Guaymallén debería indemnizar a dos empleadas por violencia

La Municipalidad de Guaymallén podría ser obligada a indemnizar por daño moral a dos empleadas con la suma de 20 mil y 30 mil pesos en cada caso, luego de que la Justicia de Mendoza considerara (en una primera instancia) que ambas fueron sometidas a hechos de violencia contra su persona.

Si bien ahora el expediente que establece la sanción para la comuna se encuentra en la Primera Cámara de Apelaciones Civil de Mendoza y por lo tanto es factible de ser cuestionado, lo cierto es que sienta un precedente a nivel nacional.

Laura Chazarreta, de Mujeres Cotidianas (entidad que defiende los derechos femeninos), indicó que ésta es la primera vez que la Justicia condena a un municipio por estos hechos en todo el país.

La sentencia, con fecha del 9 de octubre pasado, estuvo amparada en Ley Nacional Nº 26.485 -a la cual nuestra provincia adhiere- que establece la protección, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en cualquier ámbito en que éstas desarrollen sus relaciones interpersonales.

El recurso de amparo al que dio lugar (de manera parcial) el Segundo Tribunal Civil de Gestión Asociada, a cargo de la jueza Cecilia Landaburu, había sido presentado por las titulares de dos áreas clave dentro de la comuna: Laura Moreno, quien se desempeñaba como coordinadora del Programa de Organizaciones de la Sociedad Civil, y Gabriela Perrotta, ex coordinadora del Área de Equidad, Género y Diversidad del Municipio.

Perrotta contó que tanto ella como Moreno han aportado pruebas y antecedentes donde alegaron haber sufrido maltrato físico, verbal, psicológico e institucional mientras se desempeñaban en sus tareas e incluso, fueron separadas de sus cargos. Justamente por eso, otro punto que establece esta resolución judicial es que ellas deben ser retornadas a sus funciones originales.

Vale decir que en el marco de  la actual ley contra la violencia hacia las mujeres, la Justicia no puede dar a conocer detalles del estado del expediente ni revelar la identidad de las personas implicadas.

Sí fue posible corroborar la existencia de la causa que implica a la comuna, en tanto que la información citada acerca de la decisión judicial fue difundida a través del sitio de Facebook de Mujeres Cotidianas.

Por su parte, desde la comuna a cargo del intendente Luis Lobos, explicaron que la sentencia ya fue apelada y que se encuentran a la espera de la resolución judicial.

Las acusaciones
Según contó Perrotta a Los Andes, la seguidilla de maltratos que llegaron a afectar su salud comenzó en febrero pasado, cuando Moreno aseguró haber sido golpeada e increpada por Pablo Gareca, quien por entonces cumplía el cargo como  director de Desarrollo Social de la comuna.

“Ellos tuvieron una discusión en el auto, él le pegó, la empujó y le rompió la cartera”, detalló Perrotta y aclaró que el hecho ocurrió con el agravante de que Moreno padece de una enfermedad físicamente limitante.

La ex funcionaria continuó declarando que tras el episodio suscitado contra Moreno ella debió comenzar a intervenir conforme a su rol como defensora de los derechos de las mujeres e incluso acompañó a Moreno a radicar la denuncia en la Oficina Fiscal Nº9 de Guaymallén.

“El Cuerpo Médico Forense hizo pericias psicológicas y físicas. La causa fue caratulada por lesiones, daño y amenaza”, relató y agregó que luego de haber acompañado a Moreno a la fiscalía recibió un llamado: “No voy a parar hasta hacerte bosta (sic) a vos y a todas las personas con quienes estés”, recordó que la amenazaron desde el otro lado del teléfono.

La mujer planteó que lejos de haber encontrado el apoyo necesario por parte del Municipio y del intendente Luis Lobos, a partir de allí y a lo largo de todo el año, la situación de ambas desde el punto de vista laboral comenzó a ser cada vez menos sostenible.

Primero, dijo, les bajaron el sueldo y más tarde fueron removidas de sus puestos originales. Entre otros hechos denunciados, comentó que en más de una oportunidad les negaron los pedidos de licencia pese a haberlos acompañados por toda la documentación necesaria. A nivel personal, Perrotta dijo haber temido por su seguridad luego de  haber recibido nuevas amenazas.

