Una reforma clave para la Justicia Federal de Mendoza está frenada por el kirchnerismo

Se trata de la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal, que desde hace tres años debería estar en funcionamiento en nuestra provincia y en la ciudad de Rosario. Fuerte crítica de la Corte nacional.

Una reforma clave para la Justicia Federal de Mendoza está frenada por el kirchnerismo
En la sede de Tribunales Federales de Mendoza dicen que tienen todo listo para arrancar con el nuevo Código Procesal Penal Federal. Pero el Congreso demora la implementación.

Mendoza está atascada en términos de avances concretos en el modo de funcionar de la Justicia Federal en el ámbito penal. La tan anunciada implementación del sistema acusatorio en el fuero penal, que proveerá mejoras en términos prácticos a la sociedad y al propio servicio de Justicia en la provincia y el país, hace 3 años que no tiene novedades y no hay alguna fecha precisa en la cual se pueda implementar en nuestra provincia y la ciudad de Rosario, que fueron las elegidas para su próxima aplicación a nivel nacional.

El desinterés, o interés en frenarlo, está puesto desde la política, precisamente en el Congreso Nacional, ya que es el encargado, a través de una comisión Bicameral de implementación, de establecer las pautas para avanzar en este tema. Tanto desde Tribunales Federales, como también desde Juntos por el Cambio, apuntan al kirchnerismo como el principal responsable de esta paralización, ya que se entremezcla con el duro enfrentamiento que tiene el gobierno del Frente de Todos, principalmente el sector que responde a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, con los máximos referentes de la Justicia Federal. Mientras tanto, desde el peronismo mendocino sigue la negativa de sus referentes a hablar sobre este tema.

Por otro lado, fuentes judiciales aseguraron a Los Andes que una de las razones de la paralización radica en que el jefe de los fiscales, el procurador interino Eduardo Casal, está enfrentado con el oficialismo, por lo que “no les es conveniente la implementación de un sistema que le da mayor protagonismo precisamente a los fiscales”. Sobre este conflicto, es importante mencionar que desde el 2020 está presentado el pliego de Daniel Rafecas para ser el Procurador, pero no ha sido tratado en el Congreso. Lo mismo ha ocurrido con la reforma del ministerio Público Fiscal, que ha quedado trabada en la Cámara de Diputados ya que el oficialismo no ha conseguido los votos.

Desde el radicalismo, por su parte, sostuvieron además que ha sido una “decisión” de Cristina Fernández de no progresar en este tema, y también apuntaron contra el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria.

En tanto, esta semana, el presidente de la Corte Suprema de la Nación, Horacio Rosatti, puso la falta de implementación del sistema acusatorio en relieve en los medios de comunicación, al atribuir como uno de los varios problemas que tiene la Justicia para otorgar respuestas más rápidas en materia penal -particularmente en la lucha contra el narcotráfico en Rosario-, a la lentitud en la incorporación del nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF).

“Sólo tenemos a Jujuy y Salta donde está funcionando bien, pero necesitamos que se proyecte a todo el país. Hay una comisión bicameral en el Congreso que es la encargada de ampliar el rango geográfico”, manifestó en La Nación +.

También comentó, siguiendo con el grave problema del crimen organizado por el narcotráfico en Rosario, que no sólo hay dos códigos de procedimientos contra el narcotráfico que rigen en las jurisdicciones, sino que además insistió en los dos códigos procesales penales que rigen en el país. Acto seguido, marcó que, “por las fechas anunciadas, ya tendría que regir en Rosario y en Mendoza”. “El crimen está organizado; quienes combaten al crimen en la Justicia, ¿están organizados? Ahí hay un problema importante”, agregó.

La Justicia de Mendoza “está preparada”

Los Andes se comunicó con el juez de la Cámara Federal de Apelaciones, Juan Ignacio Pérez Curci, quien sostuvo que “lamentablemente no ha habido avances significativos en cuanto a la implementación” del Código.

No obstante, agregó que en la Cámara se creó una Comisión de Implementación del nuevo CPPF (de la cual es el director); y aseguró que “desde el Poder Judicial están dadas sobradamente las condiciones para comenzar”.

“Tenemos salas de audiencias (5 en el edificio) y el personal capacitado”, y si bien marcó que sería necesario reforzar el personal del Ministerio Público Fiscal, es posible su implementación en el corto plazo en la provincia.

