El mediático caso de la comunidad terapéutica “La Razón de Vivir”, ubicada en la Provincia de Buenos Aires, volvió a sacar a la luz los abusos, desmanejos y la falta de control que suelen imperar en estos establecimientos en los que, se supone, se debería dar contención a personas con problemas de consumo y otras adicciones. Y es que a fines de la semana pasada, en el contexto de una investigación por el presunto delito de asociación ilícita, trabajos forzosos y reducción a la servidumbre en esta comunidad ubicada en Berazategui y de la que serían víctimas más de 200 personas -chicos y jóvenes- que se encontraban en el lugar, se dispuso la detención del mediático conductor de televisión Marcelo “Teto” Medina.
De acuerdo a la denuncia judicial que destapó todo, en el lugar se explotaba laboralmente a las más de 200 personas que llegaban al lugar en búsqueda de contención y acompañamiento. Y el vínculo del “Teto” Medina con la comunidad terapéutica tiene que ver con que el ex Ritmo de la Noche promocionaba en redes sociales los encuentros, eventos y actividades que organizaba la comunidad. Además, se encargaba de animar los eventos masivos y multitudinarios que se celebraban en el lugar.
Pero detrás de todo ese brillo que puede generar la presencia de Medina en la causa -y que despertó un inusitado interés mediático en la agenda-, la problemática de fondo no tiene nada de novedosa. Y es algo que Myriam Lucero y Alejandra Guiñazú saben muy bien. Porque el hijo de Myriam -Saulo Rojas- y la hija de Alejandra -Agustina Cuenca- fallecieron mientras permanecían en dos comunidades terapéuticas de Buenos Aires, a más de 1.000 kilómetros de su hogar en Mendoza.
Ambos murieron en 2013, no sin antes haber padecido el trato inhumano de quienes -supuestamente- eran responsables de su custodia y contención, además de las consecuencias de un sistema que nunca estuvo preparado para contener a personas con problemas de consumo. Y a la luz está que sigue sin estar preparado todavía, ya que los recientes episodios que se denuncian en la comunidad “La Razón de Vivir” son los mismos que padeció Saulo en San Camilo (Pilar, hoy cerrada) y Agustina en Gradiva hace más de 9 años.
“Nada cambió en este tiempo. Y, lamentablemente, nada va a cambiar mientras no se intensifiquen y cumplan los controles que se tienen que hacer”, resumen, con una mezcla de dolor e impotencia, las madres mendocinas. Desde su lugar, trabajando en conjunto, tanto Myriam Lucero como Alejandra Guiñazú han encabezado fuertes campañas para que en Mendoza se apruebe la creación del órgano de revisión local. Sin embargo, tras recibir media sanción en la Legislatura, el proyecto se estancó y no avanzó más.
“Si se sigue pateando todo para adelante, van a seguir saliendo a la luz y pasando situaciones como las de ‘La Razón de Vivir’. Con rastrear un poquito, te vas a encontrar mil casos como este y que tienen que ver con las falencias en todas esas cosas que el órgano de revisión debería hacer cumplir y no lo hace”, destaca Alejandra.
“Cuando aparecen casos como estos, se hacen mediáticos porque está involucrado Medina -quien daba charlas en la comunidad-, o bien por la contracara, como pasó con el Chano (NdA: Moreno Charpentier, músico), que es usuario de las comunidades. Es como dice el periodista Pablo Galfré, evidentemente ‘Famoso mata pobre’ y todos estos casos se visibilizan porque son famosos. Pero hay muchos Chanos, y muchas mamás de Chanos también que están pidiendo ayuda”, agrega por su parte Myriam.
A raíz del caso de Saulo Rojas, el mencionado periodista Pablo Galfré realizó una impactante investigación -que derivó en un libro- y donde sacó a la luz y denunció las atrocidades que se comenten en estos establecimientos. “No es que las autoridades no sepan que estos lugares existen, San Camilo estuvo 20 años y nadie hizo nada y nadie hace nada tampoco. Pablo Galfré denunció 25 muertes en estos espacios. Pero son lugares alejados, que nadie controla y donde hacen lo que quieren”, insiste Myriam Lucero.
Todo sigue igual
En junio de 2013, y tras permanecer menos de un año internado en la comunidad terapéutica San Camilo, Saulo Rojas (23) falleció encerrado en una habitación del lugar. Es lo que se suele conocer como “el engomado”, y donde se (mal) acostumbra a encerrar a aquellas personas que presentan alguna crisis que se refleja en una alteración de su comportamiento. Saulo había llegado a San Camilo por un caso de consumo problemático, sumado a que era diabético. Pero en el lugar jamás encontró la contención y el acompañamiento que deberían haberle brindado, sino más bien todo lo contrario: vivió sus últimos meses de una manera por demás triste y angustiante. Once días antes de la muerte de Saulo, había fallecido también otro paciente en la “granja”.
Todo esto derivó en el cierre de la Comunidad San Camilo, en 2017 y en que se iniciara una causa judicial. El director general de la comunidad (Martín Iribarne) y el director terapéutico de San Camilo (Alejandro Jacinto) fueron condenados oportunamente, aunque les alcanzó con el cumplimiento de una “probation” para purgar su pena. Mientras que el 8 de agosto pasado, Angel “Pipi” Suñez, ex cuidador de San Camilo y quien debería haber cuidado a Saulo aquel fatídico día, fue condenado a 3 años de prisión efectiva y a 10 años de inhabilitación para custodia y cuidado de personas tras ser declarado culpable del “homicidio culposo” de Saulo.