“Enviamos cuatro escritos y un pronto despacho al Municipio; ante la negativa institucional avanzamos con el recurso de amparo”, explicó Perrotta y describió diferentes situaciones cotidianas que iban en detrimento de sus condiciones laborales.

Por eso, solicitaron una medida de protección que -entre otras cosas- estableció que en agosto pasado ellas fueran a trabajar en sus puestos como funcionarias, acompañadas por un oficial de justicia.

“Cuando me reincorporaron encontré mi oficina desmantelada y sin gente. A Laura Moreno le habilitaron una oficina sin luz ni calefacción, por lo que le dieron recaídas de su enfermedad”, detalló Perrotta y aclaró que por el momento, tanto ella como Moreno se encuentran de licencia como consecuencia de las secuelas psicológicas generadas por estas situaciones.

“Ahora estamos esperando que el municipio cumpla con lo que indicó la Justicia. No es casual la violencia y la persecución que hemos vivido. Hay una decisión de no trabajar el tema”, deslizó.

Gareca, en su propia defensa
En el momento en que se iniciaron las denuncias acusatorias contra su persona, Pablo Gareca  renunció a su cargo el 26 de marzo, dejando en manos de la Justicia la resolución final.

Desde su punto de vista, era “poco ético”, continuar en un cargo ligado a los derechos humanos y a la defensa de las mujeres, estando inmerso en una situación de esa magnitud. De hecho, Gareca es conocido en la provincia como un referente social que desde su adolescencia ha trabajado en pos de la integración de las familias más vulnerables.

“Fueron momentos muy duros porque eran personas en las que yo confiaba y con las que había trabajado durante mucho tiempo”, se defendió Gareca y lamentó que “para lograr un rédito político y económico se haya apelado a una problemática tan crítica y sensible como lo es la violencia de género”.

Según su testimonio, las denuncias realizadas por Perrotta y Moreno coincidieron con el momento en que él, estando a cargo del área de Desarrollo Humano -y en el marco del cambio de gestión de Alejandro Abraham a Luis Lobos- creó una nueva estructura, dejando a cargo de una nueva coordinación de Desarrollo Local a otra funcionaria y no a Perrotta ni Moreno.

“Cuando ellas se enteraron de esto se quejaron. Perrotta consideraba que ella era la persona indicada para ese puesto. Fue allí cuando manifestaron su disconformidad dejando de ir a trabajar.

Luego plantearon que iban a renunciar a sus cargos y me juraron que me iban a destituir de mi cargo”, aseguró Gareca y detalló que fue víctima de amenazas y presiones: “Dejate de joder (sic) en Guaymallén”, comentó que le dijeron en una comunicación telefónica. “No puedo asegurar quién fue el o la responsable de esto, pero el llamado estuvo”, aclaró.

Gareca pidió que “se haga Justicia de verdad”. Y argumentó: “Ellas le han mentido a la Justicia, utilizando recursos -del Estado y la Justicia- y desgastando a todo un sistema que hoy debe estar disponible para miles de mujeres que realmente están sufriendo”.

Al hacer referencia a las acusaciones que se le adjudican, el ex funcionario apuntó: “Ésta es la tercera vez que ella (Montero) hace denuncias con el mismo tenor en contra de sus ex jefes (fuera del Municipio)”, aseguró Gareca.

Sobre Gabriela Perrotta, indicó que  en la actualidad ella es considerada en los barrios de Guaymallén (donde se han realizado diferentes proyectos de integración social) “como una persona que miente”.

Pablo Salinas, abogado de Gareca aclaró que su defendido actualmente se encuentra imputado -es decir investigado- por dos denuncias: una por el delito de lesiones leves y otra por amenazas. Ambas se encuentran en manos del juez Ezequiel Crivelli, a cargo del Segundo Juzgado de Garantías.

“Estoy convencido de que Pablo no cometió ninguno de los hechos por los cuales se lo acusa. Él ha presentado las pruebas suficientes y de hecho, no hay pruebas para condenarlo”, indicó Salinas.

El letrado detalló que por estos hechos, Gareca ha sido gravemente afectado. “Él no tiene antecedentes penales. Desde diferentes ámbitos hay testigos que aseguran conocerlo y haber trabajado con él. Todos han coincidido en que es una persona serena y que nunca ha tenido problemas”, dijo.