Familia de Maldonado pide ayuda a la ONU

La familia de Santiago Maldonado pedirá la intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para  “romper” lo que considera “un pacto de impunidad” entre el Gobierno nacional y  el Poder Judicial que a su juicio frena la investigación de la desaparición del joven artesano de 28 años ocurrida hace hoy 42 días.

El Gobierno, en tanto, cuestionó los testimonios recibidos en la causa por el juez federal de Esquel, Guido Otranto, que apuntan a la presunta responsabilidad de la Gendarmería Nacional en el hecho.

Además recibió con alivio la decisión del juez federal porteño Rodolfo Canicoba Corral de declararse incompetente para investigar si el Poder Ejecutivo, incluido el presidente Mauricio Macri, encubrió la desaparición, como se lo pidió el fiscal Federico Delgado, y le envió el asunto a su colega de Esquel.

El pedido lo hará la familia ante el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh), cuyo titular de la oficina regional con sede en Santiago de Chile, Amerigo Incalcaterra, llegará en las próximas horas a Buenos Aires y se reunirá con el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

La abogada de los Maldonado, Verónica Heredia, dijo que aprovecharán la presencia del funcionario de la Acnudh para “ver si podemos avanzar en la conformación de un grupo de expertos independientes que pueda acompañarnos en esta investigación. Esa acción y el acompañamiento de la gente, es imprescindible para romper el pacto de impunidad que tiene el Estado (Ejecutivo y Judicial)”, dijo la abogada en declaraciones periodísticas, e insistió: “Están haciendo todo lo necesario para que se mantenga la desaparición forzada” de Maldonado.

El funcionario de la ONU vendrá para avanzar con el jefe de Gabinete en pro de conformar una comisión de expertos independientes que colabore en la investigación, que en principio conversaron el ministro de Justicia, Germán Garavano y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, a pedido de la familia de Maldonado.

El jueves pasado el Acnudh expresó mediante un comunicado su preocupación  “por la falta de progreso” en la investigación y le pidió a las autoridades nacionales “realizar una investigación apegándose a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, en particular la Convención para la protección de personas contra las desapariciones forzadas”. El Gobierno entiende que el de Maldonado no es un caso de ese tipo.

La abogada, por otra parte, dijo que “no es nueva” la información sobre los siete gendarmes que habrían llegado hasta el río Chubut cuando la represión a la comunidad mapuche de Cushamen el 1 de agosto pasado, circunstancia en la que según testigos Maldonado fue subido a un vehículo de Gendarmería. La ministra Bullrich presentó anteayer como una novedad ese dato incluido en un informe que el domingo mismo le entregó Otranto y anticipó que hoy le entregarán un segundo informe con “testimonios de los siete gendarmes que estuvieron más cerca del río”.

Pero Heredia sostuvo que el dato sobre esos siete gendarmes en los que ahora el Gobierno parece poner el foco surgió el 4 de agosto, cuando la audiencia por la causa de hábeas corpus: “Allí el comandante (Fabián) Méndez (jefe del escuadrón 35 de El Bolsón), a cargo del operativo, aportó, reticentemente, el nombre de esas siete personas”.

Por su lado, Garavano, estimó “claves” los resultados de pruebas de ADN sobre muestras obtenidas en camiones y camionetas de Gendarmería y que se conocerían esta semana.  “Serían una prueba central para verificar o descartar la hipótesis de algunos testigos bastante sospechados”, dijo, en referencia  al testimonio de cuatro integrantes de la comunidad mapuche de Cushamen que responsabilizaron a la Gendarmería en declaraciones de prensa que luego reiteraron ante el juez Otranto.

Uno de sus celulares se activó el 2 de agosto

El ingeniero Ariel Garbarz, director del laboratorio de Seguridad en Comunicaciones de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN),  propuesto como perito por la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), que es querellante en la causa a cargo de Otranto, dijo en declaraciones a la prensa que uno de los teléfonos celulares de Maldonado se activó el 2 de agosto, tras su desaparición el día anterior.

“Tenemos información muy importante para la geolocalización de los teléfonos celulares. Puede ser la punta del ovillo para resolver el caso”, afirmó. “El 2 de agosto alguien atendió una comunicación entrante al teléfono celular de línea chilena que utilizaba Maldonado y esa comunicación impactó en una antena de la empresa Movistar”, manifestó en la puerta del juzgado.

En ese sentido, dijo saber “cuál es la antena y a partir de esa información se puede establecer la zona donde estaba el móvil y qué otros celulares estaban en el mismo lugar”.

Pero según dijo Garbarz, ni el juez ni la fiscal Silvina Avila aceptaron recibirlo, aun cuando es perito de parte.