), el precio promedio ponderado del vino de traslado aumenta en un 1,44 por ciento”.

5) El mismo estudio muestra que “por cada uno por ciento de aumento/disminución del volumen total anual de vino liberado al mercado (descontado el volumen destinado a mosto concentrado), el precio promedio ponderado del vino de traslado disminuye/aumenta en un 0,14 por ciento”.

6) Teniendo presente que el precio promedio ponderado actual para los vinos genéricos en el mercado de traslado es de $ 2,63 y que el retiro de 200 millones de litros de las existencias en bodega equivalen al 31% del total estimado al 01/06/16 (incluido un stock operativo para cuatro meses de despachos), dicha medida provocaría un incremento del 44,64 % en el referido precio.

7) Con un cálculo similar es posible evaluar el impacto positivo sobre el precio actual de una merma en la producción de la próxima cosecha, provocada por corrimiento de la uva y que se estima en un 15%, como de esto y de los daños ocasionados por enfermedades de hongos favorecidas por el exceso de lluvias primavero-estivales.

De este cálculo surge que dicha reducción en la producción provocaría un incremento adicional del 2,10% en el precio del vino, el que sumado al 44,64% del punto anterior totalizaría un 46,74% que al ser aplicado al precio actual de $ 2,63 lo elevaría a $ 3,86 por litro.

Dado que en gran medida la superación de la actual crisis del sector depende de la efectividad con que se implemente el operativo de reducción de los excedentes vínicos, el indicador del éxito del programa de asistencia financiera de la Nación estará dado por la evolución de los precios del vino de traslado y de la uva de la próxima vendimia.

Es imprescindible que dicho programa tenga la mayor transparencia y previsibilidad posible a fin de garantizar un uso eficiente de los recursos públicos asignados al mismo para lograr el máximo impacto económico y social a lo largo de toda la cadena de valor.

Por tal motivo en lo que resta de la presente nota haré una síntesis de una propuesta para la gestión de los excedentes basada en un mecanismo de fácil implementación y con un rápido impacto en el mercado. Sus principales componentes son:

a) En el marco de un programa de actualización cuantitativa y cualitativa de las existencias vínicas, el Instituto Nacional de Vitivinicultura debería solicitar a la totalidad de la bodegas la presentación de una declaración jurada en la que se consignen volúmenes y estado bromatológico de sus vinos a fin de diferenciar aquellos que están en condiciones de comercializarse en el mercado interno de los que, por sus defectos analíticos y/o bromatológicos, deban destinarse indefectiblemente a destilación.

b) Las bodegas que, en una especie de autodepuración de sus existencias, declaren la tenencia de stocks no aptos para el consumo, serán bonificadas con un monto de dinero igual al valor del alcohol etílico producido más el costo de destilación. Los caldos declarados serán desnaturalizados de inmediato mediante el agregado de algún aditivo específico para dicho fin.

c) Las bodegas que deliberadamente oculten la tenencia de vinos no aptos para el consumo, y que los mismos sean descubiertos en los procedimientos de control que como práctica de rutina realiza el INV, no sólo no recibirán recompensa alguna por el alcohol producido, sino que además sus vinos serán decomisados, desnaturalizados y enviados a destilación a su propio costo.

d) Con la venta del alcohol producido con los vinos decomisados, se constituirá un fondo con el propósito de asignar recursos no reembolsables a través de un mecanismo competitivo de selección de proyectos, para el cofinanciamiento de inversiones destinadas a la reconversión de viñedos de pequeños productores que mejoren su productividad y rentabilidad a mediano plazo.

e) Aun a riesgo de que algunas recomendaciones puedan parecer repetitivas de las formuladas en una nota anterior, aquellas han sido reformuladas luego de conocerse la política fiscal del Gobierno nacional. Ésta nos plantea un escenario de altas tasas de interés y en consecuencia de mayor escasez del crédito comercial, persistencia de la inflación con implicancias directas sobre los incrementos salariales, encarecimiento de los fletes y servicios internos, mayor costo de los bienes de capital e insumos importados, etc.

En tal contexto es importante enfatizar la necesidad de crear una línea especial de crédito para cubrir los gastos de cosecha y acarreo, con tasas y plazos acordes con la situación financiera del sector.

A esto debería agregarse la creación de un fideicomiso para la elaboración de vino por cuenta de terceros para evitar que los viñateros no integrados a la producción industrial vendan su uva en condiciones que erosionen rápidamente el valor del producto.

Finalmente, teniendo en cuenta que la devaluación y la inflación impactan diferenciadamente sobre los costos de producción según se trate de insumos transables o no transables, y como parte de una política de promoción del empleo, se sugiere flexibilizar la política impositiva para poder desgravar del pago de las cargas sociales y/o ingresos brutos el 50% de la masa salarial afectada a la creación de nuevos puestos de trabajo desde el lunes pasado, y permitir la libre importación de productos agroquímicos y enológicos desde países limítrofes por un cupo de hasta U$S 1.000 mensuales por productor.

Nada más apropiado que concluir la presente propuesta con una cita de San Juan Bosco, padre de la Congregación Salesiana que tanto hizo por la difusión y la enseñanza de la enología en nuestro país quien, en referencia a la disyuntiva de optar entre el bienestar individual y el general, decía: “Siempre se debe preferir el bien general al individual; nuestro beneficio particular no debe tomarse en cuenta, cuando se trata del bien común”.