El decreto de Macri para la Corte cayó mal en el Congreso

Desató la primera crisis interna en Cambiemos. Toda la oposición lo cuestionó. El oficialismo busca calmar las aguas y dice que los nuevos jueces pasarán por el cedazo del Senado.

La decisión de Mauricio Macri de designar en comisión a los dos nuevos miembros de la Corte Suprema -Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz- cayó muy mal en el Congreso. Las voces en contra del decreto que ayer fue publicado en el Boletín Oficial surgieron no sólo del kirchnerismo, que llegó a hablar de una “medida dictatorial”, sino también de los partidos que integran el nuevo oficialismo, Cambiemos.

Los principales socios del Pro, los radicales, no fueron consultados. Sólo se les informó minutos antes de que la noticia fuera difundida. De ahí que algunos líderes radicales defendieran la medida, como Ernesto Sanz y que una gran mayoría la cuestionaran. Lo mismo pasó con la Coalición Cívica, donde Elisa Carrió prefirió guardar silencio pero sus espadas legislativas, como Fernando Sánchez, pusieron objeciones en voz alta.

Ayer, el titular de la Cámara baja, Emilio Monzó, debió mantener reuniones con los jefes de los bloques de la UCR, Mario Negri (diputados) y Ángel Rozas (senadores) para calmar las aguas. Monzó, que proviene del peronismo y es el principal armador del Pro, debió pedir a los radicales que “no salieran a romper”. El mismo trabajo de componedor desarrolló el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo.

Pero entre los radicales hubo frases que no ocultaron el malestar. Negri sostuvo que “hubiera preferido que se transitara el camino del diálogo y del consenso hasta el momento del inicio del período ordinario”.

Agregó: “No tengo dudas de que no se están proponiendo nombres adictos a una corriente política, pero los años del kirchnerismo y su manejo frente a la Justicia han producido en la sociedad argentina una especial sensibilidad que debemos cuidar entre todos más allá de las facultades constitucionales que se ejerzan”, dijo. En tanto, Ricardo Alfonsín, se preguntó: “(estos procedimientos) ¿Son los que aconsejan valores republicanos esenciales o más bien los contrarían?”

Pese a que debieron atajar la bronca, ni Monzó ni Pinedo estuvieron en la cocina de la decisión de cubrir las vacantes de la Corte Suprema de ese modo tan traumático. Así lo confirmaron legisladores de ambas fuerzas -el Pro y la UCR- que participaron de las largas reuniones que ayer se produjeron en el Congreso.

La medida surgió -aseguran- de un reducido grupo que integran Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña y el abogado personal del Presidente, Fabián Rodríguez Simón.

La única solución que hallaron los socios de Cambiemos para reducir el rechazo que el decreto generó en todos los sectores políticos, y en buena parte de la opinión pública, fue salir a aclarar que los pliegos de Rosatti y de Rosenkrantz cumplirán con el procedimiento del decreto 222 de 2003 por el cual Néstor Kirchner estableció un mecanismo de audiencias públicas antes de que la Cámara Alta los trate en sesión de acuerdos.

De este modo, el oficialismo intentó dejar en claro que Macri no busca saltear el escollo que tiene en el Senado, Cámara que es controlada por el kirchnerismo.

Además, desde las cúpulas de Diputados y del Senado se aclaró que Rosatti y Rosenkrantz no estarán en la Corte hasta noviembre sino que hasta que los senadores lo definan durante el período de sesiones ordinarias, que arranca en marzo. “No es verdad que Mauricio esté eludiendo el Parlamento.

Todo esto entra en discusión cuando comience el trabajo de sesiones ordinarias. Estos jueces serán miembros definitivos de la Corte sólo si el Parlamento así lo decide”, consideró la vicepresidenta Gabriela Michetti.

La preocupación en el oficialismo se debió a que el decreto de Macri provocó fuertes rechazos en algunos sectores de la oposición con los que Cambiemos necesitará hacer alianzas en el Congreso. Es el caso de UNA, el interbloque que lidera Sergio Massa, o de Progresistas, referenciado en Margarita Stolbizer.

Ayer, el jefe del Frente Renovador consideró “horrible” la forma elegida para llenar las vacantes y la líder del GEN dijo que “ni Cristina Fernández se animó a tanto”.

Por su parte, los diputados kirchneristas también se despacharon en contra del decreto. “Se trata de una decisión de otro siglo propia de dictadores y no de un presidente democrático elegido por el pueblo”, sostuvo Juliana Di Tullio. Ayer, sectores ligados al ex oficialismo salieron a convocar para mañana a una marcha frente a la Corte, para repudiar el decreto de Macri. De este modo, el kirchnerismo realizará su primera protesta contra el nuevo gobierno, a una semana de su asunción.

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