El Monasterio del Cristo Orante, ubicado en la remota y paradisíaca zona de Gualtallary (Tupungato), se encuentra cerrado desde hace más de dos años. En enero de 2019, luego de que tomaran estado público las denuncias de un joven que había permanecido en el lugar como aspirante a monje -y quien señaló a los dos sacerdotes como autores de constantes abusos sexuales que se extendieron durante más de cinco años-; el Arzobispado de Mendoza dispuso su cierre preventivo. Y este martes, el mismo Arzobispado confirmó mediante un comunicado el cierre definitivo del espacio (al menos para actividades vinculadas a la religión).
En la Justicia Penal, el denunciante -Nicolás Bustos, quien hoy tiene 29 años- señaló oportunamente a los curas Diego Roqué (53) y Oscar Portillo (65) -responsables del lugar- como autores de los extendidos abusos sexuales. Y esta es la causa que avanza -aunque a paso más que lento- en el fuero penal mendocino. Y el propio denunciante presentó también su denuncia en el fuero canónico, para que sea la propia Iglesia quien (en simultáneo) iniciara su propio proceso.
Recientemente el mismo Arzobispado de Mendoza informó -también mediante un comunicado- que el proceso canónico contra el presbítero Jorge Oscar Portillo había concluido y que se lo había encontrado culpable del “delito canónico de abuso de conciencia”. Por ello, se decidió suspender a Portillo de sus funciones como sacerdote durante el lapso de cinco años; además de prohibírsele la celebración de cualquier ceremonia litúrgica. El detalle es que esta sanción a Portillo no es por la denuncia de Nicolás Bustos; sino que tiene que ver con una denuncia canónica anterior con que contaba el cuestionado religioso. Y que también había sido efectuada por otro joven que permaneció internado en el monasterio del Valle de Uco.
“No es una causa por abuso sexual ni tiene relación con los juicios que llevan adelante desde diciembre de 2018 la Justicia mendocina y el Tribunal Eclesiástico de Buenos Aires, respectivamente. El canon 1.389 del Código de Derecho Canónico tipifica comportamientos vinculados al ejercicio abusivo de un oficio, cargo, ministerio o función en la Iglesia, y lo separa nítidamente del ejercicio del poder eclesiástico que involucra el abuso sexual”, explicaron desde el Arzobispado.
De esta manera, Portillo ya cuenta con una primera sanción canónica por la denuncia que otro joven realizara con anterioridad a la del aspirante a monje que denunció haber sido abusado sexualmente y que, oportunamente, relató su terrorífica estadía en el establecimiento de Tupungato a Los Andes. Mientras que el proceso eclesiástico por las denuncias de Bustos -y que también incluyen al cura Diego Roqué- sigue su curso en un tribunal eclesiástico de Buenos Aires. Y lo mismo ocurre con la causa penal que se inició luego de la denuncia de Bustos.
La condena de la Iglesia
Es ese mismo comunicado del Arzobispado el que confirma el cierre definitivo del espacio, que ya se había convertido hasta en una atracción turística para los mendocinos y visitantes que pasaban por Gualtallary. Si hasta producían su propio vino y otros productos. “Asimismo, se informa que el Monasterio del Cristo Orante ha sido cerrado definitivamente por el decreto 10/21, habida cuenta del tiempo transcurrido desde su cierre provisorio de enero de 2019 en razón, fundamentalmente, de no haberse modificado las circunstancias que motivaron esa medida, la falta de un número mínimo de miembros y la fundada perspectiva de que la asociación pública de fieles ‘Fraternidad del Cristo Orante’ no pueda desarrollarse y progresar atento el contexto”, se explayan.
Por su parte, el abogado de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos, Carlos Lombardi -y quien acompaña a Bustos en la causa civil por los abusos denunciados- se refirió don dureza a la resolución de la Iglesia mendocina en la causa canónica ya concluida. “El primer comunicado es oscuro. El típico mensaje clerical que aparenta transparencia y es todo lo contrario. Se ocultó quién fue el denunciante, en qué consiste el delito de ‘abuso de conciencia’, y no se aclaró que la sanción no se refiere a la denuncia del caso Cristo Orante que se ventila en los tribunales del Estado. Es por ello que debieron publicar un segundo comunicado. Sin perjuicio de la falta absoluta de idoneidad de quien los redacta y controla, lo que hay que destacar es la indefinición y vaguedad del delito”, destacó Lombardi.
Para el abogado, el delito de Abuso de conciencia no existe en el derecho canónico. “Sí existe el ‘abuso de potestad eclesiástica’, que puede ser un ‘lavado de cerebro’; muy común en ambientes eclesiásticos y religiosos. O puede ser cualquier acto de autoritarismo de quien lo emite para con el subordinado”, agregó.
Respecto a la sanción propiamente dicha, para Lombardi es “una burla producto de la parodia que es el procedimiento canónico; una caricatura de procedimiento, donde curas juzgan curas por delitos comunes barnizados de ‘canónicos’”.
“¿Quién garantiza que el cura Portillo no seguirá abusando de personas, cualquiera sea su edad?. Es un chiste. Lo positivo para la víctima de abuso sexual del caso Cristo Orante, es que este ‘abuso de conciencia’ por el cual fue sancionado el imputado por ser abusador sexual brinda un elemento que compone todo abuso sexual. Recordemos que todo abuso sexual implica un abuso de poder, una relación asimétrica entre quien detenta el poder y la víctima. Nunca hay consentimiento entre abusador y abusado, cualquiera sea la edad”, sintetizó Lombardi.