“Ahora aparecen todos a hablar del caso donde está involucrado el ‘Teto’ Medina, y se asombran y agarran la cabeza porque aparece el ‘Teto’ Medina. Pero son los mismos que miraron para otro lado en el caso de San Camilo. A eso se suma que los políticos siempre van a hacer lo que les conviene y los deje mejor parados, y si los medios se preocupan por lo de Medina, todos se preocupan por ello. Pero aquí el foco del problema no es Medina, sino es todo un sistema en el que se tapan cosas graves como muertes, vulneración de derechos y falta de voluntad política”, destaca Lucero. “Hace poco más de un mes fue la condena por la muerte de Saulo, la primera vez en que una comunidad terapéutica llegaba a juicio, y nadie habló del tema y casi ni se cubrió. Pero ahora están todos detrás porque hay un mediático involucrado”, piensa la mamá de Saulo en voz alta.
Cinco meses después de la muerte de Saulo, en noviembre de 2013 a Alejandra Guiñazú le llamaron desde la comunidad Gradiva Mujeres -donde su hija Agustina había llegado 8 meses antes-, también en Buenos Aires, para comunicarse que su hija también había fallecido en el lugar. Agus tenía 18 años ese 11 de noviembre de 2013 y también había llegado a raíz de algunos problemas de consumo.
Alejandra y Myriam no se conocían todavía, y fue a raíz de las muertes de sus hijos y en contextos tan similares que se unieron y comenzaron a trabajar juntas para visibilizar las problemáticas en estos espacios. Y para insistir en el cumplimiento de todo lo que fija la Ley de Salud Mental.
“Lamentablemente no cambió nada en todo este tiempo. Los órganos de revisión locales no hacen su trabajo, tampoco lo hace el órgano nacional. Hay que entender que no se trata de un control para perjudicar a tal o cual, sino para poder mejorar la atención. Y constatar que todos estos espacios cuenten con la licencia del Ministerio de Salud, que todas las comunidades presenten la documentación que se les pide y que haya gente apta a cargo, así como también para la terapia y medicación que reciben los chicos. Todo esto hace a que el paciente se pueda sentir más cómodo, tenga más seguridad y haya alguien detrás constantemente para tomar recaudos. Y así no llegar a lo que se llegó ahora en Buenos Aires”, reflexiona Alejandra sobre el más reciente de los casos que tomó estado público.
La mujer está a cuatro materias de recibirse de psicóloga y ya tiene todo listo para poner en funcionamiento su propia fundación, en honor a su hija y a través de la que intentará ayudar y contener a chicos con problemas de adicciones.
Preocupadas y ocupadas
Myriam y Alejandra encabezan la campaña para que en Mendoza se apruebe el órgano de revisión local que fija la Ley de Salud Mental y que se encargue de controlar y auditar las instituciones y profesionales que trabajan en rubro en la provincia. La ley tiene media sanción desde 2018, pero nunca más prosperó.
“Esa ley fija que haya un presupuesto destinado a buscar profesionales y a los controles. Es algo que se necesita no solo en Mendoza, sino en todo el país. Porque hay montones de casos como el de Agustina, como el de Saulo, como el de ahora en Buenos Aires y que no salen a la luz. Si no lo hablan los mismos familiares o gente que está internada en esos lugares, nunca se saben estos hechos”, sintetiza Alejandra Guiñazú.
“En realidad no sabemos si la Ley de Salud Mental funciona o no, porque nunca se implementó al 100%. Todo se va implementando muy lento y, mientras tanto, aumentan los casos de consumo problemático. Entonces cada vez se necesitan más cosas y estamos atrasadísimos en lo que tiene que ver con dar respuesta a los familiares”, acota Myriam Lucero. Para la mujer, quien vive en Godoy Cruz, es tan importante la contención y acompañamiento estatal a los familiares como la de los propios jóvenes -y no tan jóvenes- que se encuentras en las comunidades terapéuticas.
“En Mendoza hace falta el órgano de revisión local. Y a nivel nacional falta voluntad política. Para salud mental se da 1% del presupuesto, cuando lo mínimo que hay que dar es 10%. Esto alimenta este sistema viciado, acostumbrado a tratar a los usuarios como si fueran cosas. Y estas vulneraciones son cada vez más comunes. Ni hablar de las muertes o suicidios”, advierte con preocupación Lucero.
Día Internacional de la Salud Mental: 10 de octubre
El lunes 10 de octubre se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de la Salud Mental con el objetivo de recordar y concientizar que la salud de cada individuo es la sólida base para la construcción de vidas plenas y satisfactorias.
Myriam y Alejandra están trabajando y pensando en la manera en que intentarán visibilizar esta fecha y su importancia dentro de dos semanas. “Es importante que aquellas familia que vean que se están vulnerando derechos o que no consigan las respuestas necesarias, se involucren en luchar por los derechos”, resaltan. “No puede ser que no haya un lugar unificado y centralizado a donde uno se puede dirigir para ver cómo actuar o a dónde ir si hay un familiar que tiene problemas de adicciones. Un órgano de revisión local tendría todo centralizado, con los datos de cada persona, los de las comunidades que están en Mendoza. También saber cuáles son las más problemáticos y cómo se hacen responsable de los pacientes. Actualmente todo está separado, te mandan a un lado a averiguar si se necesita internación, pero si se necesita tratamiento psicológico o psiquiátrico, hay que ir a otro”, concluyen.