Sin avances

Como se mencionó, en noviembre 2019, Mendoza y la ciudad de Rosario (Santa Fe) fueron las elegidas para avanzar en la aplicación del nuevo CCPPF, sancionado en 2014 y que está vigente en sólo dos de las 24 jurisdicciones del país, con resultados “muy positivos”, según han manifestado dirigentes políticos y judiciales a Los Andes.

El paso del sistema mixto (inquisitivo) en el fuero penal, que es en el cual los jueces investigan las causas; al acusatorio, donde este rol lo tienen los fiscales (el mismo que se utiliza en la Justicia provincial), conlleva a una investigación en base a audiencias orales y públicas.

Estos cambios permitirían adaptar un modelo de justicia basado en la oralidad, con procesos “más rápidos, sencillos y transparentes, a través de investigaciones y juicios ágiles e inmediatos”, según asegura el propio Ministerio Público Fiscal. En comparaciones, investigaciones de casos “menores” en Mendoza pueden llegar a durar un año con el sistema mixto; mientras que en Salta o Jujuy, “no llevan más de 15 días”, según marcaron fuentes judiciales.

Sin embargo, no está lenta su aplicación, sino que simplemente está frenada en el Congreso Nacional. Según informó Los Andes hace un año, en todo el 2021 no hubo reuniones de la comisión bicameral, que fue especialmente creada para su implementación tras el decreto 257 del 2015. Lo mismo ocurrió en el 2022, no hubo ninguna reunión de la comisión, pero con un dato más que habla de la apatía parlamentaria: desde el recambio legislativo, no están nombrados aún los senadores de la comisión, sino que solamente están los diputados.

Código Procesal Penal
Código Procesal Penal

Desde la Justicia federal provincial insisten que más que desinterés, hay una motivación en “pisar” la implementación por el enfrentamiento entre el Frente de Todos y el Procurador Casal.

Los Andes se comunicó también con el diputado nacional radical por Formosa, Fernando Carbajal, que integra la Bicameral de implementación del Código, quien si bien adhirió a esta hipótesis, también consideró que el Ministerio de Justicia “no se está ocupando y no cumple rol en esta política”.

Además, adelantó que presentará un proyecto de ley para “quitar” al Congreso de la implementación del Código, y poner una fecha límite, que podría ser el 1 de enero del 2026, para la aplicación del sistema acusatorio en el fuero penal en todo el país.

“Es inaceptable lo de la Comisión, es un modelo que ha fracasado. Han pasado casi 7 años del dictado de la ley y sólo lo implementamos en Salta y Jujuy”, fundamentó. Entre los trabajos que debe hacer la Bicameral, mencionó que es “verificar si están aptos los cambios organizacionales que permitan aplicar el nuevo Código en cada jurisdicción, que los sistemas estén compatibilizados. Hoy ya no es un proceso tan complejo”, consideró.

En tanto, la última resolución de esa comisión fue en enero del 2021, en la que se dispuso la aplicación de algunos artículos en todo el territorio federal, relacionados con el principio de oportunidad, la probation, la publicidad del debate (que es la transmisión de los juicios), y otras normas que dieron pie a la conciliación y a la solución de los conflictos.

“Hay una decisión política de no avanzar por el Gobierno, y una profunda incapacidad del ministro de Justicia, que es un inútil perfecto. El papel es lamentable, ya que en vez de ocuparse de esto, ataca la independencia del Poder Judicial. Acá no hay vocación, han pasado 3 años de gobierno y no han avanzado en nada”, disparó Carbajal.

También aseguró que el kirchnerismo “sabe que el sistema de Justicia Penal es más eficiente y no lo quieren. Está muy claro: el sistema acusatorio divide el poder y da más claridad para avanzar por parte de la justicia. Hay sectores del poder que no quieren mayor agilidad”, añadió.

Los Andes intentó comunicarse con la legisladora mendocina por el Frente de Todos, Marisa Uceda, pero prefirió no hablar del tema. Desde su entorno, manifestaron que la comisión Bicameral “se constituyó en 2020, donde figura como vocal, pero en 2022 no ha vuelto a constituirse y no se ha reunido tampoco”.

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