Para el tribunal que condenó a Cristina Kirchner en el juicio de Vialidad, detrás de la adjudicación al holding de Lázaro Báez de 51 obras públicas viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015, hubo maniobras de “administración fraudulenta”, amparadas por los organismos de control, que beneficiaron los negocios entre la vicepresidenta y el empresario patagónico. Los jueces calificaron como “un hecho de corrupción estatal” que derivó en un “perjuicio descomunal” a las arcas públicas.
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) dio a conocer ayer los fundamentos del veredicto dictado el 6 de diciembre pasado.
Los fundamentos fueron incluidos en un escrito de 1.616 carillas. Ahora empezó a correr el plazo de diez días hábiles para la presentación de apelaciones a la sentencia dictada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
La publicación de los fundamentos, al menos hasta anoche, no había motivado una respuesta pública de Cristina Kirchner. Todas las expectativas están puestas en la presentación de esta tarde de la vicepresidenta en la sede Viedma de la Universidad de Río Negro. El martes, la vicepresidenta dijo que “el disciplinamiento” político que en otras épocas se ejecutaba con “tanques militares”, ahora ocurre con la Justicia. En diciembre pasado, conocida la condena, Cristina Kirchner denunció que más que estar frente a un tribunal de justicia, estaba frente a “un pelotón de fusilamiento”.
Si bien tampoco ayer hubo algún comentario de Alberto Fernández, la vocera Gabriela Cerruti aclaró la posición presidencial: “El presidente opina que todo esto es una causa armada para perseguir a la vicepresidenta, para inhabilitarla para que pueda ejercer funciones políticas”. Cerruti dijo que Alberto Fernández “sigue sosteniendo la inocencia de la vicepresidenta”. También informó que al menos hasta ayer a la tarde, el presidente no se había comunicado con la vicepresidenta.
El Partido Justicialista, que preside Alberto Fernández, se pronunció contra “la persecución judicial y el intento de proscripción” contra Cristina Kirchner.
Los fundamentos
El tribunal destacó que “lo verdaderamente relevante” de la sentencia” fue la “connivencia y protección” de los organismos estatales para garantizar “plena actividad del consorcio empresarial controlado por Lázaro Antonio Báez”.
“Tras haber examinado los hechos en toda su extensión, la política pública que su Gobierno pregonaba, presagiando un beneficio sin precedentes para la extensa provincia patagónica, en verdad escondía, cual caballo de Troya, al presupuesto indispensable para el desarrollo exitoso de la empresa criminal y sus múltiples aristas”, sostuvieron los jueces.
Al respecto, afirman que Cristina Kirchner tenía un plan: “los beneficios indebidamente obtenidos por el empresario a raíz de la maniobra defraudatoria tenían como destino final, en parte, las empresas familiares de la ex Presidenta”, escribieron.
Sobre el delito de asociación ilícita que pidieron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, dos de los integrantes del TOF2, los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, concluyeron que “no ha podido demostrarse la existencia de una “pluralidad de planes delictivos indeterminados” vinculado a la cantidad de imputados. En disidencia sobre este punto votó Andrés Basso, tercer integrante del tribunal.
Para fundamentar el delito de “administración fraudulenta”, se tomó como prueba una supuesta reunión ocurrida en Santa Cruz y que los fiscales llamaron “plan limpiar todo”. Los jueces dieron por probado que participó la entonces Presidenta de la Nación, hecho que fue negado por la defensa durante el juicio.
La prueba principal de la reunión del “plan limpiar todo” surgió de los mensajes de WhatsApp que se encontraron en el celular de José López (otro de los condenados), cuando fue detenido en 2016 en el convento de General Rodríguez con nueve millones de dólares.
“Lo primordial es que las vastas pruebas reseñadas demuestran con suficiencia que en el transcurso de la semana que siguió a las elecciones del domingo 22 de noviembre de 2015, Lázaro Antonio Báez y Fernández de Kirchner, con la asistencia de Julio Mendoza, José Francisco López y, en menor medida, Nelson Guillermo Periotti y José Raúl Santibáñez, coordinaron e implementaron el cese ejecutivo de la maniobra criminal”, afirman los jueces en el escrito.
“La comprobación de un interés personal sobre el plan criminal de parte de Cristina Fernández de Kirchner, evidenciado materialmente en la participación de la nombrada en el producto del delito a través de múltiples operaciones comerciales con el empresario detrás de las sociedades ilegalmente beneficiadas fue dirimente”, se afirmó.
Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos como “autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”. Lázaro Báez recibió la misma pena por el mismo delito en calidad de partícipe necesario.
También quedaron condenados a seis años de cárcel el extitular de Vialidad Nacional en ese período Nelson Periotti y José López. Exfuncionarios de Vialidad nacional y de la provincia de Santa Cruz recibieron penas de entre 4 y 5 años de prisión, mientras que todos fueron absueltos por el delito de asociación ilícita.
El Tribunal dispuso el decomiso actualizado, si la sentencia queda firme tras las apelaciones, de casi 85 mil millones de pesos, suma considerada producto del delito.
Los jueces también aludieron a las denuncias de “lawfare” en su contra hechas por la defensa de Cristina Kirchner. Al respecto dejaron un largo párrafo como réplica: “Nada que no se haya visto ni oído antes: especulación electoral, persecución política, operación mediática, guerra jurídica, causa armada, intento de proscripción, falsa denuncia, conspiración, derecho penal del enemigo, complot, cacería judicial. Podríamos seguir con la larga lista de subterfugios habituales con los que se responde ante una investigación, proceso o sentencia judicial. Ahora parece más sofisticado hablar de lawfare (como si las cosas al ser descriptas en inglés tuvieran más valor) para definir algo que en la realidad aparece sólo como una nueva teoría conspirativa tan antigua como el propio Estado de Derecho”.
Del lado de los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola se espera que impugnen las absoluciones por el delito de asociación ilícita, que redundó en una fuerte morigeración de las penas. Los fiscales habían reclamado 12 años de prisión.
En los fundamentos, los jueces dicen haber contado con una “copiosa evidencia reunida, como pocas veces se ha visto en procesos penales en los que se investigan delitos de esta naturaleza que involucran a personas de tan alto rango jerárquico.