Todas las denuncias
Si bien la que explotó públicamente fue la que radicó Bustos en diciembre de 2018 -y por la que ambos religiosos, Roqué y Portillo están imputados por abuso sexual por la Justicia mendocina-; son varias las denuncias de toda índole que llevan a cuestas los religiosos. Y la mayoría están en el fuero canónico (denuncias en la Iglesia que no tuvieron su correlato en la Justicia ordinaria).
La que tuvo su resolución recientemente -y que derivó en la suspensión y prohibición contra Portillo- es una de las denuncias y procesos que se iniciaron en el fuero religioso, por abuso de conciencia. En pocas palabras, se refiere al aprovechamiento de un oficio, cargo, ministerio o función en la iglesia para llevar adelante un ejercicio abusivo. Este episodio, cronológicamente hablando, tuvo lugar antes de los episodios que Nicolás Bustos denunció haber vivido y sufrido.
Con anterioridad a los hechos denunciados por Bustos y por el denunciante que celebró la condena canónica reciente; hubo otro aspirante a monje que también denunció a amos religiosos. Y que también aportó detalles en una entrevista brindada a Los Andes hace poco menos de un año. Se trata de L.G. (las iniciales no coinciden con su nombre real por pedido manifiesto, aunque en la denuncia canónica que efectuó oportunamente están sus datos), un hombre de 48 años que vive en Europa y quien denunció haber vivido “un infierno” en los tres años y medio que compartió en el monasterio con Roqué y Portillo.
“Cuando encontré a Nicolás (Bustos), sentí una especie de alivio de saber que alguien había pasado por lo mismo que yo. Estuve sometido muchos años”, resumió en marzo del año pasado. Entre otras situaciones, relató que tenía relaciones con Portillo sin querer hacerlo “para que se le pasara la ira”. Su relato fue incorporado a la causa de Nicolás también.
La causa penal, demorada
En marzo del año pasado, la Justicia dispuso que Roqué y Portillo -quienes se encontraban cumpliendo prisión preventiva luego de la denuncia de Bustos- recuperaran la libertad. Su situación procesal no cambió, y la imputación contra ambos (por abuso sexual) se mantuvo; pero desde entonces siguen en libertad el proceso judicial en su contra.
Según explicaron desde los tribunales mendocinos, la causa por la grave denuncia de Nicolás Bustos se encuentra todavía en etapa de prueba. Oportunamente, la defensa de los monjes pidió que se le realice al denunciante una pericia psicológica más amplia; aunque solicitó que no la hiciera el Cuerpo Médico Forense. Tanto estos profesionales como los del Equipo de Abordaje de Abusos Sexuales (EdeAAS) -el órgano oficial para intervenir en estos casos- concluyeron en que el relato de Nicolás era verosímil y coherente al momento de radicar y explayarse sobre los episodios denunciados.
Si bien el Ministerio Público Fiscal se opuso a este pedido de la defensa de los monjes, el juez Fernando Ugarte hizo lugar al pedido del abogado de Roqué y Portillo; y avaló que esta nueva pericia sea practicada por profesionales ajenos al Cuerpo Médico Forense. Así las cosas, es la propia Suprema Corte de Justicia quien debe sortear ahora a los peritos independientes (anotados en un registro) para que lleven adelante estas pruebas.
El detalle es que, hasta el momento, se han sorteado cuatro veces los profesionales que deberían cumplir esta función; y en todas ellas se han excusado de participar por motivos personales.
En cuanto al avance de la causa canónica por las denuncias de Nicolás Bustos, tampoco hay grandes novedades por el momento. También aquí se denunció a Roqué y a Portillo; y las acusaciones son también por abuso sexual y de conciencia. No obstante, desde el Arzobispado de Mendoza aclararon que, en el caso de Portillo, en la causa canónica iniciada por Bustos hay denuncia por abuso de conciencia; pero no se declararon ni especificaron hechos de abusos sexuales (algo que sí está en el expediente penal). Mientras que a Roqué, Bustos sí acusó como autor de abusos sexuales en ambos expedientes.
El detalle es que mientras la causa avanzó en el Arzobispado de Mendoza, el propio Portillo reconoció un “pecado” con respecto al joven. Además, admitió que fue “en el orden sexual”, aunque afirmó que era el denunciante quien lo acosaba. Y quienes iniciaron la investigación canónica sugirieron que se investigue en los sacerdotes un “patrón de conducta manipulador de las conciencias”.
Esta misma causa eclesiástica, la más reciente, fue derivada a un Tribunal Eclesiástico de Buenos Aires “para evitar presiones, y para lograr una sentencia más justa”, según resaltaron desde el Arzobispado de Mendoza oportunamente.
La causa civil
En paralelo a la causa penal por la denuncia de Nicolás Bustos, se inició además una causa civil. “Estamos en etapa de responder las contestaciones de los monjes y del Arzobispado. Entre otros argumentos, los primeros han insultado a más no poder a la víctima, metiéndose con su sexualidad; diciendo que es heterosexual y que le gustan las mujeres. Ergo, que nunca pudo ser abusado. Mientras que Arzobispado sostiene que entre los curas y la víctima hubo una relación homosexual libre y consentida. ¿En qué quedamos, entonces?. Ese nivel de agresión y perversión está soportando la víctima en la actualidad. La Iglesia sigue con su comportamiento ilegal. No hay cambios, por más que presuman lo contrario”, sintetizó el abogado Carlos Lombardi.