Este miércoles se reiniciará en tribunales federales el megajuicio al juez federal Walter Bento, con un desfile de testigos importantes en el que se destacan numerosos familiares y personas vinculadas al despachante de aduanas asesinado Diego Aliaga.
Entre los testigos ofrecidos por la Fiscalía aparecen Diego Aliaga (hijo) y Gonzalo Aliaga, hermano del empresario. Pero también figura en la lista de personas citadas Flavia Aliaga, hermana del despachante.
A ellos se suman, además, Mónica León, madre de Aliaga. Y otra mujer, llamada Romina Paredes, quien tenía una relación con el despachante y pasó con él una noche antes de que Diego Barrera, la persona acusada por su muerte, lo secuestrara.
Las declaraciones de los familiares y personas ligadas a Aliaga son importantes porque una de las puntas principales de la investigación contra el juez Bento surgió precisamente a partir de la investigación de su muerte, en 2020. Es que la SIM card de su teléfono celular reveló 265 conversaciones entre el empresario y Bento por la red social Telegram, quien aparecía en el directorio de Aliaga como “primo”.
Para el fiscal Dante Vega, Diego Aliaga era uno de los organizadores de la asociación ilícita conducida por el juez Bento y coordinaba el pago de sobornos a cambio de beneficios judiciales, junto a los abogados Jaime Alba y Luciano Ortego.
Uno de los hijos del hombre muerto, Juan Ignacio Aliaga, estuvo imputado por falso testimonio, debido a que rechazó conocer a uno de los supuestos integrantes de la banda, el condenado por narcotráfico Walter Bardinella Donoso, mientras que las pericias del Ministerio Público Fiscal indicaron lo contrario.
Sin embargo, el tribunal le concedió a Juan Ignacio Aliaga la suspensión del juicio a prueba, o probation, porque el delito por el cual había sido acusado es excarcelable y porque los fiscales aspiraban a obtener una nueva declaración suya en calidad de testigo.
Esta situación compromete a “Diego Junior”, quien está citado junto a su tío Gonzalo para declarar este miércoles. Hay quienes consideran que “Diego Junior” y Gonzalo Aliaga podrían aportar datos relevantes, más teniendo en cuenta que el otro hijo de Diego Aliaga (Juan Ignacio) podría cambiar su declaración original en el futuro cuando le toque hablar en el juicio.
La lista para estos tres días de juicio en la sala de audiencias de tribunales federales incluye a más de 20 testigos en total, entre quienes figuran empleados del juzgado de Bento.
Mariela Andía, de la Secretaría C de Bento, es una de las testigos que reviste interés para la Fiscalía porque se considera que tuvo “actuaciones dudosas”. Por ejemplo, las demoras en la búsqueda de Bardinella Donoso cuando se encontraba prófugo.
En este sentido la comisario retirada Marcela Arbona señaló en el juicio que la Secretaría C del Juzgado Federal N° 1, a cargo de Bento, frenó la búsqueda del narcofinancista Bardinella Donoso durante dos años.
Vuelve el defensor principal
Mariano Fragueiro Frías volverá a participar mañana de las audiencias en las que se juzga a Bento. Sucede que en el turno anterior (hay tres audiencias cada 15 días) se ausentó y en su lugar estuvo Gustavo Gazali, el abogado local del juez.
Hace dos semanas, Fragueiro se quedó en Buenos Aires para ponerle el mayor foco posible al otro juicio contra Bento. Se trata del proceso por mal desempeño, que lleva adelante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el cual acaba de finalizar y tiene sentencia prevista para el 8 de noviembre próximo.
Sin embargo, el abogado de Buenos Aires ya comunicó que asistirá a esta tanda de audiencias en Mendoza.
En el juicio penal, Bento está acusado de liderar una banda que cobraba sobornos a cambio beneficios judiciales. Los delitos por los que se lo acusa son asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, abuso de autoridad, prevaricato, falsedad ideológica y desobediencia a órdenes judiciales.
El tribunal que juzga penalmente a Bento es el TOF 2, que está compuesto por las juezas Gretel Diamante, María Carolina Pereira (ambas de San Luis) y Eliana Rattá (de San Juan).
En tanto, el mal desempeño será resuelto por un tribunal político, compuesto por dos jueces, cuatro legisladores nacionales y un abogado.
Si Bento fuera considerado culpable del mal desempeño, sería destituido y perdería los fueros, con lo cual debería quedar preso, ya que tiene varios pedidos de prisión preventiva en la causa penal.
El increíble tironeo del chip del teléfono de Bento
En el juicio también declararán esta semana dos empleados de la empresa Movistar, Roberto Vélez y Emilio Orellano. Ambos han sido citados para que expliquen lo ocurrido con el teléfono celular de Bento, un elemento de prueba importante que el juez eligió no entregar a la Justicia.
La acción, según el expediente, transcurre en mayo de 2021, poco después del allanamiento de la casa de Bento en Palmares. Y revela el tironeo que había con la línea: cada vez que la Justicia la clonaba, el magistrado hacía gestiones para recuperarla.
Los relatos de los empleados en la instrucción de la causa indican que el juez fue a varias sucursales de Movistar en búsqueda de reponer el chip de su teléfono para recuperar el control de su línea. En la primera se lo negaron, pero luego su insistencia dio frutos.
Según el empleado que accedió a dar el duplicado de la tarjeta teléfonica, “un señor” que no dijo que era juez se hizo presente un día en una oficina de Movistar para solicitar “un teléfono y un chip” con el mismo número que tenía. El problema fue que el empleado chequeó que ese número pertenecía “a una chica y abajo decía Poder Judicial”.
Debido a que no era su línea, el empleado se negó en principio a aceptar la solicitud. “Pero ante la insistencia la vi como una persona buena y humilde, me dijo como que no podía estar incomunicado, que tenía que comunicarse con sus hijos”. Conclusión: el empleado le dio el chip solicitado a Bento.
Sin embargo, el juez volvió exactamente una semana después a hablar con el mismo empleado: otra vez quería que le repusieran la tarjeta telefónica. “Mi hijo me rompió el chip”, adujo.
En esta ocasión el empleado se negó porque “no podía hacerle el cambio de chip tan seguido”. Luego consultó con un supervisor y esto terminó de desmoronar la gestión de Bento, ya que “en el sistema aparece un cartel con un mensaje ‘POP’, avisando que no se podía realizar ninguna gestión sobre la línea o bajo el conjunto de líneas sobre esa titularidad”. Un colega de este empleado agregó: “Pienso que uno de los cambios de chip habría sido hecho por pedido de la Justicia”.
Según uno de los relatos, Bento finalmente se retiró sin nada esta segunda vez, aunque acudió a otra sucursal para hacer el mismo intento, que también resultó fallido. El empleado también recuerda que en esos días “en el grupo de WhatsApp de la empresa se advirtió que no se le podía realizar bajo ningún concepto ningún trámite referido a ese número que recuerdo terminaba 0270″.
También señalan los testimonios que gente que hacía cola en alguna de las sucursales de la empresa telefónica a las que acudió el juez (se mencionan tres) avisó quién era el insistente cliente: Walter Bento.
“El mismo sábado 15 googleé en la computadora quién era Bento y advertí que era la misma persona que atendí el 8 de mayo y el mismo 15 de mayo”, remató en la instrucción uno de los testigos.